VALÈNCIA. “Es imprescindible para que este proyecto pueda materializarse”. Así defendió este martes en Les Corts la consellera de Educación y Cultura, Carmen Ortí, el cambio en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano propuesto para facilitar el arrendamiento de colecciones de arte, una modificación realizada ad hoc para la ejecución del convenio entre la Generalitat Valenciana y la Hispanic Society of America (HSA).

El martes era el turno de defender la propuesta y este miércoles de votarla en el pleno de Les Corts, que ha convalidado el decreto del Consell con los votos de PP y Vox y con el rechazo de PSPV y Compromís. 

La modificación sale adelante tras un agitado debate en el que todos los grupos de la oposición sacaron los colores al PP no tanto por el proyecto final, traer más de doscientas obras de Joaquín Sorolla procedentes de la colección de la HSA a València, sino por incluir la nueva disposición adicional por decreto ley argumentando la “extraordinaria y urgente necesidad” del mismo.

“La urgencia que hoy esgrimen no es real, es la consecuencia de su inacción”, criticó Jesús Albiol (Vox). En términos similares se expresó el el portavoz de Cultura del PSPV, José Chulvi, quien esgrimió que “una propuesta cultural de esta dimensión no puede nacer de la improvisación ni de la necesidad política, sino de un proyecto técnico solido. Aquí ha pasado lo contrario”.

Con todo, la modificación de la ley ha salido adelante y, con ello, se da un paso más en un macroproyecto que avanza por varias vías. No en vano, en estas últimas semanas se han dado varios paso clave para su desarrollo, entre ellos la designación del Consorci de Museus como ente encargado de la exhibición y el transporte de los fondos o la validación de la oferta de ERRE Arquitectura -con un presupuesto de 1,7 millones- para la redacción del proyecto de rehabilitación del Palau de les Comunicacions, tras lo que llegarán las obras propiamente dichas para las que se estima un presupuesto de 17,3 millones de euros.

Novedades

El decreto aprobado incluye una octava disposición adicional a la norma de 1998 para que la Generalitat pueda arrendar, con o sin opción de compra, colecciones de bienes muebles que, por sus valores históricos, artísticos, arqueológicos, científicos o culturales, sean susceptibles de integrar el patrimonio histórico, con independencia de su actual clasificación administrativa.

El arrendamiento de las colecciones, con naturaleza de contrato privado, tendrá como finalidad la exhibición pública, conservación, investigación, difusión cultural o museística de las colecciones. Exigirá, con carácter previo a la formalización del contrato, la declaración de su valor excepcional. La Generalitat podrá otorgar garantía frente a los daños materiales que puedan sufrir los bienes arrendados durante su transporte, depósito, exhibición o cualquier otra operación directamente vinculada a su destino cultural o museístico.