Foto: JESÚS HELLÍN/EPVALÈNCIA (EFE). Los ministros de Empleo de la Unión Europea (UE) intentarán una vez más este lunes aprobar la directiva que pretende mejorar las condiciones laborales en plataformas digitales como Uber y reducir el número de falsos autónomos en esas empresas.
Lo harán en una reunión en Bruselas, después de que los embajadores de los Estados miembros ante la UE no hayan podido lograr en dos ocasiones previas una mayoría suficiente a favor del texto pactado con la Eurocámara.
Para aprobar la mayoría de leyes de la UE, los países y el Parlamento Europeo, colegisladores del club comunitario, negocian hasta lograr un acuerdo provisional sobre las normas.
En esas conversaciones, a los países los representa el Estado que cada semestre ocupa de forma temporal la presidencia del Consejo de la UE.
Sin embargo, los acuerdos provisionales tienen que ser después confirmados por la Eurocámara y por el conjunto de los países.
En el caso de la directiva de plataformas, los embajadores de los Estados miembros ante la UE han rechazado ya dos pactos provisionales.
El primer acuerdo, cerrado durante la presidencia española, fijaba una lista de cinco criterios y, si se cumplían al menos dos de ellos, se consideraba que el trabajador de una plataforma lo era por cuenta ajena y no un autónomo.
En una reunión de los embajadores de los Veintisiete a finales de diciembre, la presidencia española constató que el expediente no contaba con la mayoría necesaria para salir adelante.
En consecuencia, la presidencia belga del Consejo, que sucedió en enero a la española, y el Parlamento Europeo volvieron a negociar la directiva y lograron un segundo acuerdo en febrero.
Según esa nueva versión de la ley, se determinaría a nivel nacional, en cada Estado miembro, si los empleados de plataformas lo son por cuenta ajena o por cuenta propia.
De este modo, se eliminaba de la ley la lista única de criterios que habría servido a las plataformas en toda la UE para aclarar si los empleados eran o no autónomos.
Sin embargo, el pasado 16 de febrero, Alemania, Grecia y Estonia se abstuvieron en el encuentro de los embajadores para confirmar el pacto, mientras que Francia votó en contra. Las posiciones de esos cuatro países fueron suficientes para bloquear el texto.
Esos países siguen sin apoyar la directiva, pero fuentes comunitarias confiaron en que, "quizá", en la reunión de los ministros, "al más alto nivel", se pueda todavía aprobar el texto. Dijeron que entre los ministros podría haber "algunos intercambios positivos" y que por eso ven alguna posibilidad de aprobar la ley el lunes.
Las fuentes señalaron que la presidencia belga sigue trabajando con esos cuatro países.
Francia ha puesto sobre la mesa algunas enmiendas que le gustaría incluir en la directiva, pero las fuentes subrayaron que en este momento no es posible modificar la segunda versión del texto pactada con la Eurocámara y que los países no lograron aprobar en febrero.
En efecto, la presidencia belga no tiene la intención de reabrir el texto legislativo y las fuentes comunitarias incidieron en que el Parlamento no puede aceptar las enmiendas de París.
Agregaron que rebajar aún más el nivel de ambición de la directiva no sería aceptable para países como España, que en febrero ya lamentó en una declaración que la ley haya quedado demasiado debilitada.
Sobre Grecia, Estonia y Alemania, las fuentes indicaron que su dificultad para apoyar la norma se debe a las diferencias políticas dentro de sus Gobiernos. Estonia, además, es el país en el que se encuentra la sede de Bolt, una gran plataforma digital.
Si el lunes los ministros no logran dar luz verde a la directiva, las fuentes comunitarias admitieron que se podría intentar conseguir el pacto durante una o dos semanas más, dada la cercanía del fin de la legislatura en la Eurocámara, con las elecciones en junio.
Si en ese plazo adicional tampoco se cierra el expediente, se podría volver a intentar con el próximo Parlamento Europeo.
El martes, por otro lado, los ministros de Empleo y Asuntos Sociales celebrarán una sesión conjunta con sus homólogos de Economía y Finanzas sobre inversiones sociales y reformas.
