VALÈNCIA. La manera en la que la Generalitat va a encajar los Presupuestos de 2024 es uno de los grandes interrogantes de estos primeros meses de gestión del Gobierno compartido por el PP y Vox. Se trata de la ley más importante del año y en este momento todas las consellerias se encuentran estudiando de qué forma ajustar sus respectivas partidas. El mayor problema –realmente se trata del habitual, pero este año se complica– es cuadrar los ingresos y los gastos. 

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha asegurado hasta el momento que no habrá partidas ficticias de ingresos. Sin embarto, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, abría la puerta este domingo a que haya una partida de 900 millones que el Consell reivindicará ante el Gobierno central, como ya hizo Ximo Puig, pero que el Ejecutivo de Sánchez nunca ha contemplado. 

Durante las dos últimas legislaturas, los partidos del Botànic –PSPV, Compromís y Unides Podem– han incluido las llamadas "partidas reivindicativas". La principal consistía en los 1.336 millones para compensar la infrafinanciación autonómica por el retraso en la reforma del sistema. A ellos se añadieron en otras ocasiones –como sucedió en 2022– 1.000 millones de euros en ingresos no garantizados basados en los fondos extraordinarios del Estado para paliar la crisis de la covid, que se habían transferido en 2020 y 2021 pero que el Gobierno anunció que no llegarían en 2022. Y que no llegaron. 

En 2023, aunque estos fondos extraordinarios ya no figuraban en el presupuesto, el Consell acabó incluyendo 800 millones por una deuda que le reclama al Gobierno central por la atención sanitaria a pacientes desplazados, el conocido como Fondo de Garantía Asistencial (Foga), que está pendiente de pago desde hace años. No obstante, el Gobierno de Sánchez solo reconoce una deuda de 80 millones, una décima parte de lo que reclamaba Ximo Puig. 

El Botànic incrementó progresivamente esta partida en sus Presupuestos. En 2018 la cuantificó en 253 millones y, posteriormente, a partir de 2019, llegó hasta los 644 millones porque sumó lo que calificó como "Foga histórico". En las cuentas de 2023 se incrementó todavía más y llegó hasta los 800 millones.  

Ni los 1.336 millones ni los 800 han figurado hasta la fecha en los Presupuestos Generales del Estado porque el Gobierno central no tiene ninguna intención de transferirlos, de manera que se trata de ingresos no previstos ni, mucho menos, asegurados. El gobierno del Botànic lo enmarcaba todo en partidas "reivindicativas", que la derecha ha criticado desde la oposición a lo largo de los últimos ocho años por tratarse de dinero que nunca acaba llegando y que sirve, en primer lugar, para cuadrar el presupuesto sin reducir gastos y, después, para elevar el gasto hasta alcanzar un déficit que ni un sistema de financiación autonómica justo habría arreglado.