La Comunitat Valenciana está siendo objeto de un maltrato institucional intolerable por parte del Gobierno de España. Mientras otras comunidades reciben apoyo directo ante situaciones excepcionales, y no tan excepcionales, a nosotros se nos niega incluso lo más elemental: la posibilidad de acceder al Fondo de Liquidez Autonómica extraordinario. Por primera vez en 12 años, la Generalitat Valenciana no ha recibido estos recursos imprescindibles para mantener servicios esenciales y atender a los proveedores.

Hemos tenido que recurrir a un crédito de 1.816 millones de euros. Nos ofrecen la misma “solución” que para cubrir las necesidades de la Dana: el endeudamiento.  Pedro Sánchez ha decidido castigar a esta tierra justo cuando más lo necesita, después de la peor catástrofe natural en la historia de este país y, probablemente, de Europa. 

No es una cuestión técnica ni presupuestaria: es una decisión política que pone en evidencia el maltrato sistemático y el agravio comparativo que sufrimos por cálculo electoral y sectarismo. Nos quieren asfixiar, no les importa vernos sufrir (ni al gobierno Sánchez ni a los múltiples satélites “sanchistas” en la Comunitat, incapaces de plantarse, reclamar y defendernos) como única estrategia política de presión para forzar el descontento e intentar con ello ganar en las urnas.

Esta actitud irresponsable e indigna, que raya la perversión política y la crueldad personal en cuanto es a personas -muchas- a quienes afecta, junto con la constante dejación de funciones, agrava aún más la situación de emergencia que vive la Comunitat Valenciana. 

Casi nueve meses después de las devastadoras riadas, seguimos sin un plan coordinado de reconstrucción con el Estado. Se nos niega la Comisión Mixta que permita, de una vez, gestionar eficazmente los recursos, como sí se hizo con la erupción del volcán en La Palma. 

Se ignoran peticiones tan básicas como la limpieza del nuevo cauce del Turia, la de nuestras playas, la recuperación del Parque Natural de la Albufera o la reparación de infraestructuras esenciales para recuperar la normalidad en las zonas afectadas.

El Gobierno de España ha puesto en marcha una auténtica operación de asfixia financiera en el peor momento. El castigo económico busca debilitar al gobierno autonómico, y a los locales dirigidos por los que ven como adversarios políticos en lugar de pensar en sus vecinos, mientras se favorece a los aliados parlamentarios del Ejecutivo, hostiles al propio concepto de España de la que dicen querer salir, y se mantiene un sistema de financiación desequilibrado que perpetúa las desigualdades entre territorios.

Porque mientras la Comunitat Valenciana sufre, el Gobierno de España ha cerrado con Cataluña el “cuponazo separatista”: privilegios fiscales y trato singular con el único objetivo de contentar a sus socios parlamentarios y perpetuarse en el poder.

Esto resulta especialmente grave porque la Comunitat Valenciana es la autonomía peor financiada de España. Arrastra una deuda histórica provocada por un sistema injusto que nos penaliza año tras año y nos obliga a pagar como ricos para recibir como pobres.

Lo más lamentable es que esta decisión consciente y premeditada de excluirnos de los mecanismos de solidaridad nacional no perjudica a los gobiernos ni a los políticos, sino directamente a los ciudadanos valencianos. 

Hemos pasado del “si quieren ayuda, que la pidan” al “si necesitan financiación, que se endeuden”. Y así se agrava el problema, trasladándolo a las próximas generaciones e hipotecando el presente y el futuro de nuestra tierra.

Y mientras nos siguen poniendo palos en las ruedas, gestionamos con más fuerza y determinación. La reconstrucción avanza, gracias a los 2.364 millones de euros que la Generalitat ha invertido con recursos propios. Los datos económicos demuestran que somos una región que crece. El paro ha caído en más de 17.500 personas en el último año. Somos la tercera autonomía que más inversión extranjera recibe. En apenas dos años hemos atraído cerca de 10.000 millones de euros y creado 40.000 empleos. La Comisión Europea nos sitúa por primera vez en la historia como región “fuertemente innovadora”, superando a otras zonas europeas como Lombardía o Münster.

Y a pesar de tener el viento en contra, cada vez brillamos más. El impulso que le estamos dando a la ciudad de València desde el gobierno liderado por la alcaldesa María José Catalá se materializa en proyectos transformadores como el PAI del Grau: 93.000 metros cuadrados para un hub tecnológico que convertirá a València en un polo de atracción de talento e inversión internacional. Somos una tierra que cumple, que innova, que progresa.

Y lo hemos hecho solos. Sin el apoyo que merecemos, sin partidas extraordinarias del Estado, ni explicaciones. Pero con trabajo, con compromiso y con el respaldo de una ciudadanía valiente y resiliente, que está cansada de ser siempre la última en la lista.

No pedimos privilegios. Pedimos justicia. Pedimos que se nos trate con el respeto y la equidad que dicta la Constitución. Que se atienda a nuestras necesidades con los mismos criterios que se aplican a otras comunidades. Porque ningún Gobierno debería tener como estrategia la desigualdad entre territorios y entre sus ciudadanos. 

Nuestra responsabilidad es ser altavoz de esa exigencia. Y seguiremos haciéndolo. Porque los valencianos no deben seguir soportando tanto menosprecio. Porque esta tierra se levanta, crece y avanza. Y merece, de una vez por todas, un Gobierno nacional que esté a su altura.