Loriguilla ha puesto en entredicho la disciplina de partido y ha sentado un precedente, al hacer los concejales lo contrario que les ordenaban PP y PSPV. Ha vuelto todo más impredecible
VALÈNCIA. La moción de censura de Loriguilla ha dejado un regusto desagradable en los tres partidos implicados. Ciudadanos, el perdedor obvio, se ha quedado sin una de sus siete alcaldías en la provincia. De nada le ha valido recurrir la medida ante tres juzgados diferentes más allá de alargar la consumación de la derrota unos días.
No obstante, ni PSPV ni PP, las otras dos formaciones afectadas, han ganado. Les ha sucedido más bien lo contrario, ya que han visto cómo los concejales de ambas formaciones (dos en el caso de los socialistas y tres en el de los populares) hacían caso omiso de la consigna de no pactar y preferían renunciar a su militancia para sellar el acuerdo.
A partir de ahí han configurado un inusual gobierno compuesto única y exclusivamente por ediles no adscritos. El caso lo andan estudiando con detenimiento abogados vinculados a los diferentes partidos por el precedente que supone.
En cualquier, lo sucedido ha dejado sin afán de más experiencias similares a los tres partidos implicados, que son los mismos que también protagonizaron la anterior moción de censura que se ha producido en la provincia de Valencia. En concreto se trata de la sustanciada en Rocafort, donde Ciudadanos cambió de socio y pasó de apoyar al PP a destituir al alcalde de esa formación, Agustín Aliaga, para entregar la vara de mando al socialista Rafael Ferrando.
Esto ocurrió hace un trimestre. Si nos retrotraemos en el tiempo un año, sucedió algo similar en Godelleta en lo que respecta a que Cs inclinó la balanza de la alcaldía hacia las filas socialistas después de formar parte del equipo de gobierno con el PP. En este caso el edil fue expulsado de la formación naranja, circunstancia que no acaeció con los concejales de Rocafort. Bien es cierto que mientras en Godelleta la moción con el PSPV incluía la firma de Compromís, en el caso de Rocafort no lo hacía.
De cualquier modo, el nexo común de las citadas mociones de censura consiste en que afecta a tres formaciones concretas: PSPV, PP y Ciudadanos. Los pactos entre socialistas y compromisarios, que tienen el beneplácito de sus direcciones nacionales y responden a las líneas trazadas por el Botànic, no sufren esos altibajos salvo excepciones contadas como la de Massalfassar, en 2020. En aquel entonces el único edil socialista, aunque su voto no resultaba necesario, respaldó una moción de censura de PP, Cs y un independiente contra el alcalde de Compromís.
Otra excepción que traspasa la regla, esta en lo que se refiere a pactos desde el principio de mandato, la constituye Sueca, donde gobierna el socialista Dimas Vázquez con apoyo, firmado ante notario, de PP y Cs. Todo para evitar que la alcaldía recayera en la actual consellera de Educación y Cultura, Raquel Tamarit. Entonces, en 2019, el PSPV amenazó a su primer edil y al resto de concejales con una expulsión que nunca ha llegado a consumar.
La pregunta que surge a once meses de las elecciones locales de mayo de 2023 resulta obvia: ¿habrá más mociones de censura? PP y Ciudadanos comparten gobierno, por ejemplo, en Puzol, Bétera, Vilamarxant o Beniflá; mientras que el partido que preside Inés Arrimadas y la formación que lidera Ximo Puig cohabitan al frente de plenos de ayuntamientos como los de Torrent, Xàtiva, Alcàsser, Tavernes Blanques o el citado de Sueca.
"Los pactos llegarán hasta el final de legislatura. E incluso esperamos que más allá", afirman con bastante convicción desde el dirección del PSPV. Coinciden plenamente en este punto con sus antagonistas del PP. "En principio no esperamos más mociones de censura ni ruptura de acuerdos", indican desde la formación que lidera Vicent Mompó en la provincia de Valencia, que no pierde ojo de lo sucedido en Campello, donde el alcalde del Partido Popular destituyó de sus áreas a los ediles de Ciudadanos.
Desde esta última formación tampoco esperan cambios en los municipios en los que participan como socios necesarios para aupar a alcaldes socialistas o populares. Tampoco en Vilamarxant, donde custodian la vara de mando tras una alternancia con el PP, al igual que ocurre en Massalfassar o en Barx.
De cualquier modo, las decisiones personales, como en el caso de Loriguilla, pueden destrozar los pronósticos. En Rótova, por ejemplo, se vive una situación de elevada tensión con dos ex ediles de Compromís y ahora no adscritos votando habitualmente junto a los cuatro del PP en contra de las propuestas que presenta el alcalde compromisario, Jordi Puig, que gobierno con únicamente tres munícipes sobre una corporación de nueve.
En general, uno de los factores que podría desencadenar cambios en el actual status quo sería la marcha de ediles de Ciudadanos a grupos de no adscritos o incluso su cambio de militancia, por ejemplo al PP. No obstante, desde esta última formación insisten en advertir que “ya pasó la época en que nos interesaba fichar a cargos de Ciudadanos. Ahora ya no aporta esa marca”.
En cualquier caso, dejan abierta la incorporación para los alcaldes naranjas, de los que quedan seis en la provincia. Mientras tanto, y aunque los principales partidos afectados confían en que no haya más cambios, todavía restan once meses hasta los comicios de mayo de 2023. Tiempo suficiente para que se produzcan imprevistos en los planes trazados.