Nomdedeu, Michavila, Boix y Caracuel, nuevos vicepresidentes de CEV Castellón

CASTELLÓ. El comité ejecutivo y la junta directiva de la delegación en Castellón de la patronal autonómica CEV han aprobado la designación de Miguel Ángel Michavila (Grupo Torrecid), Mónica Boix (Networking Directivas Castellón) y Rafael Caracuel (Asociación Nacional Grandes de Empresas de Distribución), como vicepresidentes. Del mismo modo, será vicepresidente nato de CEV Castellón Vicente Nomdedeu (presidente a su vez de la patronal azulejera Ascer), en su calidad de vicepresidente de la CEV a nivel autonómico.

Asimismo, en la reunión celebrada este martes en su sede del Grau, se ha aprobado la incorporación de José María París (Quimacova) como miembro de la junta directiva de CEV Castellón.

Revisiones de precios

En la cita, el comité ejecutivo y la junta directiva de CEV Castellón han reclamado que la Confederación de Empresarios de la Comunitat Valenciana pida la aprobación de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en contratos y concesiones de servicios, algo que la entidad autonómica llevará a cabo. 

Los órganos de gobierno de CEV Castellón proponen que las medidas excepcionales de revisión de precios aprobadas por el Gobierno como respuesta a las graves y excepcionales circunstancias inflacionistas y a los efectos provocados por la invasión de Ucrania no se limiten exclusivamente a los contratos de obras, sino que se extiendan también a los contratos y concesiones de servicios. No en vano, estos, de igual modo, están sufriendo severas pérdidas económicas a consecuencia del incremento generalizado de costes.

Así, mientras que numerosas obras públicas se han visto suspendidas o paralizadas, y algunas licitaciones han quedado desiertas a consecuencia del alza de costes; en el caso de la gestión de servicios públicos, en aras al interés público y al objeto de garantizar la continuidad en la prestación de los mismos -abastecimiento de agua potable, depuración, basuras, limpieza viaria- las empresas concesionarias se están viendo obligadas a continuar con su prestación, aun incurriendo en importantes pérdidas económicas.

En un comunicado, desde CEV Castellón destacan que el legislador estatal, en la Exposición de Motivos del RD Ley 3/2022, ha venido a reconocer que la magnitud y el carácter imprevisible del alza experimentada en el último año por los precios de materias primas no es posible afrontarla con el mecanismo ordinario de revisión de precios, al margen de todos aquellos contratos que, por prescripción legal, no contemplan revisión de precios, ya que el incremento era imprevisible en el momento de la licitación y excedería del que pueda ser incluido en el riesgo que el contratista ha de soportar en todo contrato público, consideraciones que, igualmente, aplican de lleno a los contratos y concesiones de servicios.

Dicho RD ley 3/2022, ya ha sido modificado, en el apartado relativo a la revisión extraordinaria de precios en contratos de obra pública, por el RD ley 6/2022 de 29 de marzo a fin de ampliar sus medidas, dado el contexto creado por el referido conflicto bélico de Ucrania. Y es que este ha traído como consecuencia una gran inestabilidad en los precios, más allá del alza que venían sufriendo desde 2021. A pesar de ello, tal y como denuncia la CEV, siguen sin revisarse para los contratos y concesiones de servicios.

Ante esta situación, el presidente de CEV Castellón, Luis M. Martí, asegura que es necesaria "la exploración y la inmediata implementación de medidas equivalentes de revisión extraordinaria de precios, que resulten de aplicación a los contratos y concesiones de servicios a las que, igualmente, puedan acogerse las comunidades autónomas y entidades locales y que permitan atenuar o compensar el extraordinario e imprevisible incremento de costes que están llevando a la gran mayoría de servicios públicos a graves pérdidas económicas".

Por su parte, el presidente de la CEV, Salvador Navarro, ha puesto en valor el manifiesto firmado por CEOE, UGT y CCOO para reformar la Ley de Desindexación de la Economía en la Licitación Pública y, en su caso, modificar la Ley de Contratos del Sector Público en materia de revisión de precios, y reclamará un aumento del precio final o una indemnización para aquellas empresas concesionarias que continúan prestando servicios a pesar de tener que afrontar costes inasumibles.