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Nefis, el gran escollo del Consell PP-Vox en su primer año de gestión 

Foto: CORTS/José Cuéllar

A la Generalitat se le acumulan los retrasos en los pagos a proveedores, entidades sociales y personal por las incidencias de la nueva plataforma financiera; el Gobierno valenciano solo reconoce problemas puntuales y comienza a ponerse al día

13/04/2024 - 

VALÈNCIA. La nueva plataforma financiera de la Generalitat, Nefis, se ha convertido en el gran escollo del Consell del PP y Vox en su primer año de gestión (que se inició el pasado julio). Ya fueron numerosas las voces que en su momento calificaron el sistema como el primer 'marrón' heredado del anterior Gobierno autonómico conformado por el PSPV, Compromís y Unides Podem. Decían que iba a dar problemas... y los ha dado. 

El Ejecutivo valenciano acumula actualmente retrasos en los pagos a proveedores, entidades sociales y personal por incidencias con este sistema. En algunos casos ya se está poniendo al día, aunque las dificultades no han sido menores en estos meses de 2024. Desde el Consell se esfuerzan por hablar de una cuestión puntual, pero lo cierto es que afecta a varios departamentos, cuya gestión queda comprometida

Como ha venido informando Valencia Plaza, primero hubo que adaptar la elaboración de los Presupuestos de 2024 a esta plataforma. Luego llegaron los problemas con las nóminas de trabajadores sustitutos de la Generalitat. Posteriormente alcanzaron a los pagos a proveedores. Y también se han extendido a entidades sociales y diversos servicios. 

Los primeros a los que se notificaron los problemas a comienzos de año fue a los sustitutos. No iban a cobrar sus nóminas a tiempo. La noticia cayó como un jarro de agua fría entre los empleados, la mayoría trabajadores temporales que la Administración contrata para sustituciones y cuya estabilidad laboral es endeble porque cambian con cierta asiduidad de puesto de trabajo. Por lo que la necesidad de cobro de la nómina es especialmente imperiosa para hacer frente al pago de gastos inaplazables como hipotecas o alquileres.

La consellera de Hacienda, Ruth Merino, en su reciente comparecencia en Les Corts, reconoció retrasos en el pago de un total de 524 nóminas de sustituciones. Según sus cifras, afectaron a 400 trabajadores de servicios sociales, a 117 del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), a seis del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) y a uno del servicio valenciano de empleo (Labora).

Sin embargo, PSPV y Compromís hablan de más de 1.300 incidencias en los pagos de nóminas en Justicia y otras en las nóminas de más de 3.000 profesores. 

La consellera de Hacienda, Ruth Merino. Foto: EP/Rober Solsona   

A ello se añaden los problemas en Sanidad. El sindicato UGT trasladó a la Conselleria quejas recibidas desde diferentes colectivos de profesionales porque no habían cobrado las cuantías correspondientes a los módulos de refuerzo realizados durante los meses de enero y febrero de 2024. Se trata de la participación voluntaria de los profesionales, fuera de su jornada ordinaria habitual, en un programa específico de sustitución y refuerzo, con una retribución asignada.

La situación alcanzaba asimismo a trabajadoras y trabajadores de Atención Continuada (PAC y PAS) y atención primaria de varios departamentos de sanidad. Entre ellos, La Fe, Doctor Peset, Arnau-Llíria, Xàtiva-Ontinyent y Castelló, que no recibieron las dietas de octubre de 2023 (aquellas correspondientes a jornadas de 24 y 12 horas).

Los retrasos se han dado igualmente en el ámbito de Servicios Sociales. Uno de los casos más graves ha sido el de las familias de acogida, que tienen a su cargo a menores tutelados de la Generalitat tanto en la modalidad de familia extensa (con vínculos de parentesco) como educadora (sin estos vínculos). Asumen la guarda, cuidado, compañía, alimentación y educación de estos menores. El Gobierno autonómico les abona (en teoría mensualmente) la manutención y los gastos extraordinarios.

