VALÈNCIA (C.G./ P. G./ AGENCIAS). El futuro de los grandes festivales de música en la Ciutat de les Arts i le Ciències sigue en vilo tras la sentencia que insta al Ayuntamiento de València a adoptar las medidas necesarias para evitar que el ruido de discotecas o los conciertos vulneren el derecho fundamental a la intimidad y la integridad moral de los vecinos, inclusive la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos o actividades.

Desde que se hiciera pública la sentencia los movimientos se realizan con cautela, aunque con un reloj que corre en su contra. De hecho, grandes citas como el Festival de les Arts, que se celebra el 5 y 6 de junio, sigue despachando entradas y publicitando la cita para ese mismo recinto, algo que, en palabras de la alcaldesa de València, María José Catalá, es "aventurado".

No es el único evento que aguarda respuesta y la definición de un plan que no debe tardar en llegar, una sentencia que afecta al futuro inmediato de otras grandes citas musicales como los festivales Big Sound, Love the 90's y el concierto de Jean-Michel Jarre que inaugurará el ciclo FAR València.

La Generalitat pide "aclaraciones" al Ayuntamiento

La cuestión es delicada y este mismo miércoles ha tenido lugar una nueva reunión entre Cacsa y lo promotores para “buscar soluciones en cumplimiento de la sentencia que ampara a los vecinos por los ruidos excesivos a causa de los festivales de música y establecer las líneas a seguir en las próximas semanas”, señala la Generalitat en un comunicado. 

De momento, fumata negra y un balón que va pasando entre Cacsa y el Ayuntamiento de València. En este sentido, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha recibido la resolución del Ayuntamiento de València que "ordena el cese inmediato y la prohibición de cualquier actividad que se desarrolle en el recinto que suponga el incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica”, una resolución sobre la que los servicios jurídicos de Cacsa "van a solicitar unas aclaraciones" al consistorio.

Cabe recordar que la sentencia, contra la que cabe recurso, el magistrado condena al consistorio a indemnizar por daños morales con 3.000 euros a cada uno de los vecinos demandantes "dado el tiempo que están sufriendo las molestias" e insta al Ayuntamiento a "adoptar las medidas necesarias, inclusive la revocación de autorizaciones o reubicación de eventos y actividades".

Si bien, el actual equipo directivo de la Ciutat de les Arts i les Ciències ha defendido este mismo miércoles que se han venido tomando diferentes medidas "en aras a hacer compatibles la celebración de estas actividades con la convivencia vecinal", entre las que incluyen la reducción del número y días de fetivales y conciertos así como la "adecuación de los horarios, desapareciendo los eventos con finalización más allá de las 02.00 horas".

“Todo el mundo sabe que hay actividades que son de determinada contaminación acústica”

Aunque el Ayuntamiento es la administración a la que la sentencia condena como responsable de garantizar los derechos fundamentales de los vecinos, este miércoles la alcaldesa de València recordaba que el Ayuntamiento “no interviene” en el contrato entre CACSA y los festivales porque la Ciutat de les Arts tiene "libertad absoluta para firmar este tipo de contratos sin intermediar el Ayuntamiento".

Así, Catalá ha indicado que "quien tiene que resolver" la situación son los promotores y CACSA. No obstante, Catalá, ha asegurado que el Ayuntamiento “acatará la sentencia” que les obliga a garantizar que se cumplen los derechos fundamentales de los vecinos. Sobre las medidas concretas que llevará a cabo el consistorio para garantizar el cumplimiento de estos derechos, Catalá ha reiterado que no son la administración competente para retirar los permisos a los festivales.

Sin embargo, la alcaldesa sí ha asegurado que velarán “por que se cumpla la ordenanza municipal de contaminación acústica” que fija unos decibelios máximos. De hecho, en el propio escrito que el Ayuntamiento ha remitido a CACSA se ordena “el cese inmediato y la prohibición de cualquier actividad que se desarrolle en el recinto que suponga el incumplimiento de la normativa en materia de contaminación acústica".

En este sentido, Catalá ha apostillado que “todo el mundo sabe que hay actividades que son de determinada contaminación acústica”, en una referencia velada precisamente a este tipo de eventos musicales.Cabe recordar, y así lo ha verbalizado Catalá, que pese a que la sentencia no es firme, un potencial recurso contra ella no sería "suspensivo", y por tanto la resolución "ya es de obligatorio cumplimiento del Ayuntamiento". Por tanto, ha insistido en que la corporación municipal ejecutará la sentencia.