Navarro: "Es necesario un aplazamiento de impuestos para que las empresas resistan"

VALÈNCIA. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) reclama al Gobierno que "muestre la sensibilidad que hasta ahora no ha tenido" y apruebe un aplazamiento en el pago de los tributos, teniendo en cuenta el calendario fiscal porque el 20 de abril termina el periodo. También pide que financie las necesidades de liquidez para que las empresas "resistan" la crisis.

Son algunas de las peticiones que ha puesto sobre la mesa su comité ejecutivo, reunido este jueves por videoconferencia para analizar las medidas destinadas a paliar los efectos económicos y laborales del coronavirus, informa la patronal autonómica en un comunicado.

Para evitar "mayores tensiones de tesorería", exige que se adelante el pago de las devoluciones de IVA a los sectores exportadores. "Esperamos que las medidas lleguen antes, no queremos que ocurra lo mismo que con la moratoria aprobada para las cuotas a la Seguridad Social de los autónomos", ha defendido su presidente, Salvador Navarro.

Aunque la CEV cree que esta medida fue positiva, lamenta que "llegó cuando los trabajadores por cuenta propia ya habían abonado la cuota de marzo, pese a no tener ingresos y tener que hacer frente a numerosos gastos".

Como balance, advierte que las cifras de paro y afiliaciones a la Seguridad Social del mes de marzo demuestran que "la crisis sanitaria ha puesto en jaque el empleo". La CEV espera que las nuevas medidas destinadas a apoyar a empresas y autónomos tengan en cuenta esta realidad y que, una vez aseguradas las de ámbito sanitario, se les dé carácter prioritario.

"Hay que pensar en el día después y en que podamos recuperarnos y crear empleo de la forma más rápida", ha insistido el titular de la patronal, evitando "al máximo" la destrucción del tejido productivo con aplazamiento de impuestos y financiación de las necesidades de liquidez para que las empresas resistan hasta que vuelva la actividad.

La organización empresarial valenciana agradece el trabajo que realizan los profesionales de la sanidad, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la cadena agroalimentaria, la distribución, la logística y el transporte o el sector industrial, entre otros.

También quiere que se reconozca la labor desarrollada del sector privado y que "no se contribuya con más modificaciones regulatorias de carácter autonómico a aumentar la presión con la que ya trabajan, especialmente los sectores esenciales".