Nueva ley de FP: un reto en inversión

La formación profesional (FP) comprende todos aquellos estudios y aprendizajes encaminados a la inserción, reinserción y actualización laboral, cuyo objetivo principal es aumentar y adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y de los futuros trabajadores durante toda su vida laboral.

Actualmente, la FP cuenta con la aprobación de la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional, que ha entrado en vigor al publicarse recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuyos cambios se irán aplicando progresivamente.

Entre los cambios a la FP se encuentra la adición de nuevos grados, de la A, a la E, un considerable número de niveles para acreditar el nivel de conocimientos. También, como factor reseñable, tendrá más presencia en las empresas. Esta ley establece importantes cambios en la educación de nuestro país, tanto en los actuales ciclos, como para quienes aspiren a los nuevos puestos de trabajo con cualificaciones propias.

La nueva ley puede suponer, para el futuro inmediato, una puerta abierta a empleos de calidad. La norma propone adecuar la cualificación profesional a las demandas del mercado laboral, así como establecer un sistema de acompañamiento y orientación profesional para que las personas puedan tomar decisiones formativas, aumentando así la cantidad de jóvenes que elijan esta modalidad de estudio.

Se trata de una interesante propuesta dual, ya que implica a la empresa en la formación, potenciando la cooperación de los centros educativos con el sector empresarial y buscando, de ese modo, alcanzar una formación más conectada con la realidad laboral. Esto supone, para los centros educativos y las empresas en general, la creación de figuras que colaboren y faciliten la interacción centro-empresa, por lo que habrá que redefinir y reforzar la relación de los centros educativos con las empresas.

Algunos profesionales de la educación ven de manera positiva que esta norma le otorgue mayor importancia a la orientación profesional. Esto será debido a que se están viviendo profundos cambios en la economía y la empresa, y por ende, se deben producir cambios y avances en la sensibilización social hacia la formación. Sin embargo, a pesar de los cambios que establece la ley y que  pueden resultar para algunos positivos, mirándolo desde el plan de inversión se tiene un problema: la carencia de los recursos necesarios para instaurarla y desarrollarla.

En este sentido, se echa en falta la creación de nuevos centros de FP, una oferta formativa potente para el profesorado para impartir nuevas tecnologías industriales y los sistemas de producción, así como la dotación de equipamiento didáctico adecuado para los centros de enseñanza de FP.

Para poder remediar estas limitaciones resulta prioritario establecer un diálogo entre todos los agentes implicados, bien sea económicos, sociales y centros educativos, para, entre todos, conseguir determinar e instaurar una verdadera FP del siglo XXI, siempre con un presupuesto adecuado.

Para que los docentes puedan contribuir a que los objetivos de la ley sean posibles, se les debe mejorar sus opciones formativas, de manera que conozcan todas las posibilidades y caminos que ofrece la FP y puedan luego transmitirlo a cada uno de sus estudiantes.

En este sentido, desde CSIF Educación de la Comunitat Valenciana se reconoce los retos de la nueva Ley de FP, pero al mismo tiempo se deja claro que para lograr instaurarla con éxito es necesario ofrecer un plan integral y estratégico de inversiones en instalaciones, dotaciones y docentes, que a día de hoy la administración valenciana no ha realizado.

No podemos caer en lo de siempre, en más responsabilidades y cometidos a los docentes y al sistema, sin refuerzos acordes a lo que se pretende: el cambio de paradigma, la valorización la FP y ser “competitivos” en un mundo laboral globalizado. De ello depende el trabajo y el bienestar del conjunto de la ciudadanía valenciana, y desde el sindicato CSIF se lo exigimos a los responsables políticos.