VALÈNCIA. El próximo año, los vecinos de València pagarán más impuestos después de que el pleno del Ayuntamiento aprobara este martes la nueva tasa de basuras -que han de implementar todos los municipios- y la subida del Impuesto de Obras (ICIO). Todo ello tras un debate que giró sobre la responsabilidad de la aplicación del ya conocido como "basurazo" y la falta de progresividad que, según la oposición, presenta la reforma fiscal del gobierno de María José Catalá.
Así, desde el equipo de gobierno, con la edil María José Ferrer Sansegundo al frente de la concejalía de Hacienda se señaló al Gobierno central, dirigido por Pedro Sánchez como "único responsable" de la nueva tasa de basura y la ley "nefasta" que obliga a los ayuntamientos a implementarla, mientras que tanto Compromís como PSPV trataron de llevar el debate al diseño elaborado por el ejecutivo local, además de criticar la subida del ICIO, la de la tasa Tamer -como consecuencia de la ley de residuos también- y del billete sencillo de la EMT a dos euros.
Sansegundo insistió en recalcar que el gobierno municipal actual acometió una bajada fiscal para 2024 de 70 millones de euros, reduciendo el IBI "al 99% de la población" mientras que el gobierno anterior "se lo subió al 100% de los vecinos de València, tuvieran la renta que tuvieran y el valor catastral que tuvieran" y sin aplicar rebajas pese a "las dos crisis, la del covid y la de la inflación", por lo que acusó a la oposición de olvidarse entonces "de aquellos a los que ahora dicen defender".
Lo cierto, con todo, es que lo que se aprueba este año es una subida fiscal, que la edil de Compromís Eva Coscollá calificó como un síntoma de "afán recaudatorio al que se ha visto abocado el Ayuntamiento por haber renunciado a 70 millones de una rebaja fiscal que ha beneficiado a las familias que más patrimonio tienen". Así, para señalar la falta de progresividad de la reforma, puso como ejemplo a dos hipotéticas vecinas, María y Maruchi.
La primera, de barrio humilde, se habría rebajado 50 euros el IBI pero que con la nueva tasa y las subidas mencionadas, pagaría 290 euros anuales más en total; mientras que la segunda, de barrio acomodado, se habría beneficiado de una bajada de 400 euros en el IBI, por lo que con las mismas subidas en los otros gravámenes, seguiría pagando 80 euros menos que en 2023. "La clavada no la dan a todos por igual: bajaron más el IBI al 5% de la población y ahora toca que el resto pague lo que falta", afeó.
Sansegundo acusó a la oposición de emplear datos no representativos, pues dichas rebajas del IBI se referían a casos extremos, y de "mezclar churras con merinas" al juntar la subida del billete sencillo del bus -dijo que afecta al 7% de usuarios y es para fomentar los bonos-, la subida de la Tamer y la nueva tasa de basuras -de la que responsabilizó al Gobierno central- o la subida del ICIO.
"Dicen que bajan impuestos, pero lo que hoy aprobamos son solo subidas", subrayó el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, quien dijo que el gobierno local "solo armoniza los impuestos que pagan todos los valencianos, pero el impuesto de patrimonio y de sucesiones no lo armonizan". En ese sentido, calculó que entre todas los incrementos, "una familia de cuatro miembros estandar va a pagar 420 euros más al año para que dejen de pagar miles de euros personas que no lo necesitan".
El Ayuntamiento de València subirá el ICIO del 3% al 4%, como adelantó Valencia Plaza, lo que supondrá incrementar un tercio los ingresos. Sobre ello, Sansegundo explicó que es para "armonizarla" con otros lugares como Barcelona -"Collboni la tiene al 4%-, Palma de Mallorca o Las Palmas; así como otros municipios como Madrid o Málaga, que lo tienen fijado en el 3,7% y el 3,8%. Así, cuestión la preocupación de Coscollá por el impacto en el precio de la vivienda previsto en declaraciones a este diario por el sector de la construcción, un sector al que la izquierda, dijo la edil, "lleva tiempo demonizando" y al que "asfixió con el bloqueo de licencias y de desarrollos urbanísticos".
Al respecto, Sanjuán señaló que "el Ayuntamiento recaudará menos por el IBI pero más por el ICIO, y eso quiere decir que los ingresos del Ayuntamiento pasan a depender más de la construcción para cuadrar sus cuentas". Un "modelo", señaló, "en el que además dicen que eso que van a cobrar de más lo quieren dedicar a la Copa América: es la receta de fracaso del PP que ya acabó como acabó".
Pese al debate general, como era de prever, el principal caballo de batalla fue la nueva tasa de residuos, regulada por un artículo de la ley estatal de residuos, a su vez una trasposición de una directiva europea. Sansegundo se esmeró en poner el foco en la ley nacional: "La directiva europea no impone nada de lo que ustedes han aprobado en la norma", insistió en varias ocasiones, y recordó dos enmiendas que los populares presentaron a la ley para que diera 5 años (y no 3) a los ayuntamientos para implementarla, y para eliminar la obligatoriedad de que la tasa fuera "específica, diferenciada y no deficitaria".
Según Sansegundo, estos tres conceptos impedían que los ayuntamientos "puedan asumir al menos en parte la financiación de la tasa" y obliga a "limitar el establecimiento de demasiadas bonificaciones". "Como ha de ser no deficitaria, no hemos de pasarnos mucho para que los tribunales no la tumben", insistió, para afear que la ley es "tan pésima" y como "no hay criterios" claros, "cada ayuntamiento ha de fijar el suyo".
Cabe recordar que, según la ordenanza fiscal que ha salido adelante, la tasa de basuras contempla diferentes tramos para los hogares en función del consumo de agua, que van desde los 39 euros hasta los 273 euros anuales, con bonificaciones como el 30% para familias numerosas y para familias con ingresos inferiores al IPREM, y otras rebajas para usuarios de ecoparques o actividades con sistemas de recogida puerta a puerta.
El edil de Compromís Sergi Campillo recordó que fue el PP "con su mayoría absoluta" el que aprobó la primera tasa de residuos, la tasa Tamer, en 2008 "cuando no era obligatoria", y se centró en el diseño de la tasa, a su juicio "puramente recaudatoria" y que "va en contra de los objetivos medioambientales" porque "una familia que recicle correctamente pagará lo mismo que una que no hace ese esfuerzo; ¿tiene sentido premiar a quienes no hacen el trabajo de separar?".
También criticó la falta de bonificaciones que, según las instrucciones del Ministerio de Hacienda, estarían permitidas como bonificaciones a familias monoparentales, o incrementar hasta el 60% la de familias en riesgo de exclusión social o familias numerosas, y puso de ejemplo a Castellón, donde sí se han aplicado estas medidas.
La línea argumental fue similar a la de Sanjuán, para quien se está "premiando" a quienes no hacen las "cosas bien" y se está "castigando a las personas que generan menos residuos y reciclan". Además, calificó las enmiendas del PP estatal como "un delirio" porque, dijo, si se eliminaran los tres conceptos en cuestión, "¿cómo va a entender la gente que paga quien más contamina, como ha de ser?".
Así, criticó que el gobierno local mintiera al señalar el recibo de 40 euros como el recibo medio, pues dijo que "partiendo de un consumo medio de agua de cuatro personas en una familia, pagará 140 euros". "Podían haber hecho una tasa distinta donde pagarán más las actividades económicas se generan más residuos y han decidido que paguen más las familias sin tener en cuenta si generan más o menos residuos, solamente en el recibo del agua", criticó.
