VALÈNCIA. La prestación del servicio de valoración de la discapacidad por parte de la Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero se realiza actualmente en dos sedes de València que se iban a trasladar al edificio situado en la calle Colón 80, de acuerdo con el proyecto impulsado por el anterior Gobierno. La idea era que ambas pasaran al inmueble propiedad del departamento de la dirigente popular, pero se quedarán en su ubicación actual. En su lugar, se dará al espacio un uso administrativo, de manera que lo ocupará a partir de las próximas semanas parte del equipo de Camarero, quien también tendrá un nuevo despacho en él tal como ha informado Valencia Plaza.
La decisión ha provocado las críticas de la Federación de Serveis Públics de UGT del País Valencià, que la califican de "lamentable". El sindicato recuerda que el edificio de la calle Colón salió a licitación hace tres años con el objetivo de reformarlo para dar dar cabida a los servicios de reconocimiento del grado de discapacidad y que el pliego de condiciones justificó esta reforma en la necesidad de disponer en la ciudad de València de un nuevo Centro de Valoración y Orientación de Discapacidad, ya que "en estos momentos se encuentra ubicado en unas dependencias que no son óptimas para la naturaleza del servicio que presta". El mismo documento recogía la intención de la Conselleria de "ampliar su personal de forma estructural para atender la importante lista de espera".
UGT critica que, lejos de poner en valor este servicio, la Conselleria haya decidido dedicar el edificio a una sede administrativa, mientras que opta por mantener la sede del centro de valoración y orientación de discapacidad de la calle Beltrán Báguena de Valencia, un inmueble que no reúne las condiciones óptimas y que cuesta dinero todos los meses a la ciudadanía en concepto de alquiler ya que no es propiedad de la Administración.
Con todo, "más allá de la muy cuestionable gestión del patrimonio de la Generalitat", afirman, el sindicato denuncia que la decisión supone un grave perjuicio para el personal de este centro y para las personas usuarios que tendrán que seguir trabajando en espacios inadecuados cuando, tras años de espera, iban a tener uno reformado ex profeso para una prestar un servicio tan específico y sensible como es la valoración de personas con discapacidad.
"Según los datos recabados por este sindicato, la plantilla dedicada a la valoración y orientación de la discapacidad (que ocupa el edificio de Beltrán Báguena, junto con otro en la calle San José de Calazanz) ha aumentado en tres años de 73 funcionarios/as a 81, por lo que si en el año 2021 era necesaria una nueva sede, ahora lo es más", inciden.
De hecho, UGT apunta que la Conselleria ha empezado a ubicar en un mismo despacho de uno de esos edificios a dos profesionales, "lo que puede llevar a que las personas con discapacidad tengan que compartir las patologías médicas, psiquiátricas o psicológicas que padecen y sus problemas económicos y familiares con otra persona con discapacidad que comparte el mismo despacho para su valoración". "Y mientras esto ocurre, la vicepresidenta contará con dos despachos", censuran.
Cabe recordar que los centros de valoración y orientación de discapacidades son centros de carácter público destinados a la valoración y calificación de la discapacidad, la determinación de su tipo y grado, así como las necesidades, aptitudes y posibilidades de recuperación de la persona con discapacidad. También determinan las dificultades de movilidad, a los efectos de concesión de la tarjeta de estacionamiento, y realizan el informe de adecuación del puesto de trabajo para personas con discapacidad, necesario para beneficiarse de las medidas de fomento destinadas a promover la contratación de personas con discapacidad en el ámbito del empleo protegido y del empleo ordinario. Efectuadas las pruebas, reconocimientos e informes pertinentes, el equipo de valoración de discapacidad emite su dictamen. El equipo de valoración está formado por profesionales de la medicina, la psicología y el trabajo social.
"En suma, servicios que afectan a colectivos muy vulnerables que requieren para su prestación instalaciones apropiadas como las que habrían tenido, de no ser por el injustificable cambio de planes de la actual Conselleria de Servicios Sociales. Con esta decisión se pierde una gran oportunidad, no sólo para dignificar este servicios, si no para visibilizar a estos colectivos ya que trasladarlos a una calle tan céntrica, como la calle Colón, además de las facilidades para el transporte público, suponía una excelente metáfora de que los servicios sociales son servicios públicos esenciales que están en el corazón de la ciudad", señalan. Por todo ello, piden a la vicepresidenta que reconsidere la decisión de frenar la mudanza del Centro de Valoración.