Imagen de la reunión de los grupos celebrada este martesVALÈNCIA. Tras más de siete años, la reforma del Estatuto valenciano llegará al pleno del Congreso de la próxima semana para ser debatida y votada después de conseguir el acuerdo por parte de los grupos parlamentarios en la ponencia reunida este martes.
El siguiente paso tendrá lugar el jueves en la Comisión Constitucional, que a priori será un trámite dado el pacto entre las distintas fuerzas políticas para llevar adelante la reforma que incluye en el artículo 52 la reivindicación de que las inversiones del Estado en la Comunitat sean acordes al volumen de la población, además de recoger que la Generalitat "participará de las decisiones" sobre las citadas inversiones en territorio valenciano.
Un paso en el que, y esto es extraño de ver, todas las fuerzas con representación en Les Corts están de acuerdo excepto Ciudadanos. Así, PPCV, PSPV, Compromís y Podem han ido de la mano en esta cuestión y, pese a ciertos rifirrafes propios de la acción política, han mantenido su alianza sobre este asunto. Una sintonía de la que Cs prefirió desmarcarse este lunes al abstenerse sobre la reforma y dejar en suspenso su posible respaldo -o no- el jueves en la comisión.
No obstante, fuentes oficiales de la formación naranja transmitían a este diario que no habría voto favorable. Al menos es lo que se desprendía de las declaraciones sobre la reforma estatutaria: "En Ciudadanos siempre hemos defendido la necesidad de mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana, que sufre una infrafinanciación histórica. Pero hay que hacerlo de una manera efectiva y legal, y no tomando el pelo a los valencianos con una propuesta que no resuelve nada, ya que el Tribunal Constitucional ha dicho que es inaplicable y es una medida que copia lo peor del separatismo. No vamos a participar en engaños a los valencianos, sino a seguir trabajando para mejorar la financiación de la Comunidad”, subrayaron fuentes autorizadas de Cs.
Una maniobra que no resulta extraña desde la dirección del Congreso -ya la aplicaron en la toma en consideración de la reforma en 2016- del partido que lidera Albert Rivera pero que chirría notablemente si se compara con su comportamiento en Les Corts Valencianes, donde por ejemplo han firmado dos declaraciones institucionales (en abril y en octubre de 2017) en las que se respaldaba junto a todos los grupos varias reivindicaciones relacionadas con una financiación justa para los valencianos y contra la marginación en los presupuestos. En ambas, se mencionaba la reforma estatutaria explícitamente.
Declaración del 5 de abril de 2017
Declaración del 26 de octubre de 2017De esta manera, se evidencia el doble discurso de la formación naranja en tierras valencianas y en el ámbito estatal. Las intenciones reivindicativas con un mínimo corte autonomista reciben, al llegar a la capital de España, ciertas correcciones cuando no cortapisas por parte de la dirección nacional del partido.
Lo ocurrido en este caso con el Estatuto llama todavía más la atención porque Ciudadanos había participado en el acuerdo de la enmienda definitiva que se pactó el pasado 20 de noviembre, por lo que el giro de la formación naranja, además de causar malestar en el resto de grupos, les sorprendió notablemente al considerar que no había ninguna novedad al respecto desde aquel acuerdo.
Donde no apareció Ciudadanos tampoco -aunque en este caso su ausencia era esperada- fue en el acto organizado por la Associació de Juristes Valencians (AJV) en defensa de una inversión estatal justa y del derecho civil valenciano. Otra cuestión en que, al menos por contraposición al resto de grupos, deja en entredicho la campaña con acento autonómico que el probable candidato a la Generalitat, Toni Cantó, venía emprendiendo en las últimas semanas.
Sobre esta reivindicación, el pleno de Les Corts aprobó en octubre la tramitación de una proposición de ley para que se reformara la disposición adicional segunda de la Constitución para acometer la recuperación efectiva del derecho civil valenciano. Una propuesta que fue apoyada por PP, PSPV, Compromís y Podem, mientras que Ciudadanos decidió votar en contra al apostar por "un derecho civil común a todos los españoles". De esta manera, la formación naranja ya se desmarcó en su momento de otra reivindicación respaldada por todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en la Comunitat.
A este acto de la AJV acudieron, además de diversos diputados nacionales y dirigentes de distintos signo como Belén Hoyo, Gerardo Camps y Miguel Barrachina, del PP; Enric Bataller, Ignacio Candela e Isaura Navarro, de Compromís; Àngela Ballester y Antonio Estañ, de Podem; Ricardo Sixto, de IU; el conseller de Hacienda, el socialista Vicent Soler; el secretario autonómico de Justicia, Ferran Puchades; el subsecretario en Vicepresidencia, Francesc Gamero; la subsecretaria de Hacienda, Zulima Pérez; el director general de Fomento del Autogobierno, Josep Ochoa; el alcalde de Sagunt y vicepresidente de la FVMP, Quico Fernández; el ex presidente del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, Pascual Sala; presidente de la CEV, Salvador Navarro; el secretario general de UGT, Ismael Sáez; el exministro y socio de Conexus Jaime Lamo de Espinosa, así como la gerente Pilar Caro y el vicepresidente de esta fundación, Javier Serratosa, entre otros.
