VALÈNCIA. (EP). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado este martes que el Gobierno presentará el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2019 con la senda de estabilidad presupuestaria del Gobierno de Mariano Rajoy, que contempla un déficit del 1,3% en 2019, si bien prevé actualizar los objetivos a lo largo del próximo año una vez se apruebe la reforma de la Ley de Estabilidad que elimina el veto del Senado, que "boicotea" la senda del Ejecutivo.
"Los ritmos del Gobierno está claro que no se acompañan por parte del Congreso y por tanto nos vemos obligados a construir los Presupuestos con la senda anterior y cuando se apruebe la nueva senda tendremos que adaptar alguna cifra", ha señalado Montero en declaraciones a los periodistas tras inaugurar un seminario sobre el 40º aniversario de la Constitución, organizado por el Instituto de Estudios Fiscales (IEF).
Montero ha confirmado que, dado que el Congreso rechazará nuevamente la senda del Gobierno, el Ejecutivo presentará los Presupuestos con la senda de estabilidad presupuestaria propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy y aprobada por el Congreso, que contempla un déficit del 1,3% en 2019, tres décimas en 2020 y superávit en 2021.
Una vez que se apruebe la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, el Gobierno actualizará los objetivos: la senda del Gobierno de Pedro Sánchez relaja los objetivos de déficit hasta el 1,8% del PIB en 2019, al 1,1% en 2020 y al 0,4% en 2021.
"No vamos a llegar a tiempo con la nueva senda para que se pueda aprobar en los términos que el Gobierno quería, por lo que vamos a pasar el trámite de simplemente rechazar nuevamente estos objetivos de estabilidad para incorporar la senda anterior, y cuando se apruebe la ley orgánica a lo largo del año, podremos actualizar los objetivos de estabilidad", ha explicado.
Asimismo, ha indicado que la presentación de la misma senda es un "mero" trámite para mayor seguridad jurídica. "Nos parecía importante el que se volviera a rechazar por segunda vez la senda que se propone para que entre en vigor la antigua", ha apuntado Montero, ante la "lenta" tramitación de la ley orgánica, a su juicio "probablemente deliberada" porque "no se quería cambiar el veto que ejerce el Senado para boicotear la senda".
De igual forma, Montero no contempla la posibilidad de que la Mesa del Congreso retrase el debate de los objetivos de estabilidad presupuestaria con el fin de atrasar el debate de los Presupuestos.
Preguntada sobre si las protestas de los últimos días de los CDR en Cataluña podría afectar a la negociación de los PGE, Montero ha dicho que los acontecimientos de la vida política son "cambiantes", pero eso "no hace variar ni un milímetro la hoja de ruta del Gobierno", que presentará sus cuentas en enero.
Para Montero, son el PP, Cs y las fuerzas independentistas las que tendrán que decidir si prefieren situar a los ciudadanos en el centro del debate para mejorar los servicios sociales o seguir "enrocados en una estrategia electoral a corto plazo que no hace que el país pueda avanzar".
La titular de Hacienda ha precisado también que "no hay ningún elemento" que obligue al Gobierno a tomar medidas complementarias al control reforzado existente en Cataluña, si bien ha pedido que los Mossos y el Govern de la Generalitat cumplan con sus "obligaciones" de garantizar el orden público, ya que de lo contrario, el Ejecutivo central adoptará medidas. "El Gobierno de España no a a dejar de ninguna manera que se perturbe la convivencia entre todos los catalanes y entre todos los españoles, ha enfatizado.
Ante la propuesta del Gobierno francés de Emmanuel Macron de elevar a 1.500 euros el Salario Mínimo tras las protestas de los 'chalecos amarillos', Montero ha defendido que la propuesta del Ejecutivo español de subir el SMI a 900 euros en 2019 no era algo "fuera de la realidad", sino que estaba "en consonancia" con los países del entorno.
También se ha referido a los "agoreros" que advierten de que la subida podría excluir empleo, cuando puede ser una "oportunidad de estímulo económico para el consumo", y ha subrayado que ante la subida del SMI en Francia ni los organismos internacionales ni "nadie" se ha llevado "las manos a la cabeza".
En esta línea, ha añadido que el Gobierno de Sánchez propone aprobar por decreto la subida del SMI a 900 euros para el próximo año y seguir trabajando en el diálogo social, ya que las organizaciones sindicales plantearon que el SMI pudiera llegar, por la vía del convenio colectivo, a los 1.000 euros en 2020, una reivindicación que "sigue intacta".
Sobre otras medidas concretas, ha explicado que la subida del diésel verá la luz en el momento en el que se apruebe la norma,algo que estará pendiente de desarrollo legislativo, o bien en la Ley de Cambio Climático, que cree que se retrasará más que la propia tramitación de la ley de Presupuestos, y "evidentemente" en la ley de las nuevas cuentas públicas.
De nuevo ha vuelto a aclarar que los transportistas y quienes tengan en sus costes de empresa cifras importantes no se verán afectados por el incremento de este carburante. Según Montero, hay algo "radicalmente distinto" entre los cambios en la normativa fiscal que quería aprobar el Gobierno francés y el de España, ya que en el país galo se buscaba una subida global de todos los carburantes, mientras que en España se planteará de forma progresiva la equiparación del diésel a la gasolina.
De esta forma, en la primera modificación que verá la luz ni siquiera se producirá la equiparación total, por lo que Montero ve una propuesta "bastante razonable" para que la fiscalidad medioambiental contribuya a la sostenibilidad.
En cuanto al nuevo impuesto a los servicios digitales, conocido como 'tasa Google', ha mostrado su deseo de que se apruebe "cuanto antes, a ser posible antes de que finalice el año", si bien dependerá de que finalicen todos los trámites del "largo" periodo de audiencia, en el que se han producido muchas aportaciones, y de las materias que se incluyan en los próximos consejos de ministros.
