Nou Mestalla SL

Corría el 12 de diciembre de 2013 y supimos que la defensora europea del pueblo, Emily O'Reilly, había acusado al vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Competencia, el vasco Joaquín Almunia, de retrasar la apertura de un expediente sobre ayudas estatales ilegales a siete clubes de fútbol españoles, entre ellos el Athletic de Bilbao, del cual es seguidor y socio.

Entre los clubes que  se pedía investigar, por una denuncia atribuida al entorno del Bayern de Munich,  estaban el Valencia CF, Hércules y Elx por sus avales públicos a través del IVF. También Real Madrid, Barcelona y Osasuna. "El hecho de que el comisario de Competencia tenga vínculos conocidos con uno de los clubes en cuestión es problemático", señaló la defensora en un comunicado reprochando al ejecutivo comunitario haber tardado más de cuatro años en actuar. 

Cuando se abrieron los expedientes, el 18 de diciembre, no figuraba investigación formal sobre el caso San Mamés. Más tarde, se requirió información a las instituciones vascas,  como confirmó una respuesta de 31 de agosto de 2015 a una pregunta parlamentaria de un eurodiputado.

El 4 de julio de 2016, cuando se anunció que a nuestro Valencia CF le obligaban a pagar, por supuesta ayuda estatal, 23,4 millones de euros a la Generalitat valenciana, se explicaba a los medios desde Bruselas que la operación del nuevo San Mamés era impecable, la que no se investigó. Así las cosas, lo celebró la Diputación Foral de Vizcaya a los cuatro vientos, confirmando el archivo definitivo del expediente de investigación, porque haberlo lo hubo como un piano, suponemos, por las evidencias.

El precedente del Athletic

Por tanto, tenemos un antecedente al cual acogernos para pedir la extensión de esa misma justicia: una ayuda declarada legal para el Athletic de Bilbao de más de 110 millones de euros, dinero público, más otros 50 extra de una caja de ahorros controlada por los políticos. Es la historia de la empresa San Mamés Barria SL. Barria significa nuevo en el euskera que se habla en Vizcaya.

La Sociedad para financiar el nuevo San Mamés se constituyó en 2007, con un capital social de 6.000 euros. En esa misma fecha se firmó un acuerdo marco para regular las relaciones de los socios (Diputación Foral de Vizcaya, Athletic Club y Bilbao Bizkaia Kutxa). En mayo de 2010 también entraron a formar parte del accionariado el Ayuntamiento de Bilbao y el Gobierno Vasco. El coste final de las obras ascendió a 186 millones. La Diputación aportó mediante la compra de acciones 50 millones de euros; el Athletic Club, 43,7; la Kutxa, 40,2; el Gobierno Vasco, 39,2, y el Ayuntamiento, 60.000 en cash más 12 millones por el importe de licencias que no cobró.

Una vez finalizadas las obras, se formaliza el "contrato de arrendamiento de industria" entre la Sociedad y el Athletic Club, el 12 de septiembre de 2013, para ceder todos los usos, explotación y gestión del nuevo estadio al Athletic con la obligación de desarrollar su actividad competitiva en el mismo y facilitar espacios, a los socios, para cumplir con los distintos convenios firmados con ellos. La duración del contrato es de 50 años a partir de la fecha de la firma, con posibilidad de prórroga por un mínimo de otros 50 años, y la renta que pagará a la sociedad el club de fútbol es de 500.000 euros por cada año. Se obliga al pago de los gastos de explotación y los de conservación y mantenimiento del estadio. El importe anual de alquiler se estableció sin un estudio previo que lo cuantificase. Se realizó posteriormente un análisis de los precios de alquiler abonados por otros 11 equipos de futbol de primera división, según constan en sus memorias anuales, siendo el importe más elevado 180.000 euros. Es decir, 12 equipos de futbol de Primera están alquilados en campos municipales o de sociedades.

El convenio firmado con la Diputación Foral se materializa en la cesión de uso potencial de las instalaciones del estadio dos veces al año para organización de eventos, posibilidad de organizar dos visitas turísticas mensualmente, uso de dos palcos vip, diez plazas de parking, derecho a patrocinar dos partidos por temporada, uso de la sala de reuniones 10 veces al año y ostentar la categoría de patrocinador del Museo del Athletic Club. 

El convenio firmado con el Ayuntamiento de Bilbao se materializa en la cesión de uso público de 2.777 metros cuadrados para diversas actividades en los sótanos del nuevo estadio de San Mamés. 

El convenio firmado con la Gobierno Vasco se materializa en la cesión de 2.642 metros cuadrados para la construcción y uso de una pista de atletismo y un centro de medicina deportiva o instalaciones complementarias que se dediquen a usos de interés general. También en los sótanos. Uso de las instalaciones para la organización de un evento al año, uso de un palco vip por partido, cinco plazas de parking, uso de la sala de reuniones, derecho a organizar una visita turística mensualmente e instalación de un punto de información turística en el Museo del Athletic Club.

