Moody's y S&P 'ratean' a IAG un peldaño por encima del 'bono basura'

LONDRES (EFE).  Las agencias de evaluación de riesgos S&P y Moody's asignaron una calificación inicial de 'BBB-' y 'Baa3', respectivamente -ambas aprobado bajo, con perspectiva 'estable'-, al grupo IAG, matriz de las aerolíneas Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus.

S&P subraya que la solidez financiera de IAG es "suficiente para hacer frente a retos operacionales" como el elevado coste del combustible, eventuales huelgas de controladores aéreos y las incertidumbres asociadas a las salida británica de la Unión Europea (UE). La perspectiva 'estable' refleja la confianza de la agencia en que el grupo será capaz de mantener el crecimiento de su rentabilidad. 

"La calificación se sustenta en la disciplinada gestión de costes en todo el grupo IAG, tal como refleja su robusta rentabilidad", señalaron en un comunicado los analistas de S&P, que destacan asimismo el "sólido flujo de caja operativo" del grupo.

Pesa el Brexit

La semana pasada, IAG informó de que ganó 2.514 millones de euros en los nueve primeros meses del año, un incremento del 57,4 % respecto al mismo período de 2017, gracias al buen rendimiento de todas las aerolíneas del grupo. IAG "ha sido disciplinado y efectivo al ejecutar medidas de ahorro de costes, con mejoras estructurales que respaldan una rentabilidad por encima de la media", subraya la agencia de calificación.

Moody's afirma que la calificación refleja la "extensa y diversa red de rutas globales" de las aerolíneas del grupo y sus "sólidas posiciones en el mercado". Las fortalezas de IAG están sin embargo condicionadas a las características intrínsecas del sector del transporte aéreo, advierten ambas agencias. La susceptibilidad a los ciclos económicos, las fluctuaciones del precio del petróleo y la sensibilidad a eventos como ataques terroristas, pandemias y huelgas condicionan las calificaciones del grupo.

La incertidumbre del Brexit también limita las métricas de IAG, según S&P, que subraya que el grupo confía en estar preparado para cumplir con las regulaciones tanto comunitarias como británicas una vez que el Reino Unido abandone la UE.