El exalcalde de Bigastro, José Joaquín Moya, junto al exinterventor, durante el juicio en el que han sido condenados. FOTO:IJBIGASTRO. La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Alicante, con sede en Elche, ha condenado a cuatro años y medio de prisión al exalcalde de la localidad, José Joaquín Moya (PSOE), por irregularidades en la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para la creación de un nuevo sector urbanístico, así como por apropiarse de un total 312.000 euros abonados por el promotor de ese plan como agente urbanizador entre los años 2005 y 2006.
El Tribunal ha impuesto al exalcalde cuatro años, seis meses y un día de cárcel y 11 años, 3 meses y un día de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos, así como otros cuatro años de inhabilitación para empleo o cargo público como autor de un delito de prevaricación administrativa.
Por su parte, la Sala ha impuesto dos años de prisión y cinco años de inhabilitación para el exsecretario-interventor por el delito de malversación, y otros cuatro años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.
La sentencia, que no es firme y puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, establece que José Joaquín Moya deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro con 162.000 euros, así como, conjuntamente con el otro acusado, con otros 150.00 euros.
Los hechos se remontan al año 2005, cuando el entonces alcalde vendió a un promotor un suelo pendiente de recalificar pero que aún no estaba aprobado por la Generalitat y que, de hecho, nunca se llegó a aprobar. La empresa pagó más de 200.000 euros en efectivo de los que tan solo se ingresó una parte. El resto, según la sentencia, se lo apropió Moya mientras que el funcionario habría hecho la vista gorda. Un extremo que ambos negaron en el juicio, celebrado hace unos meses.
La sentencia es recurrible, por lo que las defensas estudiarán ahora si presentan. ese recurso. En el caso del funcionario, al haber sido condenado a la pena mínima de dos años de prisión, la defensa tratará de llegar a un acuerdo para evitar el ingreso en prisión del exinterventor, ya jubilado. En el caso de Moya ese acuerdo es más complicado, debido a que la condena asciende a los cuatro años y medio de prisión y se acumulan a otras sentencias condenatorias por hechos similares.
Además, Moya, deberá indemnizar al Ayuntamiento de Bigastro en la cantidad de 162.000 euros, recibidos por el pago realizado por Giesco el 9 de agosto de 2005, mientras que ambos condenados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Ayuntamiento de Bigastro en la cantidad de 150.000 euros recibidos por Moya como depositario y Saseta como Interventor, correspondiente al pago efectuado por la empresa el día 4 de agosto de 2006.
