Mónica Oltra, en Les Corts Valencianes. Foto: CORTS/INMA CABALLERVALÈNCIA. La vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, ha dirigido un escrito de alegaciones al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para pedir el sobreseimiento de las actuaciones contra ella al "no existir indicios de criminalidad". La defensa de la también consellera de Igualdad ha presentado su argumentación después de que el TSJCV diera un plazo a las partes antes de decidir sobre si es competente para iniciar una investigación sobre su actuación en el caso de los abusos sexuales de su exmarido a una menor. Lo cual podría conllevar posteriormente su imputación. La Fiscalía, de hecho, sí ve "indicios relevantes" contra ella.
La investigación se llevaba hasta hace pocas semanas en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que elevó una exposición razonada al TSJCV al llegar un punto en el que Oltra –que está aforada– debía ser llamada a declarar. El juez entendía que había de "ser oída" como imputada por existir "hechos presuntamente delictivos atribuidos a la aforada y demás investigados en la causa".
En un duro escrito, indicó que "no existió en la sede de la Conselleria ninguna voluntad real de esclarecer los hechos sino por el contrario de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos". "Objetivamente no puede negarse que los hechos afectaban de manera muy relevante a la Honorable Sra. Mónica Oltra y no sólo en el plano personal, como es obvio, sino también en el plano de sus responsabilidades políticas ante la carencia en la Conselleria de cualquier protocolo para proceder en supuestos tan graves como el abuso sexual continuado de una niña tutelada, y en tanto que, por esta actuación de los funcionarios a su cargo, no salieron entonces a la luz graves hechos, penalmente relevantes, atribuidos a su marido", señaló el juez.
La defensa de Oltra, sin embargo, remarca que ningún funcionario de la Generalitat ni trabajadores de entidades colaboradoras (Centro de Niño Jesús y Centro Espill) "recibió orden, sugerencia, indicación o consigna, ni directa ni indirectamente", por parte de la vicepresidenta del Consell "para que se actuara de una u otra forma y en concreto para que aperturase un expediente informativo o para que ocultase datos de la investigación o perjudicase de alguna forma a la menor".
El escrito expone igualmente que el expediente informativo fue aperturado a instancias de la directora general de Infancia y Adolescencia y que éste "no infiere la comisión de ningún ilícito penal" porque tiene "justificación y funcionalidad propia a los fines que definen el funcionamiento de la administración"
Los abogados de Oltra también aseguran que ella "no tenía conocimiento" de los hechos relacionados con su exmarido, Luis Ramírez Icardi, hasta el 4 de agosto de 2017 y hacen hincapié en que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "colaboró en todo momento con Fiscalía, atendiendo sus requerimientos en verano de 2017 y con la remisión del expediente informativo en fecha de 1 de diciembre de 2017".
"No consta la existencia de ningún hecho que justifique que se realizaron actuaciones encaminadas a encubrir los hechos denunciados por la menor y en perjuicio de ésta", añaden.
El escrito de alegaciones de la vicepresidenta de la Generalitat valora como una "extralimitación valorativa sobre el objeto del proceso" la sentencia de la Audiencia de Valencia que no sólo condenó a su exmarido, sino que cuestionó la gestión de la Generalitat y la acusó de realizar una "instrucción paralela".
"Se pretende la apertura de una investigación de marcado cariz prospectivo y con finalidad notoriamente espuria" a raíz de la denuncia de la menor contra varios cargos de la Conselleria, comenta. A la vez que valora que la presentada por la exdirigente de Vox Cristina Seguí pretende "visibilizar la existencia de un proceso penal y extraer réditos políticos".
