VALÈNCIA. La cultura no solo puede ser un mero acompañamiento para las personas privadas de libertad en los centros penitenciarios, también puede ser una herramienta estructural de transformación. El centro Antoni Asunción Hernández, en Picassent, será uno de los tres espacios piloto del programa estatal Transita Cultura, una iniciativa impulsada por los ministerios de Cultura y de Interior que busca consolidar los derechos culturales como parte del tratamiento penitenciario, con especial atención a las mujeres.
El proyecto pretende ir más allá de actividades puntuales para articular una relación estable entre el sistema penitenciario y el ecosistema cultural. La propuesta parte de un diagnóstico sobre la vida en estos centros penitenciarios: “Acceso limitado o desigual a la cultura, pocas oportunidades para desarrollar capacidades creativas y expresivas, débil conexión entre los centros penitenciarios y el ecosistema cultural del país, y desigualdades que afectan especialmente a las mujeres privadas de libertad”.
Desde esta perspectiva, Transita Cultura busca que la cultura como un derecho humano no desaparezca tras los muros. Será a través de talleres, procesos de mediación cultural y propuestas de creación, que se incorporarán de forma progresiva al día a día del centro valenciano, al tiempo que se desplegarán acciones formativas dirigidas al personal penitenciario, con el objetivo de dotar de continuidad y sentido a estas prácticas .
- La directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, Jazmín Beirak, en la presentación de Transita Cultura. -
- Foto: Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
El programa incluye también un itinerario de medidas alternativas con contenido cultural, pensado para mujeres que cumplen condenas de Trabajos en Beneficio de la Comunidad. En este marco, instituciones estatales como el Centro Dramático Nacional, la Compañía Nacional de Teatro Clásico o el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí —con sede en València— se convierten en espacios de acogida para procesos formativos y creativos vinculados al cumplimiento de penas.
Cada año, alrededor de 130.000 personas cumplen penas con medidas alternativas a la prisión en España, un 12% de ellas mujeres. En el ámbito de la privación de libertad, los centros dependientes de la Administración General del Estado albergan a unas 48.000 personas internas, de las que cerca de 3.650 son mujeres.
