Ximo Puig y Mónica Oltra. Foto: VALÈNCIA. La ley de Publicidad Institucional de la Comunidad Valenciana aprobada en mayo de 2018 generó fuertes divisiones durante su tramitación entre los socios del Gobierno valenciano -PSPV y Compromís-. El punto que pretendía vetar que el Consell insertara publicidad en aquellos medios que contuvieran anuncios de prostitución y que finalmente salió adelante fue el principal motivo de desencuentro entre ambas formaciones.
Ahora bien, la norma planteada por los valencianistas presentaba también otra serie de prohibiciones para evitar que esta herramienta se utilizara con motivos "propagandísticos" en periodos electorales de los partidos que hubieran ocupado las instituciones que también generaron incomodidad. Limitaciones que, con el adelanto electoral impuesto por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, condicionarán ahora la agenda de las instituciones valencianas.
La ley establece no solo prohibiciones en periodo de campaña electoral -en esta ocasión, del 12 al 26 de abril-, sino desde "el día en el que se anuncia la convocatoria" de los comicios. Es decir, el pasado lunes 4 de marzo. Casi dos meses en los que los altos cargos, seguramente, consultarán más de una vez la larga lista de restricciones que contempla la ley para saber qué pueden hacer y qué no.
Entre las prohibiciones expresas de la normativa destacan algunas como la de vetar los actos de "puestas de primeras piedras, de inauguración o similares, de inicio de construcción de obra financiada, total o parcialmente, con fondos públicos". Un redactado que impide, por ejemplo, que ningún cargo acuda al inicio de las obras de la línea T2 -recientemente rebautizada como E10- de Metrovalencia cuando estas comiencen a principios de abril, tal y como ya anunciaron en su día.
De la misma manera, no podrán "organizar actos para instalar placas conmemorativas" que hagan referencia a cargos electos o en los que se "estrenen obras acabadas financiadas con dinero público" que incluyan, además, "viajes en cabina de conductor" de los altos cargos respecto a infraestructuras de transporte público colectivo. Tampoco el gobierno ni ninguno de sus integra "entregar llaves de bienes inmuebles", sino que deberán hacerlo los funcionarios sin escenificación pública.
Por otra parte, existe prohibición expresa de no realizar publicidad subliminal o aquella cuya finalidad sea "destacar los éxitos de la gestión o los objetivos conseguidos" por los miembros del Botànic -consellers, secretarios autonómicos, directores generales, subsecretarios...- o representantes de "organismos autónomos o entidades de derecho público que dependen de la Generalitat y de cualquier tipo de entidades creadas con más de un 30% de capital público".
Otra de las consideraciones de la ley significativa es la que determina que las "campañas institucionales y las publicaciones institucionales se desarrollarán exclusivamente cuando concurran razones de interés ciudadano público y en el ejercicio de competencias propias". Teniendo en cuenta este apartado, la publicación de campañas quedarían sujetas al calendario y a limitaciones de contenido. Por ejemplo, cuando se inicie el periodo en el que se deba presentar la declaración de la renta, la administración podrá poner publicidad en los medios de comunicación a modo de recordatorio, pero no podrá ir más allá de ofrecer esa información.
Asimismo, el artículo 11 de la norma establece que en periodo electoral -del 4 de marzo al 26 de abril- y el día en el que se celebren los comicios autonómicos no se podrá realizar publicidad institucional. Además, añade que en las campañas institucionales que se realicen para promover la participación, no se podrán utilizar "eslóganes, simbología o elementos publicitarios identificables con un partido político". De la misma manera que prohíbe que las formaciones políticas utilicen durante la campaña electoral eslóganes, simbologías o elementos publicitarios "identificables con las campañas institucionales".
