Mecenazgo cultural. España no es (hoy) país para ello

VALÈNCIA. Hace unos años me contó el, hasta el hasta hace poco director titular de la Orquesta de València, el israelí Yaron Traub, dos ejemplos que denotan claramente cuál es la relación entre mecenas y administración en España. En una de ellas el dueño de un conocido concesionario de automóviles de la ciudad, a la par que melómano, propuso a la dirección del auditorio entregar una cantidad a modo de patrocinio con el fin de que viniera a tocar al Palau de la Música de València una reputada orquesta. Lo único que pidió a cambio es que le dejaran exhibir, la tarde del concierto, en el hall del edificio, un par de vehículos de la marca que comercializaba. La segunda nos habla de un matrimonio de aficionados norteamericanos, abonados, a la par, del Palau de la Música y de la Orquesta Filarmónica de Nueva York. Por su afición y obvia capacidad económica para ello, estaban dispuestos a patrocinar a nuestra orquesta aportando una cantidad, como hacían con la formación neoyorquina. Ambas historias acaban de igual forma: en nada. Nunca pudieron llevarse a cabo, alegando el Palau, posiblemente con razón, que no existían mecanismos legales que permitieran dar forma a esta clase de aventuras concretas de mecenazgo. A estas dos historias locales, Traub, añadió un hecho que conoció en sus años que estuvo en la Sinfónica de Chicago como director asistente: poco antes de comenzar cada temporada se contrataba a un nutrido grupo de jóvenes que se dedicaban a llamar por teléfono a habituales o potenciales patrocinadores, tanto personas físicas como empresas, para animarles a que se comprometieran económicamente con la gran orquesta de Illinois. En este sentido, es frecuente ver como los programas de mano de los conciertos de estas grandes formaciones americanas, suelen estar adornados con la relación de músicos de la orquesta, y junto a los principales atriles de cada familia aparece el nombre de una señora, un señor o el de ambos. La razón estriba en que los mentados sufragan la totalidad o parte del sueldo de dicho músico o bien le ceden un instrumento de un valor estratosférico. Estados Unidos es posiblemente el país con más formaciones orquestales del mundo, pero prácticamente la totalidad de estas son entidades privadas. Se las pagan sus abonados, clientes y mecenas.

El estado de cosas, basado en dos modelos, es sencillo de explicar: existen países en los que el estado delega y confía en los particulares y las empresas el fomento, conservación, y en definitiva a la empresa o sector cultural y otros que no se fían de las bondades de este sistema y a los hechos me remito (nosotros nos hallamos en este segundo grupo). Nuestro país vive en un contrasentido: la administración no fomenta activamente la intervención privada en la cultura, pero a su vez tampoco contempla la cultura como una de sus prioridades, con lo que el sector cultural se convierte en la hermanita pobre de esta historia. La administración actúa, así, como el Perro del Hortelano.  En nuestro entorno europeo y en el ámbito anglosajón, lo público se encarga de proveer de lo básico, es decir, mantenimiento del patrimonio del estado, buena parte de la educación, promoción dentro y fuera de sus fronteras del patrimonio artístico y poco más, siendo terceros agentes los que lleven al cabo el resto de propósitos culturales del país. En España este cambio de paradigma de entender la cultura, como sector estratégico y productivo, no ha llegado (y seguimos esperando), por mucho que nos lo pretendan vender con retoques fiscales o maquillaje de diversa índole absolutamente insuficiente. Los incentivos y las facilidades burocráticas para que el sector privado invierta en cultura son anecdóticos.

Llama la atención, por ello, que se hable de armonización fiscal y cultural en Europa, y sin embargo en el entorno los regímenes fiscales favorezcan la aportación al sistema cultural por parte de entidades, o a través de la deducibilidad de donaciones en porcentajes muy superiores a los que prevé actualmente nuestra normativa. La homogenización de la normativa debe tender a ir implantando en España medidas que favorezcan la figura del mecenazgo, entendiéndolo como una forma de participación de la ciudadanía, en definitiva, la sociedad civil, en la conservación y creación de su patrimonio cultural.

Hoy en día España no es país de mecenas, y la razón principal creo que ya está explicada. La implicación en lo cultural se centra en casos esporádicos de grandes corporaciones bancarias, de telecomunicaciones o energéicas o de las más importantes fortunas individuales del país. Ello repercute en un sector cultural y en todos sus agentes: artistas, conservadores, gestores culturales, e industria que de forma indirecta participa en este, en un país cuyo Producto Interior Bruto debería estar nutrido en un porcentaje sensiblemente más alto por el sector cultural. 

Es de sobras conocida la poca capacidad de nuestros gobernantes para tomar decisiones arriesgadas, sobretodo, si estas implican de alguna forma una suerte de cambio de modelo. Los sucesivos gobiernos han protagonizado sucesivas decepciones. A grandes rasgos parece que falta el coraje de ceder parte de su inversión a terceros a cambio de un tratamiento fiscal favorable a ello. Desde hace un tiempo empecé a perder la fe en que ello suceda algún día y he acabado convenciéndome de que ya no se debe tanto a cuestiones de índole económica-que también- sino al temor que supone que parte de la cultura esté en manos de quienes no manejan los resortes del estado.

Es urgente cambiar el chip con medidas de carácter tributario a través de una revisión del régimen fiscal de las entidades que no tienen fines lucrativos, ha de promoverse el reconocimiento público del altruismo cultural y de la condición de mecenas. Se habló en su momento (primer gobierno de Mariano Rajoy)- como también se olvidó- de la creación de un Consejo Estatal del mecenazgo, con el fin de orientar y asesorar a los donantes y entidades. Asimismo, se precisan medidas que incentiven el protagonismo de la ciudadanía, como el fomento de la participación en la programación cultural, el establecimiento de un plan de captación de recursos que promocionen el apoyo económico de la sociedad civil y la empresa a las artes escénicas y la actualización de las formas de financiación de nuestro sector audiovisual. Paciencia, mucha paciencia.