En 2014, se encargó a una empresa especializada la valoración de dichas contraprestaciones, estimándose las mismas, a precios de mercado, en 4,4 millones de euros anuales. La contraprestación global en los 50 años de vigencia supera pues los 200 millones de euros. Todas estas cuentas ha sido objeto de una fiscalización llevada a cabo por el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, así como todos los contratos suscritos por ser financiadas las obras con dinero procedente mayoritariamente de las administraciones. El Tribunal de Cuentas del Estado ha validado el empleo de estos fondos públicos.

El caso del Valencia CF

Con este ejemplo, si paga el Valencia CF la multa que ha impuesto Competencia de la UE es para hacérselo mirar. Se lo expliqué al Sr. Anil Murthy en una comida en el Mercado de Colón a principios de año, creo que el 19 de enero. Con estos mimbres, en humilde opinión, se debe explorar la constitución de una empresa que podría llamarse Nou Mestalla SL participada por el Valencia CF SAD, la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de València. También podría participar alguna empresa privada, afincada en Singapur, Chicago, Londres o Atzaneta d’Albaida, que aportase fondos para conseguir el objetivo deseado: la finalización del estadio y la estabilidad económica mediante el pago de un canon por la explotación. Ahora se pagan 16 millones anuales de intereses por la deuda a largo y está en riesgo una quita de 61 pactada con Bankia-La Caixa. Una primera consecuencia es tener que hacer un equipo del montón si vas a déficit cero cada año.

Leídos algunos estudios oficiales de impacto económico de la Copa América, Fórmula 1 o la visita del Papa y vistos los resultados de algunas de las operaciones (Valmor y lo del Santo Padre en los juzgados, lo de las regatas con un agujero marino abisal para el Ayuntamiento...) considero que dotar a la ciudad de València, cap i casal, de un estadio con una capacidad de 75.000 personas, en el que albergar eventos honestos, hacer un lugar insigne para el deporte y quemar de una vez esa bochornosa falla de un campo por acabar, es una oportunidad estratégica de futuro que justifica la propuesta que además no le cuesta ni un euro al Consell. 

En San Mamés, se han construido 277 plaza de parking para autobuses de peñas, camiones de producción de TV, ambulancias o personas VIP. Con el espacio sobrante en los sótanos se ha ubicado un módulo de atletismo, un centro de innovación deportiva, el Centro Vasco de Salud y Deporte o un Polideportivo Municipal con piscina, spa... Lo que han recibido las instituciones a cambio de su ayuda. Podría hasta dar solución al compromiso con los vecinos de Benicalap que tiene el Ayuntamiento. Y sustituir las miles de plazas de aparcamiento imposibles por otras instalaciones socialmente potentes. He tenido la oportunidad de visitar San Mames renovado y es espectacular.

¿Por qué exigió la Sra. Vestager, Comisaria de Competencia, que se recuperasen 23,4 millones de euros imponiendo una sanción al Valencia CF por ayuda estatal ilegal? Explica la danesa en sus declaraciones de 4 de julio de 2016 que "las normas sobre ayudas estatales de la UE se aplican a las intervenciones públicas en el mercado, a fin de velar por que no falseen la competencia favoreciendo de forma selectiva a un participante en el mercado en detrimento de otro. El deporte profesional es una actividad económica". Para el Valencia CF, Hércules i Elx añade que "al no haber pagado una remuneración adecuada por los avales, estos clubes se beneficiaron de una ventaja económica frente a otros clubes, que tienen que financiarse sin el respaldo del Estado. La financiación estatal no estaba vinculada a un plan de reestructuración de los clubes con vistas a su viabilidad y ninguno de ellos aplicó medidas compensatorias para contrarrestar el falseamiento de la competencia ocasionado por la ayuda". La clave son las medidas compensatorias. Las que sí que se plantearon el caso de San Mamés.

Mantienen en ese departamento de Bruselas la misma posición un año después, según tengo verificado de esta misma semana. Me lo explicaba un señor que le ha impuesto a Google 2.400 millones de multa. Que como hubo beneficio por aval público sin el cual nunca se hubiera concedido el préstamo, en València lo sabe hasta el Tato, se debe compensar como sea hasta el precio de mercado de la operación. Se pagó al 6’5% y se calculó por los técnicos que debía ser al 11’5%. En cash o en especie. Que se compense es lo importante para ellos, que haya seriedad. Que la administración pública no puede apadrinar a una empresa, el Valencia CF SAD lo es y que de ese aval se saque ventaja.

Eso mismo lo considero la juez Laura Alabau en València en 2013 declarando el aval ilegal a petición de dos socios y ni el Valencia ni la Fundación ni la Generalitat hicieron recurso. ¿Por qué no lo debe declarar injusto el tribunal de Luxemburgo y ratificar que hubo ayuda estatal como se aceptó aquí por las partes? Lo que piden en Bruselas es una acuerdo extrajudicial de manual para salir de los juzgados todos contentos.

