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el billete / OPINIÓN

Nuestra calidad institucional

28/10/2018 - 

Ha pasado injustamente inadvertido el seminario Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, que el pasado viernes celebraron en València el Ivie y la Fundación BBVA y que lamenté no poder seguir íntegramente porque, más allá de los números, allí se habló de soluciones. La escasa presencia de políticos y altos cargos de las administraciones valencianas demuestra que tenían cosas mejores que hacer esa mañana, lo cual es una pena. Merecen ser destacados quienes acudieron, interesados por el asunto y no para hacerse la foto porque no había foto: Vicent Cucarella, Eusebio Monzó, Toni Subiela y Vicente Ten, además de Joan Llinares, quien participó en la última mesa redonda como director de la Agencia Valenciana Antifraude. Perdón si me dejo a alguno.

Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España era el título del seminario y también de un informe presentado allí en el que, a diferencia de otros trabajos realizados por el Ivie sobre la realidad social y económica española, los números y conclusiones se acompañan de una serie de recomendaciones de lo más interesante. El informe fue una idea de la asociación Acción Cívica contra la Corrupción, que preside Antonio Penadés, y fue realizado por Francisco Alcalá y Fernando Jiménez, ambos docentes de la Universidad de Murcia. El informe completo se puede descargar aquí.

En España y singularmente en la Comunitat Valenciana hemos avanzado en los últimos años en calidad institucional, hay menos corrupción y más transparencia, pero aún suceden cosas desalentadoras como que entre los millones de documentos puestos a disposición de la ciudadanía –y de los periodistas– falte ese que precisamente estás buscando porque puede comprometer a alguien; que el entusiasmo por la transparencia se esté agotando en los portales de algunas instituciones; que la agenda de los altos cargos esté llena de lagunas o directamente vacía –la conselleria de Alcaraz debería dar un arreón a la política de transparencia, por interés público y personal, ahora que vienen elecciones–; que el Consejo de Ministros nombre presidente de la Empresa Nacional del Uranio –210.000 euros al año de sueldo– a un compañero de partido (y sin embargo amigo de Ábalos), y presidente de Correos –200.000– al jefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE; que el coste y la lista de acompañantes del viaje del presidente del Gobierno a Castellón en Falcon para asistir a un concierto sean declarados secreto de Estado... 

O que Baleària nombre director de Expansión a José Manuel Orengo semanas después de su despedida como asesor de Ximo Puig cuando esta empresa está esperando una decisión del Consell que le puede hacer ganar mucho dinero, fichaje que recuerda a la época en que políticos en retirada como Zaplana eran recogidos por grandes empresas como Telefónica que operan en sectores regulados.

El informe presentado el viernes concluye que en calidad institucional –que contempla el control de la corrupción pero también otros indicadores– estamos mejor que Italia y Grecia pero mucho peor que Alemania, Reino Unido, Estados Unidos o Francia. Y peor que Portugal, detalle importante porque nuestro vecino peninsular ha mejorado su calidad institucional gracias a la intervención de la que fue objeto por parte de la Comisión Europea.

Según me explicó el catedrático y experto en la materia Carlos Sebastián en la pausa-café, en Portugal a los responsables de empresas y entidades públicas los elige ahora, por concurso y por un plazo de cuatro años ajeno al calendario electoral, una comisión independiente ante la que rinden cuentas y que en función de sus resultados decide si continúan cuatro años más. De esta manera, estos directivos de empresa pública no trabajan para quien les ha nombrado, como ocurre en España, donde cuando cambia el gobierno cambian hasta a los cargos intermedios de los hospitales.

Lo mismo es aplicable a cargos directivos de la Administración hasta director general, según recomienda el informe, para evitar el clientelismo at the top, que es el que se da en países como España donde los nombramientos políticos no se limitan a los niveles más altos (ministros y secretarios de Estado o equivalentes), sino que descienden hasta puestos claramente técnicos para los que se selecciona a aquellos funciona-rios que tienen simpatías por el partido de gobierno.

Diagnóstico

Los autores del informe destacan debilidades del sistema que favorecen la corrupción como la influencia de los gobiernos y los grandes partidos en el nombramiento de los órganos de control –Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo, Banco de España, Fiscalía General del Estado– así como en la cúpula judicial, el tercer poder del Estado. Y lo mismo en órganos autonómicos.

Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. Foto: KIKE TABERNER

Tampoco los medios de comunicación salen bien parados: "El tipo de periodismo predominante ha sido un advocacy journalism (periodismo de defensa) que sitúa una gran parte de los medios de comunicación en trincheras desde las que defender al partido más cercano y dificulta el desarrollo de un periodismo independiente y distanciado del juego competitivo de los principales partidos", señalan, citando a varios autores. "Este panorama se debe en gran medida a los incentivos que han tenido las empresas de medios de comunicación para cortejar a los partidos con responsabilidades de gobierno", añaden.

En cuanto a la sociedad civil organizada, critican que "una gran parte de las ONG tiene una fuerte dependencia de los fondos públicos, lo que reduce su autonomía para controlar y criticar a las autoridades públicas".

Soluciones

De las soluciones propuestas, me quedo con dos por su novedad respecto a otras propuestas más conocidas. En primer lugar, la desburocratización de la política mediante la separación de las carreras administrativa y política, es decir, que se garantice la neutralidad política de los funcionarios mediante una doble renuncia: la de los políticos a politizar la administración y la de los funcionarios a desarrollar carreras políticas. Según apuntan Alcalá y Jiménez, "en la medida en que los funcionarios puedan entender que dar el salto a la política es la vía que les queda más a mano para culminar sus carreras profesionales y consolidar los máximos niveles laborales a los que puedan aspirar, se confunden las dos lógicas de funcionamiento que mueven las Administraciones Públicas, se torpedea la posibilidad de que ambas lógicas funcionen como contrapesos que eviten abusos en un sentido u otro y se facilita una colusión de intereses entre ambos tipos de actores".

La segunda es la introducción en la "huella legislativa", que significa que todas las normas deberían dejar constancia del proceso político a partir del cual han sido engendradas: quiénes han participado en su tramitación, con quiénes se han reunido, qué grupos de interés han sido consultados o han hecho llegar sus posiciones sobre la regulación. En otras palabras, controlar los lobbies.

Ah, y una tercera que seguro que es del gusto Joan Llinares: que los organismos de control cuenten con los medios adecuados para poder cumplir con su tarea.

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