El Partido Popular también pide que se investigue lo sucedido pero se muestra más cauteloso a la espera demás información
VALÈNCIA. Tras conocerse la estafa que ha sufrido el Ayuntamiento de Algemesí por valor de 135.400 euros después de ingresar en una cuenta fraudulenta una mensualidad del servicio de recogida de basuras y limpieza vial, los grupos de la oposición piden más explicaciones. Mientras, la alcaldesa socialista, Marta Trenzano, ha informado a los portavoces de la oposición y ha anunciado que les facilitará toda la documentación que tienen.
Més Compromís que cuenta con tres concejales en el consistorio, asegura que está a la espera revisar la documentación aportada por la primera edil y que pedirá una comisión de investigación, así como "las responsabilidades políticas que consideremos", ha explicado su portavoz, Lorena Calatayud.
En cambio, el principal grupo de la oposición, el Partido Popular, que cuenta con seis ediles en el ayuntamiento, se muestra más prudente. "Vamos a pedir que se investigue, pero queremos ser cautelosos para ver primero dónde se ha fallado, quien es el responsable político, ver si se podría haber evitado y dirimir responsabilidades en caso de que sea necesario", ha señalado su portavoz, Jose Javier Sanchis. "Desconocemos el fondo de la cuestión, pero estamos vigilantes para ver qué ha fallado y cómo se puede solucionar para futuros casos similares", sostiene.
Desde el consistorio se encuentran a la espera de que se resuelva la denuncia formulada por la propia alcaldesa y el primer teniente de alcaldía, Pere Blanco, con el fin de esclarecer los hechos e intentar atrapar a los estafadores, así como se ha solicitado la retrocesión de la transferencia para intentar recuperar el dinero. La adjudicataria ha anunciado también que interpondrá una denuncia por suplantación de identidad. "Estamos a la espera de ver cómo evoluciona el procedimiento judicial, pero sobre todo esperamos que, independientemente de cuál haya sido el fallo, se pueda retornar el dinero que le han estafado a los ciudadanos de Algemesí", señala Sanchis.
Cabe recordar que, según ha explicado el consistorio, los delincuentes presuntamente falsificaron documentos y certificados bancarios para suplantar a la empresa proveedora y a una entidad financiera ante el departamento de intervención municipal. De hecho, fue la propia empresa Tetma quien confirmó que nunca ha sido titular de la cuenta en la que se ingresó la factura correspondiente al pasado mes de diciembre. "Estamos hablando de un caso similar al de la EMT en Valencia", recuerda el portavoz del PP, "ante esto las administraciones deberían ser más exigentes, y habrá que reforzar esos seguimientos de control e incluso exigir unas medidas más estrictas".
"Es un hecho lamentable, pero creo que le podría haber ocurrido a cualquier persona", argumenta la alcaldesa. "El ayuntamiento ha actuado correctamente en todo momento, primero pidiendo la certificación de la cuenta bancaria por parte de la funcionaria, y después, poniendo la denuncia e iniciando el protocolo para intentar averiguar cuál es la fuente de este fraude", asegura.
El consistorio adjudicó el servicio de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria en noviembre de 2019 por un periodo de diez años a la empresa Tetma, quien emitió la factura correspondiente al primer mes de servicio el pasado 31 de marzo. Sin embargo, el día 23 de abril, el departamento de intervención del Ayuntamiento recibió un correo electrónico que pedía el ingreso de los pagos relativos al contrato del servicio de recogida de basuras en una nueva cuenta.
Tal como ha explicado Trenzano, la funcionaria de intervención reclamó al emisor del correo electrónico un certificado de la empresa y otro del banco que acreditaran el cambio. "Le respondieron con dos certificados aparentemente válidos y se inició el protocolo para cambiar la cuenta", defiende la primera edil. De este modo, el ayuntamiento abonó la factura el 30 de abril en la cuenta fraudulenta. La estafa se destapó el lunes día 3 de agosto, cuando Tetma reclamó el pago de la factura y el consistorio le remitió los datos correspondientes al ingreso en cuestión. Fue entonces cuando la empresa aseguró que no era titular de la cuenta ni de las direcciones de correo.