VALÈNCIA. Este martes volvió a retumbar en Madrid el problema valenciano cuya resolución vienen reclamando todas las fuerzas políticas con sede en la Comunitat desde hace años: la reforma del sistema de financiación autonómica. Un modelo caducado desde 2014 que sigue sin modificarse y que arroja un reparto que sitúa al territorio valenciano como uno de los principales perjudicados dentro del Estado español.
Cabría pensar que, si partidos como el PP o el PSOE han dominado La Moncloa durante este espacio de tiempo, deberían haberse afanado en una solución para la remodelación del mencionado sistema. No obstante, los problemas estratégicos que genera afrontar este cambio por las diferentes reivindicaciones de las CCAA, han convertido este conflicto en una 'patata caliente' que ninguno de los dos grandes partidos se atreve a manipular.
En este contexto, el Senado rechazó ayer la solicitud del Partido Popular para que la ministra de Hacienda en funciones, la socialista María Jesús Montero, y los diferentes consejeros de Hacienda de las Comunidades Autónomas, comparecieran en la Cámara Alta para explicar y abordar los problemas relacionados con la financiación autonómica como consecuencia de tener un Gobierno en funciones.
Precisamente esta fue la razón que dieron los socialistas para servirse de su mayoría para impedir la comparecencia. "Queremos un debate serio y poder hacerlo con un Gobierno que no esté en funciones porque esto no es un club de debates sino una institución pública que debe dar respuesta a los ciudadanos", explicó el portavoz socialista en el Senado, Ander Gil. Una proclama que respaldó la parlamentaria valenciana Mercedes Berenguer, quien calificó de "cínica" la petición del PP: "Mientras estuvieron siete años de Gobierno no hicieron nada y ahora sorprendentemente exigen un nuevo modelo de financiación a un gobierno en funciones", criticó.
Sí y no. Es cierto que los populares con Mariano Rajoy al frente nunca se decidieron durante su mandato a afrontar la reforma del sistema que perjudica a los valencianos. Es más, el entonces presidente del Gobierno se comprometió públicamente -tras tres años de caducidad del sistema- a culminar la remodelación en 2017; promesa que cayó en saco roto y que no pasó de largas y tediosas comisiones técnicas y políticas.
No fue más productiva para los valencianos la posición adoptada por el socialista Pedro Sánchez, quien alcanzó el poder mediante una moción de censura el pasado año y se escudó en su débil posición parlamentaria para dar ese paso. Ahora, tras los comicios, el presidente del Gobierno en funciones se limitó, en un encuentro celebrado en València a principios de agosto con Ximo Puig y Mónica Oltra, a aceptar poner sobre la mesa una propuesta concreta para la reforma del sistema en un plazo de ocho meses desde que se forme -si es que lo hace- el nuevo Ejecutivo.
Difícil saber, dado el recorrido que queda por andar, si ese compromiso será o no papel mojado aunque haya pacto entre PSOE y Podemos y no se repitan las elecciones generales. En los últimos años, las dos fuerzas mayoritarias han demostrado que la reforma del sistema de financiación es un asunto en el que tienen poca rentabilidad política que lograr dado que sin un aumento importante de recursos todo se dirige a que unas regiones pierdan en detrimento de otras. O lo que es lo mismo, una manta demasiado corta que o no cubre la cabeza o deja fríos los pies según la comunidad autónoma que lo mire. El hecho de que los socialistas rechazaran este martes que la ministra compareciera para debatir sobre esta cuestión evidencia el poco interés que existe del partido gobernante de turno en meterse en este abandonado jardín.
Curiosamente, cabe recordar que cuando Rajoy gobernaba y el PP tenía mayoría en el Senado, el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, solicitó oficialmente comparecer en la Cámara Alta precisamente para poner en relieve el problema valenciano. Una petición que los populares, con el control entonces del Senado, impidieron pese a la indignación del Gobierno valenciano, el mismo que ahora calla ante el rechazo a dar un debate público sobre la cuestión.
O al menos una parte de él, dado que tanto el representante de Compromís en la Cámara Alta como los de Podemos -ambos partidos que comparten Consell con el PSPV- sí votaron a favor de la solicitud del PP en el Senado, lo que evidencia la disparidad de criterios que emana del propio Ejecutivo valenciano respecto al camino para potenciar la reivindicación de reforma del modelo.
Este es el dedo en la llaga que puso este martes el PPCV, que a través de su portavoz adjunta en el Senado, la castellonense Salomé Pradas, calificó de "traición a los valencianos" la negativa socialista a su propuesta. "Al final los diputados socialistas valencianos responden a la voz de su amo, que desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa se ha quedado mudo en materia de financiación. Olvidan que se deben a los valencianos antes que al PSOE", lamentó. Una misma enfermedad que padecieron los miembros del PP de la Comunidad Valenciana cuando Rajoy era presidente del Gobierno y obvió durante años la reforma del sistema.