VALÈNCIA (EFE). La consellera de Emergencia Climática y Transición Ecológica, Mireia Mollà, cuestiona que los planes de ampliación norte del puerto de un servidor público como es el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Aurelio Martínez, confronten con las leyes.
En una entrevista con EFE, Mollà se pregunta quién será capaz de retirarse antes, la multinacional naviera MSC o el propio Martínez, quien "debería saber que no vale solo con su intención, él es un servidor público y se debe a las leyes", señala respecto a las medidas cautelares aprobadas con motivo de la revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de la Albufera.
Esas medidas cautelares aprobadas por el Consell establecen "la prohibición de realizar actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica o hayan de dificultar o imposibilitar la consecución de los objetivos de la declaración de espacio natural protegido", a tenor de lo establecido en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos.
Unas medidas que tienen un límite como máximo de tres años para que se haga la revisión del PORN, un tiempo en el que "cualquier proyecto que pueda afectar de forma significativa a la Albufera no puede desarrollarse", recuerda la consellera.
"Ya llevo mucho tiempo preguntándome si él sabe que su papel es de un servidor público del interés general, y no de un comercial de una empresa naviera", incide Mollà, quien apunta que ahora ha tenido que recular en la concesión para ocupar 4.700 m2 para oficinas a Boluda Corporación Marítima.
Esta concesión administrativa se dio en la zona poniente del puerto de Valencia, con destino a dos edificios de oficinas y zona de aparcamiento por un periodo de 35 años, según acordó el Consejo de administración de la Autoridad Portuaria el 20 de diciembre de 2018, y ha quedado sujeta a un procedimiento de lesividad.
El puerto está creando "una sensación de que todo lo está ajustando a la norma" pero, según recuerda, el proyecto de la ampliación norte de 2007 ha tenido que ser modificado porque "tenía que pasar por una DIA (declaración de impacto ambiental)" y Martínez "aún ni ha reconocido que su proyecto no cumplía la norma".
"¿Qué garantía me da un señor que no solo ha tenido que rectificar y no es capaz de reconocerlo públicamente, sino que además ahora ha tenido que recular sobre la concesión a Boluda?", se pregunta.
Sobre el proyecto definitivo de la ampliación, que estará ultimado a principios o mediados de septiembre según avanzó Martínez esta misma semana, la consellera asegura que "faltan cosas: por dónde van a entrar los buques, y cuál es el canal de acceso".
A su juicio, "cuando uno no escribe algo es porque no quiere ser preso de lo que escribe", pero este proyecto "tiene que escribirse con todas las letras" pues "afecta y ha afectado ya" en parte a las playas del sur y a la Albufera.
Partiendo de que los daños a la Albufera son "irreversibles", la consellera considera que la intrusión marina a la Albufera "matará el lago y el sector arrocero", la mayor joya natural de los valencianos y una actividad económica esencial.
Por ello, ante una "amenaza tan cierta", se plantea qué justificación hay para no pasar el trámite ambiental y no hacer una nueva DIA o una simplificada, y señala que debe tratarse de "una causa personal" de Martínez, al que, "con 74 años y seguramente una jubilación muy cuantiosa", ha animado a "disfrutar de la vida".
La consellera notificó "a todos y cada uno" de los miembros del Consejo de Administración de la APV que las medidas cautelares de la revisión del Plan de ordenación de los recursos naturales (PORN) de La Albufera afectan a la ampliación del puerto y, aunque ninguno le ha contestado, pronostica que más de uno "está preguntando que a lo mejor necesitarían, a nivel de informe jurídico, si es así".
Mollà opina que antes de tomar una decisión deben pedirse los informes jurídicos que correspondan, como deberían haber hecho también antes de aprobar la concesión a Boluda.
La Conselleria esperará a la votación del proyecto de ampliación en el Consejo de Administración de la APV para emprender la vía judicial a partir de las medidas cautelares por la revisión del PORN de la Albufera recogidas en el acuerdo del Consell de 18 de diciembre de 2020.