VALÈNCIA. La vicepresidenta del Gobierno valenciano y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha defendido este viernes la "homologación salarial" entre los profesionales que trabajan en las residencias -que dependen de su departamento- y los que ejercen en los centros que dependen del la Conselleria de Sanidad Universal, que tienen mejores sueldos. De este modo, se evitaría una situación que se produce "todos los veranos" y ahora se está repitiendo con la crisis sanitaria derivada del Covid-19: "Mucha gente transita del sistema sociosanitario al sanitario porque tienen mejores salarios".
En estos momentos, "pasa lo mismo" aunque hay que tener en cuenta que además, se da la circunstancia de que Sanidad "necesita más efectivos", tanto para sustituir a profesionales contagiados por el coronavirus como porque "se necesitan más manos porque presión asistencial es más importante".
En este escenario, "es muy difícil encontrar personal sanitario para los dos sistemas", tanto en Sanidad Universal como en Políticas Inclusivas, puesto que "hay carencia de personas sanitarias, tanto médicos como enfermeros", ha admitido Oltra.
Ante esta situación, "se intenta que, al menos unas horas, haya personal sanitario que pueda atender aquellos espacios sociosanitarios" para que tengan atención médica o de enfermería.
De hecho se trasladó a Función Pública, la posibilidad de trasladar trabajadores públicos entre Consellerias y "reasignar" personal durante la pandemia para dotar de educadores, cocineros, etc. a las residencias. Sin embargo, Función Pública "no vio la necesidad", ha apuntado Oltra.
Lo que sí ha aprobado este viernes el pleno del Consell es que Políticas Inclusivas pueda "mover" a los empleados públicos de sus departamentos para que realicen funciones diferentes. En concreto, el ha ratificado la resolución de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 3 de abril, por la que se confirman medidas extraordinarias y se establecen otras preventivas para garantizar la atención y prestación de los servicios sociales y sociosanitarios a las personas más vulnerables, en el marco de la pandemia por COVID-19.
Así, se ponen a disposición de la Generalitat y en función de las necesidades que surjan con motivo del COVID-19, los medios y recursos sociales o sociosanitarios de otras administraciones y entidades del territorio valenciano, independientemente de su titularidad, así como del personal dependiente de estos.
La puesta a disposición de centros, establecimientos, servicios y programas de atención social o sociosanitaria se hará de manera gradual y según las necesidades sociales, contando en todo momento con la autorización judicial previa cuando resulte pertinente y con la oportuna comunicación al ministerio correspondiente.
Asimismo, se establece la disponibilidad de todo el personal funcionalmente dependiente de estos servicios para poder realizar "funciones diferentes a las correspondientes a su puesto de trabajo, categoría o especialidad relacionados con el ámbito social o socio-sanitario, pero de acuerdo a su perfil profesional, todo ello sin perjuicio de la prioridad de la Conselleria Sanidad Universal sobre todo el personal sanitario".
La resolución también establece la adopción de medidas de reasignación de efectivos y cambios de centro de trabajo, siempre que no comporten la movilidad geográfica no voluntaria del trabajador o trabajadora, no pudiendo afectar estas medidas a las mujeres víctimas de violencia de género que tengan adaptado su puesto de trabajo por esta circunstancia, ni a mujeres embarazadas.
Se prevé también la suspensión del régimen ordinario relativo a las jornadas de trabajo y descanso, previa comunicación a los órganos de representación de personal y respetando los descansos establecidos por la Conselleria de Sanidad Universal en su Decreto 32/2020, siempre con carácter gradual y con utilización racional de los recursos humanos disponibles.
Además, se establece la posibilidad de suspender el régimen ordinario de permisos, licencias y vacaciones, reducciones de jornada y régimen de turnos, excepto aquellos permisos relacionados con la situación de personas que estén afectadas o presentan síntomas de la dolencia de la COVID-19, así como causas de fuerza mayor.
Por otro lado, todo el personal de servicios sociales, independientemente de que ya esté o no prestando sus servicios en modalidades no presenciales de trabajo, tendrá que estar "disponible para ser requerido en cualquier momento" para la prestación de tareas presenciales, bien las que sean propias de su puesto de trabajo u otras que se le encomienden.
Finalmente, se prevé la posibilidad de imponer servicios extraordinarios y la incorporación del personal liberado sindical, que volverá temporalmente para ejercer sus funciones en atención a la situación generada por la COVID-19. No obstante, la reincorporación de estos trabajadores no supondrá el cese del personal sustituto que pudiera existir.
En cuanto a la posibilidad de "medicalizar" las residencias como plantean Madrid o Barcelona, Mónica Oltra ha explicado que ya hay 3 residencias con "alta vigilancia" médica por motivo del Covid-19 y ha recordado que para el las "residencias del futuro", ya existe un plan de la Generalitat, desde hace un año, que prevé que todas las residencias tengan conducciones para la oxígenoterapia y se puedan conectar respiradores.
El objetivo es que estos espacios sean "más sanitarios", ha explicado. "El plan está hecho, pero los cambios comienzan primero por la idea y después por incorporar eso paulatinamente a los nuevos centros residenciales que se irán incorporando a la red", ha concluido.
