VALÈNCIA. Aún quedaban piezas por encajar de Som de la Terreta, el polémico festival gratuito que subvencionó íntegramente la Generalitat Valenciana con motivo del 9 d’Octubre de 2024 y que organizó la promotora The Music Republic. El informe encargado por la Generalitat Valenciana para medir el retorno publicitario del festival, al que ha tenido acceso este diario, reduce de forma sustancial las cifras que manejaba la organización del evento y, con ello, reabre el debate sobre el alcance real del patrocinio público. Frente a los 8,3 millones de euros en impacto mediático que había calculado Presidencia, la auditoría independiente sitúa ese valor en torno a 3,9 millones. Menos de la mitad.

El documento, elaborado por OJD a petición de Presidencia, ha sido el que ha corregido la valoración ajustándola a partir de metodologías estándar del sector. Y el baile de la cifra es importante precisamente porque afecta a la principal justificación del contrato de patrocinio de 3,3 millones de euros que la Generalitat adjudicó a Iron Stage (la empresa instrumental de The Music Republic para esta ocasión).

Recordando el contexto, el patrocinio generó controversia desde su anuncio. No solo por su volumen —superior al conjunto de ayudas públicas a los festivales en la Comunitat Valenciana—, sino también por el procedimiento seguido: el contrato se adjudicó mediante un negociado sin publicidad y con una única oferta, porque Iron Stage tenía “derechos exclusivos (…) de propiedad intelectual e industria” sobre la marca Som de la Terreta.

En cuanto trascendieron algunas de las condiciones del patrocinio, del que informó este diario, el sector musical expresó su “preocupación” por el impacto de este tipo de decisiones en el equilibrio de la industria. 

Más tarde también se supo que, administrativamente hablando, la aprobación del patrocinio se hizo después incluso del anuncio del festival y a escasos días de su celebración. Compromís y PSPV anunciaron varias investigaciones y la Generalitat finalmente encargó el informe con el objetivo de “verificar el retorno publicitario y, por tanto, el beneficio obtenido como resultado de ese contrato”.

A lo largo de estos meses, bajo el argumento de que el expediente seguía abierto (aunque llegaron a pasar meses desde la celebración del evento), la Generalitat no había informado de más pormenores. El informe que protagoniza esta noticia está firmado en mayo de 2025 y tramitado a petición del grupo de Compromís en Les Corts. En este sentido, la diputada Verònica Ruiz ha destacado que "por fin hemos podido acceder al informe que llevamos meses y meses reclamando al respecto de aquel festival del Som de la Terreta. Y lo que confirma es lo de siempre: que el Partido Popular lo mejor que sabe hacer es mentir a la ciudadanía".

Otra metodología

El informe parte de una revisión completa de la documentación aportada por la organización del festival, desde campañas publicitarias hasta estimaciones de impacto económico. El principal punto de fricción está en la metodología utilizada. Mientras la promotora empleaba un modelo propio que incorpora factores "multiplicadores" —basado en herramientas de análisis digital—, la auditoría opta por la manera más habitual, la de calcular cuánto costaría comprar ese mismo espacio en medios.

Tras haber recalculado las cifras, el documento advierte de que el coste por cada mil impactos (CPM) aplicado por el organizador “parece resultar alto teniendo en cuenta la media del mercado”, lo que termina inflando el valor final. Al recalcularlo con parámetros habituales, el impacto publicitario se reduce prácticamente a la mitad.

No es la única puntualización. El informe señala también la imposibilidad de acreditar una de las principales campañas digitales del festival, una acción en redes sociales valorada en más de 600.000 euros. “No se ha encontrado la justificación de la ejecución de la campaña realizada en Meta”, recoge el texto. A pesar de esas dos observaciones, la auditoria da por suficientes las cifras aportadas con carácter general.

Con los datos revisados, el retorno publicitario del festival apenas superaría el importe del patrocinio público. Los 3,9 millones de euros en impacto mediático quedan cerca de los 3,3 millones invertidos por la Generalitat.

El informe destaca, en cambio, el impacto económico global del evento, estimado en 9,7 millones de euros. aunque esa cifra incluye tanto el gasto de los asistentes —más de siete millones— como los costes de organización del propio festival.

Para Ruiz, la valoración del informe confirma las sospechas de Compromís: "En su día ya denunciamos que Carlos Mazón estaba hinchando un contrato de casi 3 millones de euros para realizar tres conciertos y que estaba muy por encima de su coste real. Ahora está informe, que nos llega muy tarde, lo deja clarísimo: el Partido Popular manipuló cifras y se engrosaron los costes".

Una empresa ‘ad hoc’

El análisis del informe gana sentido cuando se cruza con las cuentas de Iron Stage, la empresa adjudicataria. En realidad se trata de una estructura instrumental que pertenece a The Music Republic. Fue constituida en enero de 2024 (es decir, nueve meses antes del contrato) y cerró su primer ejercicio con unos ingresos de 4,5 millones de euros y un beneficio neto de 416.000 euros.

Esto significa que prácticamente toda su actividad económica surge de la inyección directa de la Generalitat Valenciana. De esos 4,5 millones de euros en ingresos, la empresa reconoce en sus cuentas que 3,01 son aportaciones públicas.