Han acumulado más de tres meses de retraso en los pagos, según trasladan algunas familias afectadas a este periódico. La Conselleria de Servicios Sociales les comentó que la demora se debía a la actualización de sus sistemas informáticos. Finalmente, el departamento que dirige Susana Camarero comunicó que ya se están poniendo al día y han abonado la cantidad de tres millones de euros en prestaciones económicas de 1.480 familias.

La situación en la que se encuentran tampoco es nueva. Los retrasos se producen con este Consell, pero también ocurría con los anteriores. "Siempre lo mismo. Si no es por una cosa es por otra", denuncian las familias afectadas.

Mazón, junto a los consellers de Sanidad, Servicios Sociales y Hacienda. Foto: GVA   
Algo similar ocurre con el Servicio Orienta, concertado con entidades especializadas, que ofrece asesoramiento legal, jurídico y psicológico, orientación laboral y educativa a lesbianas, gais, personas trans, bisexuales e intersexuales (LGTBI), sus familiares y personas allegadas. El Gobierno autonómico también les comunicó las dificultades de pago por los programas informáticos. 

UGT puso el foco igualmente en las entidades sociales sin ánimo de lucro que llevan a cabo una protección social a la que la administración pública no llega. Son, por ejemplo, aquellas que gestionan plazas públicas concertadas en residencias, centros y viviendas de mayores dependientes, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia de género, niñas y niños en situación de desamparo y personas en riesgo de exclusión social, a las cuales la Generalitat aún no ha pagado las facturas correspondientes al mes de enero. Aquellas destinadas a financiar los gastos de manutención y costes sanitarios de los usuarios con plaza concertada, así como a cubrir las facturas de suministro de energía y los salarios de los profesionales especializados que atienden estos centros y recursos del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

Con similares problemas se encuentran las residencias y centros propios de la Generalitat que atienden plazas públicas de mayores dependientes, personas discapacitadas, así como niñas y niños tutelados o en conflicto con la ley, y que se encuentran gestionadas a través de colaboración público privada mediante contrato público de gestión. La mayoría de estos recursos se gestionan sin contrato y las entidades no han cobrado de la Generalitat la totalidad de los gastos de manutención y costes de personal correspondientes al año 2023. 

De acuerdo con el sindicato, esto está está provocando que algunas entidades hayan tenido que acudir ya al Banco de Alimentos para poder garantizar la correcta alimentación de las personas usuarias atendidas. "La gravedad de la situación es tal que la deuda generada por este Consell en los citados centros públicos durante el primer trimestre del presente año ya se encuentra en niveles similares a la generada por el anterior Gobierno", señalan. 

Los retrasos en abonos a las entidades que corresponden a la acción concertada sí han sido generalizados ante una situación inusual y la Conselleria de Servicios Sociales les ha comunicado el trabajo que se está realizando para solventarlo lo antes posible por los problemas informáticos. Una vez más, Nefis. 

Proveedores e Ivia

Como publicó este periódico, los atrasos llegan a los proveedores de la Generalitat. Algunas fuentes apuntan a fallos en el volcado de los datos en el inicio del año, lo que provoca que no se esté pudiendo abonar la factura cuando toca. De hecho, indican que hay funcionarios picando a mano los citados datos y que mientras tanto reciben formación sobre cómo usar el sistema para el pago de facturas.  

Lo primero que se volcaron fueron todas las obligaciones adquiridas del año pasado. Lo que se conoce como el pago mediante resarcimiento por enriquecimiento injusto. Se trata de facturas pendientes por obligaciones comprometidas en 2023 sin que existiera crédito adecuado y suficiente y las cuales se tienen que asumir ahora con el Presupuesto de 2024. Desde la Conselleria de Hacienda trasladaron que algunos de los retrasos se deben al recurso a este tipo de pago.    

