María, tenemos que hablar de lo nuestro

VALENCIA «Yo pensaba que sería de camarero y mira». Ernesto Llosá (38 años) abrió el primer grow shop — tienda especializada en cánnabis— de Valencia en la calle Tomassos (Ruzafa) hace ahora dieciocho años y en 2015 facturó 17,4 millones de euros vendiendo todos los productos imaginables relacionados con el cultivo y consumo de la marihuana. Empezó comprando por correo lo que necesitaba para plantar en casa. Un día se dio cuenta de que había negocio y con 3.000 euros de inversión inicial y otros tantos en forma de crédito de un proveedor abrió el primer growshop de Valencia. Pronto empezó a abastecer a otras tiendas que iban abriendo, «hasta que me di cuenta de que me estaba convirtiendo en competidor de mis propios clientes», bromea.

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Era el año 2000, en toda España apenas había un centenar de tiendas pero comenzaba el boom. Abrían por todo el país como setas y muchos de estos nuevos negocios recurrían a Hemp Trading, la empresa de Llosá, para ir llenando sus estanterías. Empezó usando como almacén la parte de atrás de su tienda y ahora tiene su sede en Beniparell: cerca de 4.000 metros cuadros repartidos en cinco naves, una de las cuales está destinada a la producción de fertilizantes (Top Crop). Eso y su propia marca de semillas han sido el siguiente paso: ya no sólo distribuye.

¿Y cómo ve el futuro este empresario? «Con optimismo», reconoce con una sonrisa. Motivos no le faltan. No cabe duda de que el mercado de la marihuana está en plena expansión y Hemp Trading es una de las tres distribuidoras más importantes del país. Aunque la naturaleza de su negocio pueda resultar curiosa es un empresario que ha seguido creando empleo pese a la crisis (empezó con cuatro trabajadores y ahora tiene más de medio centenar) y que hace marca España: cerca del 20% de su facturación es en el extranjero.

«Las empresas españolas nos estamos posicionando muy bien en Hispanoamérica», explica con la experiencia que da haber abierto empresas en Argentina y Chile y estar preparando el salto a otros dos países. «En Europa, los productos españoles, sobre todo semillas y fertilizantes, están alcanzando ya a los holandeses y alemanes, y en América están a la par», señala. No sólo porque los productos sean buenos sino, por una vez, porque la idiosincrasia española facilita hacer negocios en unos mercados en los que la mentalidad del norte de Europa es un obstáculo.

Pero el mercado no sólo está en América Latina, también en el arco mediterráneo hay negocio. Hemp Trading compra en China y sus productos llegan a toda Europa meridional. Vende incluso en Rusia, otro de los grandes mercados del siglo XXI, desde donde también recibe pedidos de extractores, focos, semillas, pipas... lo que sea. Si tiene que ver con la marihuana, aquí se distribuye. Y todo es legal: «Se puede plantar para conseguir semilla pero no para vender cogollo. En realidad, lo único que no podemos es vender marihuana, todo lo demás es perfectamente legal», señala.

En España, se avecinan cambios. Durante la crisis, algunos optaron por abrir un bar con el finiquito; otros, un grow shop. Al final, llegó a haber cerca de 1.400 pero muchos fueron cerrando sus puertas. «El mercado está cada vez más maduro y se nota. Ahora el tamaño medio de una tienda es de unos 60 metros cuadrados, frente a los 200 o 300 de otros países, que es hacia donde vamos. Además, el nivel de profesionalización y de especialización está aumentando mucho y muy rápido», apunta sobre un mercado que, calcula, podría estar moviendo unos 500 millones de euros al año en venta al detalle.

En Hemp Trading, la empresa que en ocho años ha multiplicado casi por seis los 3 millones que facturó en 2007, hay motivos para el optimismo. Sólo el último año las ventas crecieron un 25% gracias a que en Holanda el gobierno del liberal Mark Rutte ha decidido acabar con la tradicional tolerancia del país hacia el consumo de marihuana y su industria lo está notando.

La de Llosá es una de las cerca de cien empresas del ramo que han sabido aprovechar esta circunstancia y, de paso, ir más allá: su último movimiento ha sido empezar a trabajar con el Instituto de Conservación y Mejora de la Biodiversidad (Comav) de la Universidad Politécnica de Valencia para entrar en el mercado del cáñamo industrial, producto que se utiliza para hacer ropa, aceites, alimentos para animales, productos cosméticos...

El negocio del ‘click’

Llosá no es el único empresario valenciano que ha destacado en el sector. Jesús Sancho descubrió su afición a la botánica por casualidad. Estaba en la Legión cuando probó por primera vez la marihuana y, con tres socios, abrió en 2001 un portal dedicado a la planta. Lamarihuana.com es la web más antigua y la más visitada en lengua castellana y otro buen indicador de por dónde va a ir el mercado: en 2015 recibió una oferta de un millón de dólares para integrarse en Northsight Capital (con base en Arizona) y que cuenta ya con 11.000 webs. ¿El motivo? El público hispano de EEUU.

