Movilización constante y necesaria

El pacto entre Sánchez y Puigdemont --sobre el que se ha establecido la investidura como presidente del gobierno del primero-- no sólo es un grave peligro político, también jurídico, por atentar contra las bases propias de nuestro Estado de Derecho.

Político, porque conduce a una mayor y progresiva destrucción de la unidad de convivencia entre los españoles: la nación.

Mayor porque hasta ahora, desde que se aprobó la Constitución, nunca se habían alcanzado cotas tan altas de autodestrucción nacional.

Progresiva, porque lo que estamos viendo no es fruto de un día, sino la consecuencia de un proceso que se inició hace varias décadas, por parte de los sucesivos gobiernos de España que decidieron pactar con las fuerzas nacionalistas su acceso al poder. Respecto de este asunto el Partido Popular no ha sido un mero espectador, sino una parte activa en tal proceso.

Desde el punto de vista jurídico, la quiebra de los principios constitucionales --que es lo mismo que decir los fundamentos del Estado de Derecho—es más que evidente en España. No es sólo mi opinión, sino la de la práctica totalidad de las organizaciones y asociaciones que representan al Derecho español: jueces, fiscales, abogados del Estado, inspectores de Hacienda, abogados, procuradores y profesores de Derecho, entre otros.

Llevaba algunos años reclamando una reacción de los juristas ante la progresiva degradación del sistema jurídico en España. Me sorprendía que cosas que se considerarían inaceptables en otras ciencias y profesiones, como la medicina, la arquitectura, la ingeniería, etc., fueran consentidas, casi sin rechistar, por los operadores jurídicos.

Pensaba a propósito de lo que dirían los arquitectos si el BOE transformase --por orden del gobierno-- los principios básicos respecto de la técnica sobre la construcción de edificios. O los médicos si, por decreto, se les impusiera el procedimiento para efectuar un trasplante de riñón, por ejemplo; e incluso los ingenieros si, por la misma vía, se les impusieran las reglas para construir puentes. Sería inadmisible y, con toda lógica, tales profesionales se negarían a cumplir la absurda imposición.

Pues los juristas --salvo algunas voces aisladas, aunque también es cierto que muchas relevantes, de ex magistrados del Tribunal Supremo y del Constitucional, entre otras-- parecía como que estábamos adormecidos, admitiendo atentados sucesivos contra la separación de poderes y la ejecutividad de las sentencias, como si viéramos llover.

El Derecho es una ciencia milenaria y no puede --como la medicina, la arquitectura o la ingeniería-- someterse de forma aplastante y arbitraria a los dictados de la política. Esta puede y debe influir en el Derecho, pero nunca subvertirlo ni hacerle decir lo que no es. La jerarquía normativa y el sometimiento al resto del ordenamiento y de todos los poderes públicos (inclusive el legislativo) a la Constitución son principios fundamentales a los que no debemos renunciar los juristas y, por añadidura, el resto de los españoles. Pero, sobre todo, repito, los juristas. Porque lo que está en juego no sólo son los principios básicos de nuestra convivencia democrática, sino, también, la misma esencia de una ciencia y una profesión que es la nuestra. Y de la cual vivimos. Si no respetamos la ciencia que nos corresponde, no estaremos respetando nuestra profesión.

Por eso, los juristas y los restantes ciudadanos españoles, debemos permanecer en una movilización constante hasta que consigamos revertir esta deriva anticonstitucional y antidemocrática. Las manifestaciones cívicas, los manifiestos profesionales, la huelga de mañana día 24 de noviembre, son el principio; pero debieran seguirle otras acciones semejantes o complementarias que sirvan para lograr varios objetivos:

Primero, que el gobierno y sus socios de investidura sientan la presión social como un límite a sus apetitos de subvertir el sistema constitucional.

Segundo, evitar la sensación de aislamiento que naturalmente se tiene cuando parece que es uno solo el que ve lo que está ocurriendo, aunque sea con plena claridad (jurídica y política).

Y tercero, hacer ver al mundo que los españoles, aunque algunos traten de ocultarlo, no estamos dispuestos a consentir la deriva antidemocrática de nuestra nación.

Así que hemos de movilizarnos.

Como dijo Sabater el pasado domingo en Madrid, que nadie se aburra ni se canse. La movilización debe ser constante. Lo que nos jugamos los españoles es muchísimo.