Sin embargo, el malestar de los funcionarios ya viene de largo. Y las críticas al actual Ejecutivo vienen por no haber realizado una transición bien planificada entre el anterior programa y el actual. Además, entienden que la formación recibida para su manejo ha sido insuficiente

La consellera de Servicios Sociales, Susana Camarero. Foto: EP/Rober Solsona   

La situación de las entidades o servicios sociales varía. Algunas pueden resistir 'a pulmón' unos meses si cuentan con recursos propios. Otras no. En algunos casos han de recurrir a que los bancos les adelanten préstamos presentando un reconocimiento de deuda por parte de la Generalitat. Algunas fuentes apuntan a que estas solicitudes incluso han llegado al Instituto Valenciano de Finanzas (IVF). Desde la Conselleria de Hacienda únicamente subrayan que la línea de financiación del banco público dirigida a entidades sociales mediante el anticipo de los derechos de crédito derivados de acciones concertadas y de subvenciones otorgadas por la Generalitat lleva varios ejercicios a disposición de estas entidades y que la línea de 2024 está dotada con 75 millones y se ofrece en mejores condiciones que en años anteriores. 

Las dificultades han alcanzado del mismo modo a organismos como el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (Ivia), que ha protestado por lo que califica de una "completa paralización económico administrativa" derivada de la implantación de Nefis. De hecho, las organizaciones agrarias de la Comunitat Valenciana al completo pidieron al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que se suspendiera la implantación de Nefis en el Ivia

Denunciaron que las consecuencias de esta situación son "muy graves" y se concretan en la suspensión de compra o adquisición de reactivos, material fungible o equipamiento científico, y de reparaciones de equipos y mantenimiento de infraestructuras; ralentización en la contratación de personal, y paralización de ensayos en marcha.

También en la dificultad para participar en nuevas propuestas de proyectos y contratos de investigación con empresas y la incertidumbre en la gestión de los gastos para participación en congresos y reuniones científicas, jornadas divulgativas, cursos, reuniones técnicas y ensayos de campo. "Para el sector agrario, las consecuencias son la inviabilidad en el desarrollo de proyectos del IVIA y en la transferencia de resultados, reducción de la competitividad para conseguir fondos europeos y pérdida de prestigio del IVIA como centro de referencia", afirmaron.

Un lío heredado... pero con la inversión ya realizada 

La nueva plataforma económico financiera Nefis se anunció por parte del anterior Consell como aquella que suponía la transformación digital de la administración ante el atraso que padecía. A través de ella se iba a gestionar el sistema económico y financiero del Gobierno valenciano y sus organismos autónomos. Y se preveía incluir, por ejemplo, las aplicaciones para la gestión de cuestiones de tanta importancia como las nóminas de la Generalitat, los contratos públicos, las subvenciones o los impuestos.

Adjudicado en 2019 al grupo Inetum –que adquirió Informática El Corte Inglés–, el contrato fue de 16,5 millones de euros con IVA por un periodo de tres años. Finalizaba en diciembre de 2022 y estaba cofinanciado por la Unión Europea a través de los Fondos Feder. Debido a los retrasos para su puesta en marcha, el Consell tuvo que modificarlo. En junio de 2021, el plazo de ejecución se amplió a diciembre de 2023, con el consiguiente incremento del coste (en un 25%), que pasó a los 20,7 millones de euros (sin IVA) y en la actualidad se sitúa en 24,5 millones la inversión realizada.  

Después de posponerse año tras año por multitud de causas (pandemia, problemas, falta de formación y reticencias de los funcionarios, riesgo en año electoral…), la Sindicatura de Comptes emitió el pasado septiembre un informe con tirón de orejas al anterior Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem). Recordó que Nefis era el proyecto de transformación digital de la gestión económica más importante puesto en marcha en los últimos 20 años por la Generalitat y que había que seguir adelante con él pese a todo. Sus objetivos, indicó, habían sido "muy ambiciosos", acordes con la urgencia, pero "poco realistas". Lo cual derivó en un sobrecoste del 48% y un retraso en los plazos de ejecución previstos inicialmente (que pasaron de 36 a 60 meses). Con esta recomendación de ponerlo en marcha igualmente, el nuevo Consell decidió que se aplicaría en 2024. Se trataba de un lío heredado del Botànic, pero la inversión ya estaba realizada. 

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