Los sindicatos no han logrado cerrar con la Generalitat el acuerdo de recolocación, que garantizaría su asignación en otro centro. La polémica amenaza con truncar la relación entre los sindicatos y la Administración
VALENCIA. Las aulas, las pizarras y los pupitres donde se impartirán las clases del año que viene ya están asignados, pero no así las plazas de los profesores. La Conselleria de Educación anunció el pasado jueves el arreglo escolar para el curso 2016/2017, que contempla la apertura de 404 aulas. Pero mientras las escuelas públicas prevén la apertura de 496 aulas y el cierre de 81, los concertados incorporarán 20 aulas y cerrarán 31, lo que supone una diferencia negativa de 11 en el último caso. Un sector en el que, además, los profesores no gozan de una plaza garantizada y podrían perder su puesto de trabajo.
Hay 160 miembros de la pública y 62 de la concertada afectados, pero el segundo caso es más preocupante
Según los cálculos de los sindicatos, cada unidad eliminada supone dos profesores menos trabajando, por lo que hay 160 miembros de la pública y 62 de la concertada afectados. “En el primer caso, supone un problema, pero se puede subsanar recolocando a los docentes”, explican desde Fete-UGT. No obstante, precisan que es mucho más complicado en el caso de la concertada, “donde se trata de un despido objetivo y la situación puede llegar a ser dramática. Se van a la calle si el centro no les da otra opción o sufren reducciones de jornada y sueldo”. Mientras, se crean otra veintena de puestos nuevos que podrían ser cubiertos por los trabajadores salientes.
Es por ello que los sindicatos llevan varios meses clamando por la aprobación de un Acuerdo de Recolocación del Profesorado de Centros Concertados, similar al que se firmó en Madrid y ya tuvo la Comunitat Valenciana en los años 90. Fue revocado posteriormente a raíz de una sentencia particular y, pese a la insistencia de los sectores profesionales, la pasada Administración no quiso ni volver a oír a hablar del tema. Los sindicatos habían retomado las conversaciones con el nuevo Gobierno para dar vigencia al documento, según el cual los centros concertados se comprometen a recolocar al profesorado sobrante o le ofrecen la opción de una indemnización incentivada.
Aunque el secretario autonómico de Educación, Miguel Soler, prometió estudiarlo, todavía no se sabe nada. “Llevamos nueve meses reclamando la necesidad de esta regulación sin que nos hagan caso”, expresa Lola Navarro, portavoz de la sección de concertada de Stepv. “Ahora se convierte en un tema urgente, porque ya hay profesores afectados y tenemos que darles opciones”, asegura. Ella misma ha presentado otra entrada de registro en Conselleria para reactivar el tema, solicitud que se suma a las múltiples anteriores por parte de los sindicatos. No descartan, incluso, convocar movilizaciones si esta semana no reciben respuesta por parte de la Generalitat.
La Conselleria de Educación no ha tenido reparo en anunciar la distribución de aulas para el próximo curso sin contar con la complacencia de los sindicatos. Desde las organizaciones profesionales han elevado la voz, no solo por no haber sido informados de los datos de centros concertados, sino por el modo que ha tenido la Generalitat de hacerlos públicos. “Mientras el conseller Vicent Marzà estaba reunido con los medios de comunicación en una sala, los sindicatos estábamos en una habitación contigua sin tener conocimiento de ello. Incluso llegamos a preguntar por el arreglo y nos dijeron que no se sabía nada, cuando el anuncio se producía simultáneamente”, denuncian desde Stepv.
En el arreglo escolar presentado por la Conselleria de Educación para el próximo curso se regulan de forma conjunta la educación pública y concertada, una reclamación que los sectores implicados llevaban tiempo demandado. Sin embargo, mientras los datos de la primera habían sido comentados, los de la segunda eran totalmente desconocidos. “Estamos sorprendidos, no nos lo esperábamos. En algunos centros podían intuirse cierres por distintos motivos, pero poco más. Un día después aún estamos esperando el borrador”, indica Juan Ramón Paredes, de la rama de concertada de Fete-UGT.
El portavoz de la organización considera que esta situación puede truncar la relación con la Administración. “El anterior Gobierno ya ni siquiera nos recibía, apenas hubo un par de charlas, pero por lo general nos ninguneaban”, rememora. “Con este nuevo gabinete habíamos empezado bien, nos han convocado ya siete u ocho veces por distintas cuestiones, incluso se han hecho cargo de deudas de trienios con la concertada. Lo que ha sucedido ahora nos deja descolocados”, concluye.