La solución

Aquí va la solución que se propone para no pagar los 23,4 millones a los que se pueden añadir la deuda con el Ayuntamiento de València por la permuta de solares de l’Avinguda Corts Valencianes: 

Se crea una empresa que llamaremos Nou Mestalla SL. El Valencia CF aportará como capital social inicial las obras ejecutadas y el solar, quedándose la explotación y el uso a cambio de un canon anual y convenios. La Generalitat debería tener en su entrada societaria una aportación equivalente al importe de la sanción de la UE, recibe compensación por visitas, turismo, locales en el sótano... Y el Ayuntamiento podría participar, si lo desea y aprueba el pleno, con la deuda por la permuta de los terrenos que se pagará en diez años con otras contraprestaciones parecidas. 

Estamos hablando, de un importe aproximado a 43 millones de euros entre las dos administraciones a los que sumar más de 200 millones invertidos por el club. Europa debería aceptar el trato en lo que afecta a la multa sin problemas, vistos los precedentes que he aportado. O si obliga a pagar, saben que el arreglo para el cobro ya es cosa de dos: el club y la Generalitat. Es decir, estamos hablando de inyectar mediante la compensación que pide Europa más de 45 millones de euros al Valencia CF.

Todos los partidos políticos valencianos deben apoyar una solución similar también porque los euros de la sanción no han salido nunca de las arcas públicas y si los hubiera cobrado Bancaja, ajustando el precio del aval al de mercado, como exige la Comisión Europea a través de la Dirección de Competencia, tampoco habrían entrado nunca en las cuentas públicas. Por tanto, no hay que llorar nada desde la Generalitat en este entierro  y sí alegrarse por resolver un marrón que dejaron los anteriores, para satisfacción de los valencianistas.  

Se lo explique a Ximo Puig el pasado miércoles 28 de junio en Bruselas, después de defender en le Comité de las Regiones el proyecto de Corredor Mediterráneo. Estaba delante Salvador Navarro, presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, que defiende la colaboración público privada en su discurso. Era un ambiente distendido que lo permitía y considero que les pareció razonable. El President Puig está por ayudar, me consta. Y en la Comisión Europea también son receptivos a dialogar.

Porque esta jugada es la reconciliación que esperamos después de todo el daño hecho por la Generalitat valenciana al club. Sí, he dicho daño: por meternos en el lío del campo para celebrar los Juegos Europeos de Urdangarin o salvar la licencia ilegal que le dieron a Paco Roig para una ampliación que tiene orden de demolición dictada por el Supremo, por el problema creado al plantear una pista de atletismo que aleja la grada del césped, por el empastre de Porxinos, por un proceso de venta que se permitió desde la plaza de Manises por no obligar a Bankia a refinanciar. 

Goirigolzarri no habría hecho lo mismo con su Athletic, como hizo su paisano Almunia, ni Ibarretxe habría consentido que la Kutxa subastara el club. Allí les dieron 150 millones, aquí nos han costado más de 150 millones en intereses y porque con la intervención se paró lo de Newcoval, porque nos dejaban sin patrimonio los de Rato.

Desde el verano de 2009, en los social, ha sido como esos diez últimos minutos en Mestalla en los que por no rematar la faena a tiempo el visitante por malo que sea siempre tiene alguna ocasión que obliga a tomar la famosa pastilleta. 

Que no intente desde el IVF Manuel Illueca, levantinista de cuna y gran tipo, marear la perdiz porque los granotas también tuvieron aval del IVF confeccionado por el mismo sastre. Cierto es que los de Orriols han pagado y la Fundación de Társilo Piles no cubrió ni la primera letra. Esto le sirve a Illueca y al conseller Vicent Soler, también levantinista, para 'cobrar' y demostrar germanor.  No sé por qué, pero me parece por el aire que hacía el otro día en Bruselas, que el Tribunal que mira lo de cautelar, a lo mejor, entra en el fondo del asunto y lo arregla todo de golpe. Cautelar y sentencia. Si les da por decir que es ayuda estatal como han insinuado el 17 de abril de 2017 tirando de la partida a la Fundación que firmó el crédito, que quería ser parte en el pleito, si el juzgado europeo comparte con Competencia que era todo un montaje para meter pasta con ayuda de los políticos, el festival está servido. También tengo los papeles de eso. Y la convicción de que hubo ayuda estatal desde hace ocho años.

Lo mismo vale para Ramón Vilar, concejal de Hacienda de Valencia, el que nos llama xotoxinos. Esto aprovecha para cobrar la permuta y dotar a la ciudad de una instalación modélica. Y que se lo aplique Joan Ribó. Pasar a la historia por solucionar una situación caótica y ofrecer a Lim un acuerdo que lo atornille, que cumpla Meriton con la firmado en el ATE y en el convenio de permuta con la gente de Benicalap. O los vecinos le harán elegir entre ellos, que votan, y un señor que s'amaga en Singapur. Amén de los hoteleros del Jardí Botànic, otro zombi viviente o muerto mal enterrado que le puede costar a la ciudad y al Valencia CF solidariamente 25 millones o más por culpa de no derribar Mestalla a tiempo. Que se lo piensen bien.

De Porxinos también hablaremos. Pero será otro día. También puede tener un arreglo para estar orgullosos de ser del Valencia CF, lo que debe ser. Con este debate ya tenemos para ir abriendo boca.