Montoro rechaza que el Consell ajuste el gasto aplazando pagos a proveedores y no con recortes

VALENCIA. El Gobierno valenciano ideó este viernes una fórmula cuanto menos poco ortodoxa para evitar ceder ante el Ministerio de Hacienda y tener que hacer los recortes que le exigía Cristóbal Montoro para poder recibir en mayo el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA). Una fórmula que no ha gustado al ministro en funciones, según se desprende del comunicado que su departamento emitió por la tarde.

Montoro se había reafirmado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) del jueves en su ultimátum para que como muy tarde el viernes el Consell de Ximo Puig respondiera a su carta en la que le exigía un acuerdo de no disponibilidad del gasto, es decir un recorte del presupuesto de 2016. 

Aunque el Consell se había negado, la delegación valenciana volvió del CPFF con la convicción de que era necesario "un gesto" ante el Ministerio, que en principio estimó en unos 110 millones, aunque al departamento que dirige Montoro no le debió parecer suficiente y finalmente pactaron que fueran 170. En cualquier caso, una cantidad muy inferior a la que reclamó el ministro en su carta -cuando el objetivo de déficit aún no se había ampliado del 0,3 al 0,7%- y también inferior a la que la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) consideraba necesaria: 212 millones.

Lo que no pactó con el Ministerio previamente fue la fórmula que aprobó el Consell este viernes, que no es ni de lejos un acuerdo de no disponibilidad de gasto, es decir, una relación detallada de las partidas del presupuesto en las que se decide recortar el gasto.

Lo que anunció la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, fue que el Consell negociará un aplazamiento de pagos a grandes empresas suministradoras de la Generalitat, hasta un máximo de 170 millones de euros, para cumplir con el plan de ajuste. Oltra justificó esta iniciativa en que aunque el Consell no está dispuesto "a recortar un céntimo en servicios públicos básicos", necesita el FLA "como agua de mayo".

Añadió que la propuesta contaba, en principio, con el visto bueno del Ministerio de Hacienda, aunque luego admitió que se estaba negociando. Al parecer, el acuerdo era sobre la cantidad pero no sobre la fórmula.

Y esa fórmula consiste en aplazar varios meses el pago a grandes empresas suministradoras de telefonía o electricidad por un importe máximo de 170 millones. Estos grandes proveedores todavía no habían sido informados.

Según Oltra, las grandes empresas "pueden sostener un aplazamiento de tres o cuatro meses" en el pago sin que eso tenga impacto en la compañía ni en el tejido económico, y ha indicado que todavía tienen que concretar qué contratos, ámbitos y suministros serán los afectados. Añadió que la idea es repartir la carga entre los distintos contratos de suministro de la Administración, algunos de los cuales están pendientes de renovación, pero ha insistido en que solo afectará "a los contratos millonarios".

Oltra señaló que aunque no les gusta, ésta será la propuesta que llevará la Generalitat, pues el Consell no está dispuesto a recortar servicios básicos ni quiere convertir en financiadores de la Administración a los pequeños y medianos proveedores "como ha pasado en años anteriores".

El Ministerio responde

La respuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas llegó por la tarde en forma de comunicado. En él, advertía a la Generalitat valenciana de que el Gobierno pagará directamente las facturas pendientes de los proveedores y después retendrá este importe al gobierno autonómico.

En el comunicado, Hacienda no hacía alusión a las declaraciones de Oltra, pero subrayaba que los proveedores tienen asegurado el cobro de sus facturas y ninguno de ellos se quedará sin cobrar. "Si el Gobierno valenciano no cumpliera con lo que marca la ley, el Estado español se haría cargo del pago de las facturas con sus proveedores, con la consiguiente retención de fondos autonómicos", precisó.

Por otro lado, el auditor de la Administración del Estado Jesús de Salvador, colaborador de Valencia Plaza, explicó, a falta de conocer la fórmula exacta del Consell, que el aplazamiento del pago de un gasto es una operación de tesorería que no afecta al cálculo del déficit y, por tanto, no lo reduce. Es decir, que si se aplaza hasta 2017 el pago de una o varias facturas de telefonía de este año, el gasto se computa en el ejercicio 2016 aunque quede pendiente de pago. Una apreciación en la que coincide el exconseller de Hacienda y actual delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. 

Por su parte, el diputado del PP en Les Corts Rubén Ibáñez afirmó que los miembros del Gobierno valenciano "mienten al afirmar que los aplazamientos solo en el último trimestre supondría un ahorro de 170 millones de euros, porque en todo el año el coste real apenas llega a los 115".