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cada rescate de un servicio deberá justificarse con informes de viabilidad económica

Oltra retirará de la Ley de Medidas el punto sobre la reversión de las residencias tras el varapalo del CJC

27/10/2018 - 

VALÈNCIA. El revés del Consell Jurídic Consultiu (CJC) a la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat obligará a PSPV y Compromís a negociar a contrarreloj las deficiencias legales de la norma, en particular las que se refieren a la regulación marco del personal a extinguir. Las advertencias sobre el "conflicto jurídico" que puede originarse al incorporar a las empresas públicas a cientos de empleados de empresas privadas sin ningún tipo de prueba de acceso harán que el Consell retire los puntos en conflicto de la mencionada ley e introduzca importantes modificaciones, como la exigencia de que cualquier expediente de rescate de un servicio público privatizado deba justificarse con informes de "viabilidad económica".

Uno de los artículos más controvertidos, el que regula la asunción automática por parte de la Generalitat de la gestión de residencias de diversidad funcional conforme expiren los contratos con las empresas que las gestionan, será eliminado. Se trata de un nuevo punto que la Conselleria de Igualdad introdujo en la Ley de Medidas de 2019 para ampliar una disposición adicional respecto a los efectos sobre el personal y los bienes tras la extinción de esos contratos.

El departamento que dirige Mónica Oltra trató de blindar los procesos de reversión al vencimiento de los contratos mediante la adición de un artículo que fijaba que el servicio "revertirá a la Administración, debiendo el contratista entregar los bienes muebles, inmueble e instalaciones a que esté obligado con arreglo al contrato y en el estado de conservación y funcionamiento adecuados, entendiendo por tal el correspondiente al momento del comienzo del contrato, al desgaste sufrido por su uso y al mantenimiento".

Según el CJC la Ley de Medidas, que no se debate en Les Corts, no es el instrumento adecuado para regular cuestiones concretas de la relación entre la administración y determinadas empresas privadas. Esos asuntos, subrayan los expertos, competen al contrato, a los pliegos que rigen la contratación y a la normativa sobre contratación pública, pero en ningún caso a la legislación autonómica. "Ni siquiera con la justificación de dotar de una mayor garantía la extinción dela relación contractual", añade el CJC.

Pues bien, según explican a este periódico fuentes del departamento de la vicepresidenta, el punto desaparecerá del proyecto de Ley que el Consell aprobará el próximo miércoles en un pleno extraordinario. Lo eliminarán porque, aseguran, no se considera esencial para la reversión de las centros públicos de diversidad funcional y se estará a lo dispuesto en los contratos.

Puig y Oltra, con miembros del CJC

La patronal valenciana de las residencias (Aerte), que tras conocerse el borrador de la Ley había pedido en varias ocasiones la supresión de este punto, destacó que el dictamen CJC es claro en la exigencia de que los expedientes de contratación en los que se procede a la reversión del servicio público se recoja expresamente un informe que justifique con datos
y parámetros objetivos la necesidad de dicha reversión" por las graves consecuencias que puede acarrear este proceso, sobre todo si se hace de manera generalizada".

El lío del personal a extinguir

Menos claros están los cambios que el Consell tendrá que introducir para salvar las objeciones del CJC a la forma de regular al personal a extinguir. El dictamen de los expertos reconoce la dificultad de compaginar la normativa laboral, que protege al trabajador de la empresa privada en el caso de una sucesión de empresa, con la normativa administrativa y constitucional, que protege el acceso al empleo público en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Sin embargo, considera que la fórmula elegida por el Consell para la subrogación de este personal en empresas públicas de la Generalitat "no está exenta de conflicto jurídico". Por ello, insta a suprimir todo un apartado de la ley con el que el Consell quería aclarar que el personal de las empresas privadas contratistas de la Generalitat solo podría adquirir la condición de empleado público si superase las "pruebas objetivas" que se convocaran en la empresa en la que se integran.

