VALÈNCIA. Las asociaciones de promotores musicales han reclamado una “solución seria, conjunta e inmediata” para desbloquear la situación de los festivales previstos en la Ciutat de les Arts i les Ciències y sostienen que, pese a la sentencia judicial, todavía es posible celebrar los eventos si se garantiza el cumplimiento de la normativa acústica. Así lo han trasladado este jueves PROMFEST, MúsicaProCV, PROFest y FOTUR en un comunicado conjunto en el que piden una reunión urgente con el Ayuntamiento de València, la Generalitat y Cacsa.
Las entidades advierten de que, dos semanas después de conocerse la resolución judicial, la falta de una respuesta clara mantiene “en una situación de incertidumbre a más de 80.000 compradores de entradas, a 8.000 trabajadores vinculados directa o indirectamente a estos eventos y a los propios promotores”, que aseguran no haber sido recibidos todavía por las administraciones implicadas.
El conflicto explotó tras la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 8 de València, que dio la razón a los vecinos por las molestias acústicas generadas por los macroeventos en el recinto y obligó al Ayuntamiento a adoptar medidas, incluso la “revocación de autorizaciones o reubicación de eventos”, además de indemnizar a los demandantes. Desde entonces, el futuro de citas como Festival de les Arts, Big Sound o Love the 90’s ha quedado en el aire mientras administraciones y promotores estudian cómo aplicar el fallo.
En este contexto, las asociaciones sostienen ahora que “tanto la sentencia judicial como la comunicación remitida por el Ayuntamiento de València a Cacsa no impiden por sí mismas la celebración de los festivales, sino que plantean su desarrollo bajo el cumplimiento de la normativa acústica”. En la misma línea, aseguran que no han recibido “ninguna notificación por parte de Cacsa que prohíba la realización de los eventos en caso de que se garantice ese cumplimiento”.
Por este motivo, los festivales “continúan programados”, con el objetivo de “trasladar tranquilidad a los compradores de entradas mientras no exista una instrucción formal en sentido contrario”.
40 millones en juego
Las asociaciones subrayan también el impacto económico de la situación y alertan de que están en juego “40 millones de euros de impacto directo en la ciudad de València”, además de “2 millones de euros de recaudación para Cacsa” y miles de puestos de trabajo vinculados a estos eventos. A su juicio, la incertidumbre actual pone además “en entredicho la marca proyectada por el Ayuntamiento como Valencia Music City”.
En el comunicado, las entidades advierten de que el problema va más allá de la celebración de unos festivales concretos, ya que afecta a “una parte relevante del ecosistema de actividades musicales y culturales que contribuye a la identidad, la proyección exterior y la capacidad de atracción de València”. En este sentido, recuerdan que los festivales “generan actividad durante meses, movilizan a artistas, técnicos, proveedores y empresas auxiliares” y refuerzan la ciudad “como una plaza capaz de acoger grandes propuestas musicales”.
Reunión cancelada
Los promotores aseguran que han seguido trabajando durante las últimas semanas para encontrar una salida consensuada, pero lamentan que la reunión prevista con el Ayuntamiento para el pasado 7 de abril fuera cancelada “por problemas de agenda”, según trasladan.
Ante esta situación, las asociaciones consideran “incomprensible” que, con “más de 80.000 asistentes afectados, 8.000 trabajadores pendientes y decenas de millones de euros en juego, las administraciones sigan sin sentarse con el sector”. Por ello, insisten en la necesidad de encontrar “una solución seria, conjunta e inmediata” que permita “dar certidumbre al sector, proteger el empleo, preservar la actividad económica asociada a los festivales y evitar un mayor deterioro de la imagen de València como destino musical y cultural”.
