El acceso al recinto del clúster agroalimentario de Mercalicante.ALICANTE. Mercalicante persiste en su propósito de crecimiento antes, incluso, de que pueda cerrarse la operación de compra de tres nuevas parcelas con las que trata de canalizar su expansión en los bordes de su recinto actual. Lo hace con la promoción de cuatro convocatorias con las que trata de encontrar inquilinos para cuatro espacios distintos que han quedado disponibles o van a estarlo en los primeros meses de 2025.
Se trata de tres naves y de un solar libre, con distintas características, concursados entre septiembre y octubre de este año con márgenes abiertos a partir de un importe mínimo particular para cada caso establecido por Mercalicante para que sea cada licitador interesado en asumir su ocupación el que pudiese plantear su propia propuesta económica con importes al alza. Así, debían plantear un precio en concepto de canon anual para disponer del uso de esos espacios, que se actualizará de forma periódica, en función del Índice de Precios de Alquiler de Oficinas, a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Al margen del pago del canon, las cuatro convocatorias establecen como condición obligatoria que cualquier empresa atraída en disponer de dichos espacios quedará ligada a un compromiso de permanencia por una duración mínima de tres años, que podrá ampliarse en sucesivas prórrogas anuales a conveniencia del arrendatario y de Mercalicante, en función del acuerdo que llegue a plasmarse en el futuro contrato de arrendamiento. Eso sí, como en el caso del precio del alquiler, cada licitación cuenta con sus propias condiciones particulares.
¿De qué espacios se trata en concreto? La primera de las naves objeto de concurso es la identificada como Nave ZAC V 10, situada en la unidad alimentaria del clúster, que cuenta con una superficie de 380 metros cuadrados, dos cámaras y dos muelles de carga contiguos. Salió a licitación con un precio de adjudicación mínimo de 10.434 euros a fondo perdido y una renta mínima mensual inicial de 1.739 euros. En este caso, el arrendamiento deberá prolongarse durante 10 años, con una prórroga de un año por cada 15.000 euros de inversión en las instalaciones, hasta un máximo de cinco años.
La segunda nave para la que se busca inquilino dispone de un tamaño mayor. Se trata de la Nave ZAC II A, de 2.025 metros cuadrados construidos, que cuenta con hasta ocho muelles de carga. En este caso, el importe mínimo de adjudicación establecido es de 24.528 euros y se requiere de una renta mensual mínima de 8.176 euros. La duración mínima del contrato también es de 10 años, a partir de enero de 2025.
El tercer espacio es la Nave ZAC II B, de 1.005 metros cuadrados construidos, con la particularidad de disponer de hasta once muelles de carga y cámaras de congelado y de refrigerado. Su precio de adjudicación mínimo es de 23.027 euros con una renta mensual de 5.117 euros, también por un periodo de diez años.
Y, por último (entre otros procesos de licitación de módulos menores), Mercalicante también busca arrendatario para un solar libre 2.050 metros cuadrados que linda con carretera de Madrid, con una parcela industrial independiente de Mercalicante y con dos viales del recinto del clúster, en el que puede desarrollarse cualquier edificación ligada al sector de la alimentación, o actividades y/o servicios que sean complementarios para las empresas que operan en Mercalicante, aunque se prohíbe expresamente la venta directa de frutas y hortalizas frescas, por ser materia reservada al Mercado Mayorista de la Unidad Alimentaria.
En este caso, su precio de adjudicación es superior al previsto para el resto de convocatorias: 31.020 euros a fondo perdido, además de una renta mínima mensual inicial de 2.460 euros. Y también es mayor la duración del contrato hasta alcanzar los 20 años. A partir de entonces, el derecho de superficie revertirá en Mercalicante, así como la titularidad de la edificación que se hubiese situado sobre la parcela.
Los técnicos de Mercalicante son los encargados de evaluar la mejor oferta, en un proceso que ya está en curso, para resolver su adjudicación en el caso de que las ofertas que hayan podido registrarse cumplan las condiciones requeridas. Todo mientras se promueve la adquisición de los terrenos anexos al actual recinto del clúster para ganar superficie que ofertar a empresas interesadas en posicionarse entre sus límites, en una operación concertada entre sus dos socios: el Ayuntamiento de Alicante y Mercasa.
El Ayuntamiento ya ha formalizado los trámites administrativos necesarios para proveer su aportación económica en esa adquisición: 1,9 millones reflejados en la tercera modificación de créditos del presupuesto de 2024, ahora en su última fase de exposición al público. Y, según fuentes consultadas, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), adscrita al Ministerio de Hacienda, también debía dar validez a la consignación restante que le corresponde asumir a Mercasa este mes de noviembre. A partir de ahí, todo parece indicar que la compra del suelo podría cerrarse ya en 2025 con el fin de procurar la llegada de nuevas empresas junto al centenar que ya tienen presencia en sus instalaciones actuales.
Entre tanto, el equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), también trata de impulsar mejoras en las infraestructuras del clúster alimentario con el estudio del proceso particular que resultaría necesario para que pudiese constituirse como Entidad de Gestión y Modernización (EGM) como la que se acaba de crear entre los propietarios de suelo del área del Llano del Espartal comprendida sobre el borde oeste de la carretera de Ocaña, bajo la denominación de Ocaña Avanza: la cuarta EGM de la ciudad.
Ese paso permitiría que Mercalicante optase a la concesión de subvenciones de la Generalitat de mayor cuantía, a través del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (Ivace), para la ejecución de proyectos de renovación urbanística y de provisión de nuevos servicios. Con todo, según fuentes municipales, la constitución de esa EGM específica para el clúster resulta compleja en la medida en que no existirían precedentes sobre la constitución de una entidad integrada al 100% por administraciones públicas.