La problemática en relación con este personal "se acrecienta" si se tiene en cuenta que las plazas que ocupan "no pueden sacarse a convocatoria pública, a un proceso selectivo, al tratarse de personal cuyo contrato solo puede extinguirse por las causas legalmente establecidas en el derecho laboral". Al ser intocables esas plazas, ello supone que el personal de las empresas privadas que se incorpore a firmas públicas podrá agotar allí su vida laboral sin necesidad de superar ninguna oposición, ya que el no ser su plaza la que sale a concurso no se vería forzado a presentarse al proceso selectivo.

Oltra no lo aclara

En su rueda de presa tras el pleno del Consell de este viernes, Mónica Oltra fue muy poco clara sobre cómo se piensa resolver este escollo, ya que dijo que se estudia la manera de combinar la subrogación de los trabajadores por la Generalitat con una posterior oposición.

La vicepresidenta obvió que tanto la Abogacía de la Generalitat, primero, como el CJC ahora han dejado claro que, aunque se convoquen oposiciones, el personal a extinguir no estaría obligado a presentarse a ellas porque las plazas a concurso deben ser necesariamente de nueva creación, pero no las ya ocupadas por ellos.

Para intentar explicarlo, la consellera de Igualdad recurrió al caso que mejor conoce: el del personal de las residencias de diversidad funcional que el IVASS está asumiendo como personal a extinguir, cientos de personas que, como el resto de empleados de las reversiones podrán permanecer en una empresa pública como una suerte de falsos funcionarios hasta que se jubilen.

En uno de esos procesos, el del centro de enfermos mentales de Albocàsser, Oltra aseguró que el personal se integró en el IVASS –con la condición de a extinguir– lo hizo aceptando que en algún momento tendrá que acudir a la oposición cuando las plazas se saquen a concurso, pero no aclaró si existen acuerdos particulares con estos empleados.

Si tal y como marcan la Abogacía de la Generalitat y el CJC esas plazas no pueden salir a concurso, en el IVASS se dará una importante disparidad entre sus cerca de 700 interinos, que tendrán que superar una prueba para consolidarse en su puesto, y los cientos de empleados que entrarán directamente con las reversiones, sin pruebas y sin obligación de superarlas.

Vicent Soler, Mónica Oltra y Ximo Puig. Foto: EVA MÁÑEZ

Es lo que el CJC ha reflejado en su dictamen como una "vía alternativa de selección de personal de la Generalitat (a través de su sector público) prescindiendo, no solo de los procesos selectivos, sino de los principios básicos constitucionales de igualdad y publicidad en el acceso al empleo en el marco de las Administraciones Públicas".

Una de las alternativas que el propio CJC apunta en el dictamen es la posibilidad de integrar al personal que la Administración asume como consecuencia de un proceso de sucesión empresarial en sociedades públicas mercantiles de nueva creación, tal y como ya propuso para el personal del Hospital de Alzira. Esta es la solución que Presidencia de la Generalitat pretende llevar a cabo con la creación por decreto de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) para asumir a los bomberos forestales que ahora dependen de Tragsa.

Bomberos y residencias

La vicepresidenta exhibió la misma falta de concreción a la hora de aclarar cuándo se aprobará en el Consell el decreto de Presidencia que debería acabar con la crisis de los bomberos forestales, que se iba a aprobar en el pleno de la pasada semana pero que fue frenado por Compromís para plantear su propia alternativa.

Como publicó este periódico, Compromís ha accedido este jueves a respaldar la solución que propone Presidencia –que entre otras cosas allana la subida salarial del 30% que los bomberos llevan semanas reclamando– si la Conselleria de Hacienda da el visto bueno a un decreto que Oltra lleva meses intentando sacar adelante: el de la subida salarial del IVASS.

La vicepresidenta no acertó a explicar por qué el decreto de los bomberos tampoco se aprobó este viernes y, ante la insistencia de los periodistas, se limitó a decir que tanto el decreto para crear la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias (SGISE) como el de la homologación salarial del IVASS verán la luz "lo más pronto posible".

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