CASTELLÓ. 250.000 euros por la compra de la unidad productiva y 3 millones de inversión en tres años. Esta es la oferta sobre el papel que el fondo de inversión madrileño C2 Private Capital ha presentado por hacerse con las riendas de Marie Claire. El presidente del Consell, Carlos Mazón, la ha considerado este viernes como "insuficiente" "por la excelencia que quieren para la empresa" y ha destacado que el Institut Valenciá de Finances, que acumula el 62 % del total de la deuda, "esta trabajando" para buscar una solución. No en vano, el IVF tiene la llave en la compraventa ya que, además de ser el principal acreedor, es poseedor de parte de la maquinaria de la textil como aval de los créditos concedidos.
El inventario de bienes de Marie Claire, que integra la documentación del concurso de acreedores, revela que el IVF y el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) son dueños de equipos de la fábrica, que fueron empeñados a ambas administraciones para conceder liquidez a la firma. Así, el informe indica "que una parte importante de la maquinaria se encuentra pignorada a favor del Institut Valencià de Finances y el Fondo de Garantía Salarial".
En el caso del IVF, por conceder líneas crediticias, mientras en el segundo, por el pago de indemnizaciones en trabajadores despedidos.
El acuerdo con los acreedores es fundamental para que el jugado de lo mercantil que tramita el concurso de acreedores valide la compra por parte del fondo de inversión, y esta circunstancia tiene todavía más relevancia por la vinculación de la maquinaria con el IVF y el Fogasa. La empresa recuperaría la maquinaria si devolviera la financiación prestada, y si no está en condiciones de devolverla, estos bienes seguirían en poder de las dos entidades.
El IVF concentra el 62 % del endeudamiento que arrastra la fábrica con 24 millones de 38. Estos 24 corresponden a cuatro operaciones impulsadas de 2019 a 2022. 10 millones tienen calificación en el concurso de acreedores de crédito ordinario, que es considerada como deuda financiera , mientras 14 millones son subordinados al señalarse que son préstamos participativos. Esta última categoría engloba los últimos en cobrarse.
Por su parte, la compañía debe al Fogasa 1,3 millones, un importe que tiene consideración de privilegio general, es decir, es una de las cantidades prioritarias en devolverse.
El presidente del Consell, Carlos Mazón, ha afirmado, durante la presentación del protocolo de aguas de Castellón, que desde el IVF "están trabajando y dialogando" en el marco del concurso de acreedores y que espera poder concretar algo más en próximas fechas. "Hoy todavía es pronto", ha afirmado Mazón, que ha admitido que de momento la oferta del fondo de inversión es "insuficiente". "No pierdo la esperanza en el futuro de Marie Claire", ha concluido.
De sus palabras se desprende que el IVF, dependiente de la Conselleria de Hacienda, negocia con los inversores para que mejoren su propuesta en una doble dirección; en primer lugar, para que ofrezcan más garantías en la recuperación del crédito concedido, ya que el fondo solo quiere asumir, según fuentes conocedores de la operación, 1,5 millones de los 38 millones de endeudamiento, que se dirigirían a pagar a los proveedores estratégicos. En segundo lugar, que la propuesta económica del comprador asegure la viabilidad de la textil.
Según fuentes del entorno de Marie Claire, la empresa propone en la operación una inversión de 3 millones en un periodo de 3 años para adecuar la fábrica y reforzar su actividad, aunque este dinero también parece que se destinaría, añaden, al pago de la deuda.
El IVF y Fogasa podrían aceptar la operación sin cobrar todo lo que se les debe y continuarían teniendo en su poder parte de la maquinaría.
El administrador en su propuesta primigenia remarcaba que para la puesta en marcha de Marie Claire, además de la entrada de un inversión, era necesario el acuerdo con el IVF y el Fogasa y la inyección de una línea de circulante de 2 millones de euros.
La operación ya cuenta con el visto bueno de los trabajadores, que han decidido ampliar tres meses su ERTE con la esperanza de cerrar la operación. Ahora falta la valoración del administrador concursal y acreedores. El juzgado de lo mercantil ha abierto un plazo hasta el 8 de abril para que se puedan presentar otras ofertas que mejoren la anterior. A partir de ahí, en torno al 10 del mismo mes habrá una resolución definitiva.