Hoy es 8 de octubre
VALÈNCIA. La presidenta de la Coordinadora Valenciana de ONGD, Lourdes Mirón, ha criticado el pacto de conformidad al que ha llegado la Fiscalía Anticorrupción con Rafael Blasco, ya que ha señalado que el exconseller de Solidaridad y exportavoz del PP en Les Corts ofrece "una devolución en diferido de un dinero que no tiene", por lo que les parece "un poco cachondeo".
Así se ha pronunciado Mirón al ser preguntada por los medios de comunicación por la opinión de la entidad sobre los pactos de conformidad o preacuerdos todavía por concretar con un total de 16 acusados de los 24 que se sientan en el banquillo, entre ellos Rafael Blasco, que presentó en la sesión de este lunes, el fiscal Anticorrupción Jesús Carrasco.
La Coordinadora representa a la acusación particular en el juicio por las presuntas irregularidades en subvenciones a ONG y en el proyecto de un hospital en Haití que no llegó a construirse.
Mirón ha resaltado que desde la Coordinadora están "totalmente en desacuerdo", pues se trata de una reducción hasta los tres años de los 16 que la entidad pide como pena; además de la restitución de fondos defraudados, que calculan en cuatro millones de euros, mientras que "Blasco ofrece una devolución en diferido de un dinero que no tiene".
"Prácticamente pone encima de la mesa un local que no es suyo, nos parece un poco cachondeo. Si se aceptara esta petición, estaríamos diciéndole a la ciudadanía que no hay justicia. Pedimos a Abogacía de la Generalitat que diga no a este acuerdo", ha sostenido Mirón.
El abogado Javier Boix, en representación del exconseller de Solidaridad, presentó este lunes durante el juicio la escritura de compra-venta de un bajo de València de titularidad de la familia de Blasco, tasado en más de 400.000 euros y cuyo "valor comercial" ha apuntado que se estima en unos 600.000, aunque pesa sobre esta propiedad una hipoteca de alrededor de 13.000 euros que habría que descontar del valor total. Este inmueble serviría para cubrir parte del montante que Blasco debe devolver a la Generalitat.