Cinco personas se dedican a escribir sobre la planta a partir de las noticias que se publican en todo el mundo y Sancho nunca hace una afirmación sin apoyarse en una información concreta. «Estamos hablando del negocio del siglo XXI, y así lo reconoce hasta Wall Street Journal, que cree que generará un mayor volumen de negocio que el de los smartphones».

Hace ahora un año, la Comisión de Valores de EUU (la SEC) autorizó a Terra Tech a convertirse en la primera empresa que comercializa marihuana terapéutica que pudo registrar acciones y vender deuda. Los expertos insisten en que aún es un mercado muy volátil, más propio de empresas de capital riesgo que de pequeños inversores, pero con un innegable futuro. Ahí está para dar fe el Marihuana Index (MJIC), que sigue a todas las cotizadas del sector.

A partir del seguimiento diario de toda la información que se publica sobre la marihuana, Sancho es de los que piensan que el futuro ya ha empezado y que igual que la prohibición nació en EEUU, de allí llegará el impulso necesario para la normalización del consumo, y no de la liberal Europa como se pensaba. «En noviembre, coincidiendo con las elecciones, se celebrará en California un referéndum para autorizar su uso lúdico. Si gana, se estima que en 2020 podría ser legal en todo el país». En estos momentos, hay 23 estados que permiten el uso medicinal y otros cuatro en los que también está autorizado el recreativo.

Para Sancho «lo que da argumentos a racionalizar el consumo son los datos. En el segundo año de la legalización en Colorado, el estado recaudó 125 millones de dólares en impuestos que se han destinado íntegramente a gastos sociales, lo que explica que el porcentaje de americanos que apoyan la legalización ha pasado de 48% a 52% en menos de un año».

Consumidores en el punto de mira

En España, salvo la venta y el cultivo para este fin, el consumo de marihuana es legal. La afición no distingue entre edades, sexo ni clases sociales y la actitud generales es de tolerancia. Según el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) del pasado mes de noviembre, sólo el 0,4% considera que las drogas (cabe suponer que las ilegales) constituyen uno de los tres primeros problemas del país. Se podría hacer el chiste y preguntarse si ese porcentaje es el de los que se han quedado sin. En principio, parece un buen momento para dar algún paso hacia la normalización.

En España, esa normalización pasa por los clubes de fumadores creados al amparo de la doctrina del «consumo compartido» que se aplica en los casos en que un grupo de amigos pone dinero en común y uno de ellos va a comprar droga. Si le detienen con una cantidad importante y todos los que han participado en la compra lo admiten, se considera que es para autoconsumo y el caso no tiene trascendencia penal.

Javier Pérez es el presidente de la Federación de Asociaciones Canábicas de Levante, que de momento agrupa a cuatro de las aproximadamente 25 asociaciones de este tipo que hay constituidas legalmente en la Comunitat Valenciana y siguen activas. A su vez, su asociación forma parte de la federación nacional (FAC) cuyos miembros aúnan su debilidad por la planta con su activismo a favor de la regulación.

«Una de las ventajas del modelo basado en los clubes frente a otros como el de los coffee shops holandeses es que ya se han dado los primeros pasos y funciona», explica Pérez. De hecho, para formar parte de la FAC hay que asumir un código de buenas conductas que cumple escrupulosamente lo que establece la ley y en algunos puntos va más allá.

Por ejemplo, señala, para ingresar hay que contar con el aval de un socio que certifique que el nuevo miembro ya es fumador para no incitar a nadie y tiene que haber cumplido los 21 años (la edad en la que acaba de formarse el cerebro). La cuota oscila entre los 5 y los 20 euros, «y para los recién llegados hay un período de carencia de entre 40 a 60 días hasta que pueden empezar a retirar sus 2 gramos diarios, el máximo al que tiene derecho», añade. Explica que las asociadas a las FAC producen «bajo demanda y nunca por oferta, por eso los nuevos tienen que esperar a que se cultive su planta para poder llevarse algo». Luego, para evitar problemas, cada uno deja lo suyo en un bote con su nombre y no sale del local.

Y es que aquí es donde empieza el disparate de la persecución a la que somete la Fiscalía Antidroga desde finales de 2014 a estas asociaciones que cada gramo que cultivan es uno que sale del mercado negro. Es cierto que ha habido abusos por parte de otro tipo de asociaciones, ajenas a la Federación, y que tenían un fin claramente comercial. Algunas incluso han forzado demasiado la ley y han llegado a ofrecer la posibilidad de hacerse socio por un día y comprar.

