BENIDORM. Nuevos movimientos para el derribo del edificio Gemelos 28 de Benidorm. La Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana va a calcular las indemnizaciones que tendrá que hacer frente por la demolición de las dos torres, y lo hará a través de una empresa externa. El organismo autonómico ha sacado a licitación el servicio de asistencia técnica para la gestión de toda la documentación necesaria. Los resultados finales se esperan para el 2026, aunque podrían demorarse a 2027.
Como es sabido, el edificio está pendiente de derribo a ejecutar por parte de la Generalitat. El Tribunal Supremo en 2012 en su sentencia declaró contraria a derecho la autorización para la construcción de este complejo residencial otorgada por la Dirección General de Puertos y Costas, dirigida entonces por el popular Rafael Blasco. El fallo mantenía que estaba ocupando la zona de servidumbre de protección de costa. Cinco años más tarde, fue el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana la que mantuvo la demolición como única forma posible de ejecución de la sentencia. Todo ello sabiendo que se podrá edificar, pero unos seis metros más atrás de donde se sitúan ahora.
Una vez comprobados todos los inmuebles existentes en las dos torres de 21 plantas, Conselleria ha lanzado este procedimiento que servirá para identificar las personas propietarias de las viviendas, plazas de garaje, trasteros y locales, así como las que sean titulares de otros derechos reales y los posibles arrendatarios. Además de ello, emitirá los informes de tasación de cada uno, sin considerar las hipotecas o cargas que puedan gravarlos.
Tal y como figura en el pliego de prescripciones técnicas de esta licitación, Gemelos 28 cuenta con 327 inmuebles catastrales, de los cuales 168 son viviendas, otras 157 figuran como plazas de garaje y trastero, un local deportivo y otro comercial. En su día, calcularon que podría llegar a unos 100 millones de euros de coste. Ahora, la Generalitat tiene fecha: la Comisión Judicial que preside el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha marcado octubre de 2029 para que comience el derribo. Por lo que se dispone a concretar las indemnizaciones para responder económicamente por responsabilidad patrimonial.
Para ello, han optado por contratar a una empresa externa puesto que "la valoración de los bienes que integran el complejo Gemelos 28 de Benidorm es un procedimiento que precisa la intervención de un equipo humano multidisciplinar experto en tasaciones inmobiliarias, del que no se dispone en la Dirección General de Costas, Puertos y Aeropuertos por no ser esta materia de su competencia", recoge el anexo.
Plazos
El plazo para la presentación de ofertas ha comenzado y terminará el próximo 3 de septiembre. El periodo de ejecución es de 12 meses con posibilidad de prórroga por otros seis meses más. Y cuenta con un presupuesto de 136.197,60 euros, impuestos incluidos. La resolución de Conselleria para aprobar el contrato distribuye las cuantías por anualidades: 45.399,20 en 2025 y otros 90.798,40 en 2026. En el caso de que aprobaran la prórroga, el presupuesto asciende a 204.296,40 euros. De este modo, se añadirían otros 45.399,20 euros para los meses de 2026 restantes y 22.699,60 euros en 2027.
El escenario más rápido sería disponer de un resultado final en 2026. Según las fases planteadas por el pliego, en los tres primeros meses de contrato desde su formalización, la adjudicataria tendrá que identificar a las personas titulares de derechos sobre los inmuebles, tanto propietarios como arrendatarios. En los siguientes nueve meses desde que se dé por terminada la primera fase, tendrá que emitir un informe de valoración de todo lo anterior y presentar una fórmula de cálculo para la actualización de la cuantía de las indemnizaciones con referencia en el año 2026, con arreglo al Índice de Garantía de la Competitividad y, en su caso, las variables adecuadas para los periodos en los que no se dispusiera de este.
Además, Conselleria especifica que los informes de tasación de los inmuebles tendrán que referir la valoración que tenían a fecha de la sentencia, es decir, 23 de julio de 2012, y reseñan: "Los informes de tasación de los inmuebles no se realizan para finalidades hipotecarias u otras regladas: son peritaciones individualizadas".
Para el procedimiento de evaluación exigen que la empresa visite al menos una vivienda de cada tipología en cada una de las 21 plantas en todas las escaleras del complejo residencial. Con ello, esperan llegar mínimo al 26% de las casas afectadas, mismo porcentaje para los trasteros y garajes. Asimismo, requieren que se visiten los dos locales de la planta baja.
