VALÈNCIA. La moratoria para la instalación de bloques exclusivos de pisos turísticos se alargará durante un tiempo más en la ciudad de València. Y es que, la concejalía de Urbanismo que dirige Sandra Gómez ha detallado que una medida de tales características no se puede implementar sin un informe previo que avale la necesidad de la acción. De este modo, ha adelantado que tanto su concejalía como el área de Vivienda han acordado trabajar en este estudio, aunque todavía sin una fecha clara de aprobación.
Hace apenas una semana, la concejalía de Vivienda que encabeza Isa Lozano ya presentó los resultados del estudio en el que reducía los barrios de afección de la medida a 11, tal y como le había pedido anteriormente Urbanismo. Y es que, en un principio, la propuesta para frenar la instalación de bloques exclusivos de uso turístico abarcaba hasta 37 zonas de la capital, la mayor parte de su superficie.
Una idea que la concejalía de Gómez acogió con cierta cautela, al proponer que se realizara un informe para conocer realmente cuáles son las zonas en las que hacía falta el veto. Y es que, desde Urbanismo consideraron que una prohibición tan restrictiva no se podía aplicar en toda la ciudad de forma tan generalizada, sino que necesitaba de una buena argumentación que justificara las zonas en las que se iba a implantar. Todo ello con el objetivo de evitar los problemas legales y judiciales con los que se podría encontrar una vez estuviera en marcha.
Sea como sea, la cuestión es que la medida se ha ido retrasando a lo largo de los meses, ya que fue anunciada por primera vez en marzo sin que haya llegado el momento de su aprobación final. Al contrario, todavía le quedan por delante una serie de trámites. Y es que, según ha explicado la concejala de Urbanismo, el estudio presentado por Vivienda no es más que una información preliminar que se ha extraído de los datos sobre peticiones de licencias para instalar bloques exclusivos de explotación turística.
Ahora, es necesario que el área que dirige Sandra Gómez elabore el estudio previo para la aprobación primero de la moratoria de dos años -que frenará cautelarmente la expedición de licencias a este tipo de negocios- y posteriormente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que hará permanente la medida en los barrios que queden ratificados. Por el momento, la propuesta de Vivienda contempla 11 zonas en los distritos de Eixample, Extramurs, Saïdia y el Grao, que es donde se ha detectado mayor actividad.
Asimismo, el área de Urbanismo también considera que el veto a bloques exclusivos de uso turístico no es suficiente, y recientemente pidió ampliarlo a otros aspectos como por ejemplo los edificios completos que compran primordialmente los fondos buitre para dedicarlos al alquiler de larga estancia de alto nivel. Esto es, con mensualidades superiores a las del barrio donde se ubican, lo que según el Ayuntamiento podría llevar a una escalada precios que en última instancia provocaría la "expulsión" de los vecinos y vecinas tradicionales.
Del mismo modo, Gómez también puso como ejemplo de práctica nociva la compra masiva de edificios para dedicarlos a oficinas, lo que igualmente podría tener un impacto negativo sobre los precios de la vivienda de la zona. Así, con todo ello, el estudio urbanístico que se realizará desde la concejalía no solo contemplará la determinación espacial de la medida sino también su ampliación a otras prácticas que van más allá de los pisos turísticos.
Con todo esto, Urbanismo defiende que el veto a la compra de edificios enteros en algunos barrios debería abordarse desde una perspectiva "más integral", hacia cualquier práctica que pudiera tener impacto negativo sobre la vida diaria de los vecinos y vecinas. Y esto es precisamente lo que se abordará en el nuevo informe, cuya elaboración han acordado las dos concejalías implicadas, tal y como ha remarcado Sandra Gómez.