¿Nuevo ciclo? Promotores prevén la activación de más de 1.000 VPO en Valencia con el nuevo decreto

VALÈNCIA. Nuevos tiempos para el desarrollo de la vivienda protegida en la Comunitat Valenciana. Así lo cree el sector promotor valenciano tras la presentación del nuevo decreto del Consell que regulará este tipo de viviendas en la autonomía valenciana. Una norma, pendiente de aprobación, que precisamente busca la reactivación de promociones VPO con el objetivo de aumentar la oferta en el mercado y suavizar la fuerte escalda de precios de los últimos años. Y para ello, actualiza los precios pasando de un máximo de 2.200 euros el metro cuadrado útil a los 2.400, una de las principales demanda del sector para lanzar nuevos proyectos.

Así, y a falta de que el texto entre en vigor y sus efectos se empiecen a vislumbrar, el tejido empresarial valenciano de la construcción, que ha participado en su redacción, se muestra esperanzado en que suponga "un antes y un después". Hasta ahora, el sector consideraba que con los precios actuales no era rentable iniciar ningún desarrollo, pero con el cambio normativo ven un horizonte diferente. De hecho, existen muchas compañías con suelos adquiridos con esta calificación, pero sin desarrollar porque estaban a la espera de que se revisase la normativa como había prometido el gobierno de Carlos Mazón. Ahora, empiezan a tomar posiciones. 

Tanto es así que, según cálculos de los promotores, solo en València y su área metropolitana existen solares en manos de compañías listos para ejecutar con más de 1.000 viviendas de protección pública, repartidas entre cerca de una veintena de promociones. Iniciativas que estaban en stand by y que podrían salir al mercado en el corto plazo, facilitando así el aumento de la oferta asequible. "La nueva norma es un acicate para movilizar ahora esos suelos", remarcan desde el sector. 

Cierto es que existen proyectos de vivienda protegida en la Comunitat Valenciana y hay empresas muy activas en este segmento, pero su peso en el conjunto de la oferta total es casi residual. Solo en la ciudad de València, en el primer trimestre de este año, de toda la obra nueva en marcha únicamente el 10% era VPO y todo proyectos promovidos por agentes privados. Y ha habido épocas peores, ya que en 2021 y 2022 no se concedió esta calificación de forma definitiva a ningún inmueble, dejando dos años 'en blanco' en la región. 

Una actividad casi residual que los expertos achacaban a la necesidad de volver a actualizar la normativa. "En este momento no es viable hacer VPO en la Comunitat porque los componentes y materiales han subido y habrá que ordenar la norma", aseguraba Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova) hace unos meses durante su participación en una jornada inmobiliaria.

En este sentido, fuentes del sector recuerdan que un proyecto inmobiliario no es a corto plazo, sino a tres años y ello conlleva un riesgo financiero. Y más en el contexto inflacionista actual, en el que se han encarecido los costes del suelo y de los materiales, unos gastos a los que se suman la licencia de obra e impuestos, lo que provoca que el margen promotor se estreche. Por ello, reclamaban mayor seguridad no solo económica, sino también jurídica. "Aunque el módulo haya subido, ni todas las promociones van a salir con ese precio ni ello quiere decir que ese sea el beneficio para el promotor porque hay unos gastos que afrontar durante el proceso", subrayan. 

De hecho, de acuerdo con un informe de 2022 de la Cátedra OBservatorio de la Vivienda de la UPV, hace dos años existían en València 260.157 metros cuadrados de superficie edificable residencial de suelo protegido en el que se podrían construir 2.312 viviendas. Pero, aún así no se desarrollaba. De movilizarse toda esa oferta, el informe concluye que el precio de la vivienda en la ciudad se reduciría en un 30% de media.

"La única manera de bajar precios y facilitar a la gente el acceso a una vivienda es con más oferta de vivienda protegida", asegura a este diario Fernando Cos-Gayón, director de la Cátedra. "Y más si tenemos un mercado laboral tan fracturado por los salarios actuales que llevan a gran parte de la demanda a solo poder acceder a una VPO. Por tanto, o hacemos más vivienda o no se destensionará el mercado y la gente no podrá comprar", remarca. 

Pero, también, defiende que este tipo de producto es una forma de desviar parte de la demanda del alquiler a la compraventa, ya que muchos eligen esta opción por necesidad al no poder afrontar los valores de un inmueble de renta libre. "Estoy convencido de que ahora saldrá nueva vivienda asequible al mercado en ciudades como València, Torrent o Sagunt y habrá un cambio de ciclo en la Comunitat Valenciana en cuanto a la VPO", remarca.

Por su parte, desde la patronal promotora Aprova destacan la nueva medida del Consell al considerar que se aborda la necesidad de adecuar el marco jurídico para que los municipios puedan otorgar las licencias que permitan ofrecer viviendas más pequeñas solicitadas por los jóvenes. Eso sí, piden la colaboración con Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio para obtenerte los necesarios cambios normativos. "La presentación del nuevo decreto escenifica que el gobierno de Carlos Mazón apuesta por la vivienda, poniendo al timón directamente a la consellera Susana Camarero, algo que es de agradecer por su implicación directa", señalan desde Aprova.

Nuevo decreto

Además de la subida del módulo, el nuevo texto también simplifica administrativamente el proceso e incrementa el nivel de renta máxima para acceder a una vivienda con el fin de aumentar el número de beneficiarios. También, crea un 'modulo dinámico' para ajustar los valores a mercado, elimina la calificación permanente de este tipo de viviendas, que solo se mantiene en las de titularidad pública, estableciendo así distintos años de protección en el caso de que sean viviendas protegidas de promoción privada, rebajando así las limitaciones para su futura venta.

Otro importante eje de la nueva normativa es la priorización que hace de los menores de 35 años y colectivos vulnerables como familias monoparentales o víctimas de violencia de género. En este sentido, se crea una nueva tipología de VPO con calificación expresa 'joven', lo que implicará que estas promociones vayan destinadas a este colectivo y a familias monoparentales. Establece, de igual modo, la obligatoriedad de que cualquier promoción o edificio que se construya con calificación de protección pública deberá reservar el 40% de las viviendas para menores de 35 años, independientemente de que el promotor sea público o privado.