La vicepresidenta cuarta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en una imagen de archivo. Foto: E.PARRA/EPVALÈNCIA (EP). La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que las "cuestiones singulares" que tienen algunas comunidades autónomas como Cataluña "tienen que tener un tratamiento especial" en materia de financiación autonómica, pero insiste en llevar a cabo una negociación junto al resto de comunidades autónomas para impulsar un modelo que sea válido para todas.
Por otro lado, ha pedido a Junts diferenciar entre el proceso para elegir nuevo president en Cataluña, en el que pugnan con el PSC, al acuerdo que mantienen en el Congreso de los Diputados para apoyar al Ejecutivo de coalición al considerar que son "planos distintos".
Montero señala que deben abordar el debate sobre la financiación autonómica "dentro de un contexto global" y considera que no tiene sentido hacer "carpetas distintas de un tema que es común", en referencia a la demanda de los partidos independentistas catalanes de una financiación singular para Cataluña y de llevar a cabo una negociación bilateral con el Estado.
En declaraciones a RNE, recogidas por Europa Press, insiste en que deben atender las singularidades que se puedan presentar en determinados territorios "por sus características, por razones históricas o por su orografía", según ha mencionado.
La ministra se ha expresado de este modo al ser preguntada sobre si el Gobierno está dispuesto a ofrecer una financiación singular a Cataluña a cambio del apoyo de los partidos independentistas al líder del PSC, Salvador Illa, para que sea el nuevo presidente de la Generalitat.
En la misma línea, señala que estas cuestiones que menciona tienen más que ver "con la especificidad de una comunidad autónoma" que con otros aspectos como cuál es "la sede fiscal de los impuestos compartidos" o las competencias que se les pueden dar a las comunidades para que ganen más autonomía fiscal.
De este modo se refiere a las demandas del independentismo de recaudar y gestionar sus propios impuestos, con una fórmula similar a la que tiene actualmente el País Vasco.
Montero señala además que, en lo que está trabajando en este momento, es en la condonación de la deuda autonómica por valor de 15.000 millones de euros que el PSOE pactó con ERC en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez, mediante el cual la Administración General del Estado asume esa parte de la deuda autonómica.
Aunque no ha querido dar una fecha de cuándo se puede hacer efectivo, ha insistido en que esta medida --que se hizo extensible al resto de comunidades autónomas que quisieran acogerse al mismo-- será positivo para la autonomía fiscal de cada territorio, para poder salir a los mercados a buscar financiación en mejores condiciones.
Por otro lado, respecto a la gobernabilidad en Cataluña y sus efectos a nivel nacional, al ser preguntada sobre si Junts puede apoyar al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados mientras está rivalizando con el PSC por presidir el Govern, Montero ha pedido a los de Carles Puigdemont que separen ambos aspectos porque, a su juicio, son "planos distintos".
"Yo siempre hago un llamamiento a que los planos son distintos", ha indicado Montero, que considera que el resultado de las elecciones catalanas del 12 de mayo dejó claro que el PSC e Illa son la opción preferida y cree que esa voluntad "inequívoca" deber ser respetada.
En ese sentido insiste en que "todo pasa por Salvador Illa" pues tanto la iniciativa en las negociaciones como la "culminación" de las mismas tienen como punto de partida y de llegada la misma persona.
Ahora bien, respecto al apoyo de Junts en la Cámara Baja, cree que los neoconvergentes deben preguntarse si las políticas que viene desplegando el Gobierno de coalición "son las que mejor le vienen a Cataluña".
"Mi respuesta es contundente, rotundamente sí", señala la ministra en referencia a medidas como la subida de las pensiones, la creación de plazas de formación profesional, la subida del salario mínimo o la reforma laboral. Según apunta, todas estas políticas repercuten sobre la población española --"y también catalana"-- que necesita recuperar salarios, niveles de renta y estabilidad en el empleo.
Militantes de Madrid, Aragón, Castilla La Mancha, Castilla y León, Galicia y Extremadura reclaman un sistema justo y multilateral