El último ejemplo ocurrió el pasado 15 de enero cuando la Policía Nacional detuvo al presidente de la  asociación Maris, Matías Ll., que tiene más de 2.600  socios. En la antigua discoteca Woody está la sede de esta asociación (legalmente registrada) que nada tiene que ver con otras más modestas, y en las que no hay varias televisiones, videojuegos, extractores de humos industriales ni están decoradas como un local de ocio.

La ley es dura

En todo caso, el fiscal especial antidroga José Ramón Noreña no es hombre de matices. Para él, todo lo que no sea un grupo reducido de amigos fumando en casa de uno de ellos debe ser perseguido. En esa línea, hay que hablar del caso que se ha convertido en un punto de inflexión para las asociaciones: la condena a penas de hasta un año y ocho meses y a multas de 250.000 euros a cuatro miembros de la asociación vasca Pannagh. El pasado 31 de diciembre, cuando se supo que el Tribunal Supremo había aceptado parcialmente el recurso de la Fiscalía contra la sentencia absolutoria de la Audiencia de Vizcaya, #yosoypannagh se convirtió en trending topic en las redes sociales Ahora será el Constitucional el que tenga la última palabra.

Joan Bertomeu y Andreu Moreno forman parte del despacho de abogados Brontsanbert especializados en asuntos relacionados con el consumo de marihuana. Reconocen que la situación legal de las asociaciones cannábicas es complicada y que, tras sentencias como la de Pannagh, «el frente judicial está de momento agotado y el futuro depende del frente legislativo». «La llamada Guerra contra las Drogas ha sido un fracaso en todo el mundo y ha llegado el momento de que la legislación se adapte a la realidad social», insisten.

Un dato. Al convertir a los miembros de las asociaciones en pseudonarcos se ha llegado a la kafkiana situación en la que un no socio puede ser detenido con 300 gramos, alegar autoconsumo y que su caso acabe con un auto de sobreseimiento y archivo o con una sentencia absolutoria (multa administrativa en el peor de los casos). Pero en el caso de un socio, el Tribunal Supremo considera que si alguien sale de una asociación con entre 2 y 20 gramos de maría para consumirla en casa, hay riesgo de difusión de la sustancia, y por tanto, un indicio para condenar a la propia asociación por delito contra la salud pública.

Explican que se ha producido un aumento de sanciones por la llamada Ley Mordaza, que puede suponer hasta 600 euros por llevar un cogollo oculto en el bolsillo. También sanciona por la vía administrativa (con hasta 30.000 euros) al dueño de toda plantación que no siendo delito se encuentre a la vista. «Es un cambio importante si sumamos el de la fiscalía y el legislativo, porque hasta 2013 había más de treinta sentencias de audiencias provinciales y juzgados de lo penal favorables a los clubes y en algún caso con devolución de las plantas», añaden. El único paso que queda es un cambio legal y en el mundo de los consumidores hay cierto optimismo.

El debate político que no llega

Salvo el PP que se opone, y el PSOE a quien nadie se imagina situándose en contra, la mayoría de partidos está a favor de apostar por la normalización: Podemos, Ciudadanos, ERC, Coalición Canaria, PNV, CDC. Compromís... Para nadie es prioritario —y menos hasta que no se constituya un nuevo gobierno—, pero «algún día habrá que hablarlo», asegura Alexis Marí, «porque los políticos estamos para hablar de lo que preocupa a los ciudadanos». El diputado de C’s en Les Corts lo tiene claro: hace falta que las leyes reflejen lo que ya es normal en la calle.

Marí aborda el tema con total naturalidad y la experiencia que dan diez años como Guardia Civil, cinco de ellos adscrito a la unidad de Información e Investigación. También es de los que cree que «cada gramo de autocultivo es uno menos para el mercado negro». Cree que en esta legislatura —si algún día empieza— podría abordarse el asunto sin mayores traumas.

«Para mí, no es tan importante el modelo final como la base sobre la que debe hacerse», apunta. «Lo primero, la formación a todos los niveles; lo segundo, la colaboración de todas las instituciones y de todas las administraciones. Por supuesto, poniendo siempre el acento en la prevención», enumera. Tampoco cree que mayor tolerancia se vaya a traducir en más consumo. «Ahora fuma todo el que quiere pero, como ocurrió con el tabaco, podemos conseguir reducir el consumo mediante campañas de formación y poniendo al alcance de los usuarios tratamientos para dejarlo».

El debate está en la calle y conseguir que llegue a la política es el objetivo de la Plataforma para la Regulación Responsable que este año lanzará una campaña nacional. Mientras, Alicante podría convertirse en la primera ciudad de la Comunitat que regule los clubs de fumadores a nivel local. Lo que está claro es que algún día habrá que abordar el tema sin miedo.

(Este artículo se publicó originalmente en el número de febrero de Plaza)