Comunitat Valenciana

La edil de Urbanismo de Alboraya señala a los técnicos por la presunta construcción ilegal de la piscina municipal

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VALÈNCIA. Nueva jornada de declaraciones en el marco de la causa que investiga la presunta construcción ilegal de una piscina municipal por parte del Ayuntamiento de Alboraya. Las pesquisas se centran en esclarecer las normas urbanísticas de aplicación a la infraestructura, en un suelo ubicado en el linde entre ambos municipios. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del Cap i Casal califica los terrenos como no urbanizables y como huerta protegida, mientras que los responsables municipales defienden que la instalación se ubicaría en Alboraia y sería suelo urbanizable para equipamiento.

La concejala de Urbanismo del municipio de l'Horta Nord, Ana Bru, pasó este martes por el juzgado de instrucción 19 de Valencia a declarar como investigada, donde se descargó de cualquier responsabilidad sobre la presunta construcción ilegal. En ese sentido, según ha podido saber este diario, aseguró que ella actuó con el convencimiento de que la infraestructura se ubicaba en unos terrenos del término municipal de Alboraia. Asimismo, alegó no tener conocimientos en materia urbanística y haber atendido a lo dicho por los técnicos.

Cabe recordar que el propio Plan General de Alboraya, aprobado en 1991, recoge en su planeamiento los terrenos en cuestión pero incluye una anotación clave para esta cuestión, y es que la parcela se encuentra en "término municipal de Valencia actualmente [1991] en trámite de segregación e incorporación al término municipal de Alboraia como suelo de equipamiento". El Ayuntamiento de Alboraya inició en ese sentido los trámites de segregación con el consistorio de la capital del Túria pero, según explicó en su declaración también el alcalde alborayense, Miguel Chavarria, el procedimiento nunca se llegó a materializar y quedó en un cajón.

De ello se deduce que, en la práctica, este suelo nunca llegó a cambiar de término municipal, de manera que seguiría obedeciendo a las normas urbanísticas de València, que lo califican como no urbanizable y huerta protegida. En ese sentido, la edil de Urbanismo reconoció ante el juez que hubo reuniones con el Ayuntamiento de València para avanzar en el procedimiento de segregación, en las que sin embargo, nunca comunicó que su municipio estaba construyendo allí una piscina municipal. De hecho, tal como han corroborado técnicos, nunca se presentó solicitud de licencia para llevar a cabo las obras.

Otro aspecto que vendría a refrendar la partenencia de la parcela a València ciudad es que el consistorio de Alboraya pagó el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a la capital por estos terrenos. La propia Bru reconoció ante el magistrado la sorpresa por el cobro del impuesto en ese momento y que entonces, su gobierno municipal, buscó reactivar el proceso de segregación. Lo cierto, sin embargo, es que no se ha probado que el ayuntamiento de Alboraya devolviera el recibo ni recurriera el cobro por parte de la capital.

En su declaración, el alcalde, que accedió a la vara de mando en 2011, explicó que a los seis años de gobernar el Catastro reclamó a Alboraia el pago del impuesto porque, precisamente, la segregación no se había culminado. Así, explicó que en aquel momento "se pagó el IBI [...] pero sin aceptar que ello fuera adecuado" y cifró en unos 50.000 euros anuales el montante que el consistorio de Alboraia paga al de València en concepto del IBI por todas las construcciones ubicadas en esta parcela, que además de la nueva piscina, ya contaba con otras instalaciones como un campo de fútbol, una piscina cubierta o un pabellón para deportes también cubierto.

Para el Ayuntamiento de València, no hay ninguna duda. Su secretario municipal remitió al juzgado un informe de la sección de Territorio y Asuntos Especiales en el que concluye tajantemente que "las instalaciones deportivas referidas en la documentación remitida por el juzgado están ubicadas en el término municipal de València", confirmando así lo manifestado por el secretario del área de Urbanismo que declaró como testigo en la causa.

Este martes también declaró como investigado en la causa el arquitecto del despacho contratado por el Ayuntamiento de Alboraya para el proyecto de la piscina, pero sin muchas novedades respecto a la declaración que prestó en como testigo en su momento. Así, se reafirmó en señalar la responsabilidad del consistorio en el cumplimiento o no de la legalidad urbanística. Como testigo, y con la obligación de decir verdad, dijo que fue el propio Ayuntamiento de Alboraia el que les instó a seguir su planeamiento urbanístico y no el de València, si bien el proceso de segregación de la parcela no se había ejecutado.

También estaba citado a declarar el exalcalde de València, Joan Ribó, como investigado en la causa pero el juzgado no ha podido dar con él tras intentar notificarle la citación hasta en cinco ocasiones. Según su equipo, ni el ex primer edil ni su abogado recibieron la notificación. El juzgado tendrá ahora que citarle de nuevo. La suya sería la última declaración de calado.

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