VALÈNCIA. Los Colectivos Locales de Emergencia y Resiliencia ha presentado un contundente documento de alegaciones en el marco de la consulta pública del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el plan de recuperación y mejora de la resiliencia frente a las inundaciones provocadas por la Dana en la Comunidad Valenciana. En sus aportaciones, los colectivos no solo critican la insuficiencia de las medidas propuestas, sino que exigen actuaciones valientes y estructurales para hacer frente a un riesgo que consideran cada vez más urgente. La propuesta más rotunda y llamativa es la petición de eliminar el Circuito Ricardo Tormo de Cheste.

"En los últimos meses, los colectivos y la Escuela CiutaDana han estado organizando en los municipios afectados, arrasados por el barro y el agua, mesas redondas y conferencias con expertos en clima, hidráulica, emergencias, urbanismo, ecología e infraestructuras", explican al respecto: "Gracias a ello, la ciudadanía ha tomado conciencia de las necesidades reales del territorio y de las posibles soluciones". Aunque reconocen que algunas soluciones planteadas por el Gobierno son "adecuadas", señalan que el Plan es "totalmente insuficiente". "Además, en la mayoría de los casos no concreta las medidas a realizar, ni los plazos, ni los presupuestos", denuncian.

Así, en su documento de alegaciones reclaman la "eliminación del Circuito Ricardo Tormo por ser una actividad insostenible de grave impacto ambiental continuado y por haber ocupado una llanura de inundación, absorción y regulación de riadas en el barranco del Poyo”. A ello suman la exigencia de reponer toda esa área –que incluye también zonas de aparcamiento de distintas marcas automovilísticas– como espacio de laminación con estructuras de contención. Según denuncian, todo el complejo fue construido en terrenos de dominio público hidráulico, lo que no solo agrava el riesgo de inundaciones sino que impide que el terreno cumpla su función natural de absorción y regulación de aguas.

Los colectivos extienden sus alegaciones a otras zonas especialmente vulnerables, como los barrancos de Picassent y del Poyo, que han sido ocupados por industrias y urbanizaciones. Proponen recuperar esos terrenos como suelo agrícola inundable, paralizando inmediatamente proyectos como el del Parque Empresarial Pont dels Cavalls en Aldaia, y actuando también sobre los polígonos de Ribarroja del Túria situados entre la AP-7 y la A-3.

Insisten en que deben generarse más zonas artificiales inundables en los tramos altos y medios de cuencas como las del Poyo, Magro y Carraixet, con el objetivo de retener aguas y sedimentos antes de que alcancen núcleos urbanos. Además, echan en falta una mayor concreción técnica en las llamadas medidas basadas en la naturaleza, reclamando detalles sobre su eficacia y capacidad hidráulica. Proponen construir fajinas, azudes y estructuras de contención en los cauces medios y altos de los barrancos, así como limpiar las ya existentes, muchas de ellas obstruidas por fangos.

Consideran clave fomentar la agricultura regenerativa con cubiertas vegetales en lugar de la labranza convencional, como fórmula para mejorar la infiltración y frenar el arrastre de sedimentos. También piden potenciar la vegetación de ribera y la cobertura vegetal en general, para reducir la velocidad del agua y aumentar la capacidad de absorción del terreno.

Otro de los ejes de sus alegaciones es la necesidad de suspender por ley cualquier licencia de construcción en zonas inundables. Reclaman que se dejen de otorgar licencias de edificación o habitabilidad para viviendas únicamente en planta baja, que se prohíban los garajes subterráneos, y que los Planes Generales de Ordenación Urbana se adapten para sacar viviendas de las zonas más expuestas. Exigen incluso la derogación de ordenanzas urbanísticas recientes que, según afirman, “atentan contra la existencia de la huerta”.

Respecto al barranco del Poyo, proponen una ambiciosa ampliación de su sección a su paso por Catarroja y Massanassa, con la construcción de un cajón inundable que sirva también como vía ciclopeatonal. Para ello, plantean reducir el ancho de la ronda Norte de Catarroja y revertir zonas urbanas e industriales a espacios permeables. Subrayan la necesidad urgente de sustituir infraestructuras que actúan como tapones hidráulicos, como el puente del Camí Real, que según explican “reduce el ancho del barranco de 70 a 35 metros, produciendo inundaciones recurrentes”. Proponen su traslado completo, manteniéndolo como elemento arquitectónico fuera del cauce por su valor patrimonial pero nulo rendimiento hidráulico. También reclaman la retirada de un conjunto de naves industriales para ampliar el paso del agua bajo la V-31, así como la apertura de los ojos cegados del puente de la V-31 sobre el barranco de Picassent, de los cuales solo tres están operativos de un total de veintidós.

En el interior de los municipios, apuestan por canalizaciones subterráneas como un gran colector bajo la avenida Rambleta de Catarroja para reconducir el agua hacia la acequia de Albal, y por colectores de pluviales en todas las calles en sentido oeste-este. Proponen además tanques de retención bajo explanadas asfaltadas y pasos subterráneos adicionales en la CV-31 para evitar el efecto barrera. Donde haya oportunidad, piden sustituir el asfalto por pavimentos permeables para facilitar la infiltración y recarga de acuíferos.

En el ámbito del transporte, los colectivos sugieren sustituir el actual trazado ferroviario entre Silla y La Torre por un tranvía urbano o trolebús, acompañado de un eje verde peatonal y ciclista, desviando las cercanías por el trazado del AVE nunca utilizado entre La Encina y Valencia.

Otra propuesta destacada es la creación de un gran bosque urbano lineal entre la CV-400 y poblaciones como Albal, Benetússer o Massanassa, con huertas comunitarias, pozos de recarga, franjas de infiltración y vías elevadas de salvamento. Consideran vital también replantar árboles en medianas y rotondas como medida contra la erosión y la escorrentía superficial, y sugieren que las rotondas cuenten con núcleos centrales elevados y arbolados para servir como puntos seguros ante una riada.

En su defensa del territorio agrícola, insisten en proteger totalmente la huerta, el suelo rústico y los marjales, exigiendo la reversión de la ley autonómica de huerta para blindar estas zonas frente a la urbanización. Rechazan cualquier construcción en planta baja que no disponga de una planta superior como vía de evacuación.

En relación con otras áreas sensibles, como el río Sot, el Parque Natural del Túria y Pedralba, reclaman la creación de una depuradora en Sot de Chera, la reparación de la presa de Buseo, la eliminación de muros en la carretera de Chera y la limpieza integral del lecho del río. Piden recuperar espacios de ocio junto al río con criterios de sostenibilidad y naturalización. Para el Túria exigen una reconstrucción profunda con zonas de laminación y estructuras de contención, así como la recuperación de acequias, huertas y bosques de ribera. En Pedralba, se oponen frontalmente a la variante sur de la Diputación, que “rompe transversalmente el Parque Natural” y demandan el traslado del puente actual que, afirman, ha sido responsable de inundaciones recientes.

Por último, exigen un sistema de detección de caudales y alerta temprana en todos los ríos, ramblas y barrancos del País Valenciano, tanto en zonas altas como bajas, garantizando su mantenimiento y acceso público a la información.