Montero dice que el IVA de 2017 se pagará cuando lo considere "oportuno" la Abogacía del Estado

VALÈNCIA (EP). La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este lunes que el Gobierno cumplirá con las sentencias del Tribunal Supremo que obliga a Hacienda a devolver a Castilla y León y Galicia una parte de la liquidación del IVA de 2017 y que se extenderá al resto de comunidades autónomas cuando "lo considere oportuno" la Abogacía del Estado.

Montero, que compareció en rueda de prensa para explicar la reforma fiscal y las medidas de lucha contra el fraude que recoge el Plan de Recuperación enviado a Bruselas, atribuyó esta situación "al doble atropello" del PP, mientras que es ahora el PSOE el que "va a arreglar el problema y cumplir con la sentencia".

Así, dijo que le gustaría que las comunidades del PP que ahora reclaman el dinero pidieran "explicaciones" a su partido de por qué se aprobó esa liquidación cuando ellos gobernaban y entonces "no lo denunciaron", al tiempo que ha preguntado a las comunidades que además de "pedir el dinero", digan si lo van a destinar a reducir el déficit o a qué.

"¿Las comunidades autónomas van a utilizar ahora este dinero para reducir el déficit que provocaron porque no se les pagó?", se preguntó la ministra, que recordó que los gobiernos regionales cerraron 2017 con un déficit del 0,6% del PIB, frente al 0,3% previsto, y algunos de ellos lo atribuyeron a la menor liquidación por IVA.

"Me parecer bien que reivindiquen la ejecución de la sentencia, pero que lo aclaren también (a qué van a destinar este dinero)", subrayó la titular de Hacienda.

La reforma fiscal podría retrasarse hasta 2023

Montero ha señalado además que la aprobación de la reforma fiscal podría retrasarse más allá de lo que se recoge en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2023 si no se ha recuperado el crecimiento económico previo a la pandemia, aunque no ve probable que esto pueda suceder.

"La reforma fiscal estará siempre condicionada a la recuperación económica", ha señalado la ministra en rueda de prensa para presentar los componentes sobre fiscalidad, lucha contra el fraude fiscal y eficacia del gasto público incluidos en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Según ha explicado Montero, no hay ninguna cifra de recaudación comprometida con Bruselas sobre la reforma fiscal de cara al año 2023, sino que hay un objetivo de reducir paulatinamente la diferencia de 7,7 puntos del PIB de presión fiscal que tiene España con la media de la zona euro. "No hay compromiso de cifras, ni se ha exigido ningún compromiso de cifras hasta no ver las conclusiones de los expertos", ha remarcado la titular de Hacienda.

Tampoco se han comprometido con Bruselas ni a eliminar la bonificación del diésel ni los tipos reducidos del IVA, según aclaró Montero, que se refirió en todo momento a las recomendaciones que el Comité de Expertos realice.

La previsión del Ejecutivo es que se recuperarán las cifras de PIB prepandemia a finales del año 2022, por lo que las medidas fiscales contempladas se prevén para 2023, a pesar de que coincida con la celebración de elecciones generales.

"Todo está en función de las previsiones de cifras de crecimiento. Si no llegamos a las cifras de recuperación, todo el calendario se movilizará", ha incidido la ministra, quien ha añadido que así se ha negociado con Bruselas y que si se cambia el "cronograma", también se acordará con la Comisión, por lo que no cree que se puedan poner en entredicho la recepción de los fondos si hay algún retraso de alguna reforma.

Del mismo modo, Montero ha avanzado que determinadas medidas podrían abordarse en 2022, año en el que el comité de expertos para la reforma fiscal debe tener sus conclusiones y si así lo aconseja dicho comité. No obstante, aclaró que esto no debe suponer 'per se' una subida de alguna figura tributaria, sino también puede implicar "algún incentivo fiscal o disminuir tipos".