Foto: EPVALÈNCIA (EP). La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ha expresado su apoyo a que el Gobierno español aproveche la implicación de los agentes sociales en la regulación del tiempo de trabajo para impulsar la experimentación sobre la reducción de la jornada laboral y sus potenciales efectos positivos sobre la productividad y los salarios.
"El Gobierno debería aprovechar la fuerte participación de los interlocutores sociales en la regulación del tiempo de trabajo para promover la experimentación de políticas y ampliar la base empírica", señala el 'think tank' de las economías avanzadas en su informe 'Reactivar el crecimiento ampliamente compartido de la productividad en España', al referirse al creciente debate sobre el papel potencial que acortar la semana laboral tendría en el bienestar y la productividad.
De hecho, si bien la OCDE admite que la evidencia sobre la reducción de la semana laboral a cuatro días sigue siendo irregular y tiende a basarse en ensayos a pequeña escala con participación voluntaria, apunta que "hay pruebas claras de que las jornadas laborales muy largas aumentan los riesgos para la salud y reducen la satisfacción laboral y la productividad laboral por hora".
Asimismo, considera que hay cierta evidencia, basada en reformas del tiempo de trabajo en diferentes países de la UE, de que reducir la semana laboral normal puede aumentar los salarios y la productividad, con poco o ningún efecto sobre el empleo.
En el caso español, donde la regulación del tiempo de trabajo es similar a la de la mayoría de países de la UE, la OCDE destaca la flexibilidad existente a través del uso de derogaciones acordadas colectivamente en ciertos sectores y actividades, lo que sugiere que la negociación colectiva puede desempeñar un papel importante en la reducción del trabajo semanal normal y máximo en los casos en que es probable que esto aumente el bienestar y la productividad de los trabajadores.
De tal modo, sostiene que impulsar la experimentación de políticas en este sentido debería ayudar a comprender mejor en qué medida una semana laboral más corta puede generar efectos de productividad suficientemente grandes como para compensar a los empleadores por el aumento de los costes laborales por hora y/o a los trabajadores por la pérdida de ingresos, dependiendo de la forma en que se implementase la semana laboral más corta.
Además, el informe de la OCDE afirma que esto también permitiría conocer mejor la medida en que los efectos sobre la productividad dependen de la forma en que se organiza el trabajo más corto (horarios de trabajadores más comprimidos durante menos días o menos horas por día) y la actividad económica de la empresa.
Durante la presentación de este informe en París, a la que ha asistido la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, Stefano Scarpetta, ha defendido la posibilidad de reducir la jornada sin impacto negativo sobre el crecimiento, si eso está negociado por el diálogo social, aunque ha advertido de que, "tal vez haya que legislar porque algunos trabajadores no están cubiertos por los convenios colectivos".
"Si se impone una reducción de la jornada laboral sin diálogo, hay empresas que no se lo pueden permitir. Hay gente que trabaja horas y horas extra que no se les pagan. Y hay gente que son trabajadores de tiempo parcial involuntarios. Y en esto hay que trabajar, porque muchas mujeres tienen trabajo a tiempo parcial involuntario o impuesto", ha añadido Scarpetta.
De su lado, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha recordado que el objetivo es llevar la jornada laboral semanal este año a las 38,5 horas y reducirla a 37,5 horas en 2025, una medida que beneficiará, ha dicho, a más de 12 millones de trabajadores.
"Es la medida más importante que vamos a implementar esta legislatura", ha insistido la vicepresidenta, que ha explicado que tanto la evidencia científica como los ejemplos internacionales señalan que la reducción del tiempo de trabajo tiene efectos positivos sobre la productividad, pues ésta suele disminuir cuando se aumentan las horas de trabajo.
Por otro lado, el análisis de la OCDE recuerda que España se ha enfrentado durante décadas a un débil crecimiento de los salarios y la productividad y destaca que el salario mínimo ha aumentado sustancialmente desde 2019 "sin causar pérdidas sustanciales de empleo".
En este sentido, subraya que España ha aumentado significativamente su salario mínimo y ha fortalecido la negociación colectiva a nivel sectorial para promover una distribución más amplia de las ganancias de productividad entre los trabajadores, particularmente aquellos con salarios bajos.
De tal modo, se incrementó de un nivel relativamente bajo de alrededor del 45% del salario medio bruto en el sector privado en 2018, muy por debajo del promedio de la OCDE, al 58% en 2022 y se prevé que aumente aún más hasta el 62% del salario medio bruto, destacando que "la mayor parte del aumento se realizó en un solo paso en 2019".
"La evaluación de la OCDE de la reforma del salario mínimo de 2019 sugiere que aumentó significativamente los salarios de los trabajadores con salarios bajos sin causar pérdidas sustanciales de empleo", afirma la organización al recordar que aumentó los salarios de los trabajadores directamente afectados en casi un 6%, mientras que redujo el empleo en solo un 0,6%.
Por otro lado, la organización con sede en París destaca los avances cosechados por España a la hora de abordar la dualidad del mercado laboral, lo que supone beneficios potencialmente importantes en términos de un mayor crecimiento de la productividad.
En este sentido, recuerda que una característica clave de la reforma laboral de diciembre de 2021 fue reducir la dependencia excesiva de los contratos temporales restringiendo su uso, lo que ha provocado que España sea actualmente el tercer país de la OCDE con las normas más estrictas para el uso de contratos de duración determinada.
"La reforma ha resultado en una gran reducción de la incidencia de los contratos temporales", recoge el informe, señalando que esta cayó del 21% en el cuarto trimestre de 2021, el segundo más alto de la OCDE, a menos del 15% en el primer trimestre de 2023, añadiendo que la caída de los contratos temporales "no se tradujo en una disminución del empleo", ya que fue más que compensada por un aumento de los contratos indefinidos y, de hecho, la tasa de empleo se encuentra ahora en un nivel récord.
A este respecto, señala que, alrededor de una quinta parte del aumento del empleo permanente refleja el mayor uso de contratos intermitentes de duración indefinida (contrato fijo-discontinuo), que ofrecen más estabilidad laboral que los contratos temporales, aunque los ingresos y las horas pueden variar dentro de ciertos límites.
Durante la presentación del informe, tanto el director de Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la OCDE, como el secretario general de la OCDE, han puesto de manifiesto la "robusta" rebaja de la tasa de temporalidad en España, desde el 21% a finales de 2021 al 13% en 2023, impulsada por la reforma laboral.
No obstante, recomiendan hacer un seguimiento de los contratos fijos discontinuos para evitar que se conviertan en una "nueva fuente de precariedad".
"Los contratos discontinuos intermitentes han aumentado en este periodo de tiempo y de cara al futuro será importante, mediante el diálogo social y la negociación colectiva, realizar un seguimiento de la utilización de este tipo de contratos para asegurarnos de que no se conviertan en una nueva fuente de precariedad para los trabajadores y que puedan disfrutar de contratos sólidos, indefinidos", ha subrayado Scarpetta.
