Hoy tocaba una segunda parte del artículo "La traición de Pedro Sánchez", después de que el presidente del Gobierno acudiera al acto institucional a no comprometerse a nada cuando Ximo Puig y Mónica Oltra le recordaron que en esta España desigual hay un problema de falta de financiación autonómica, para, dos días después, firmar un acuerdo 'presupuestario' con Pablo Iglesias en La Moncloa sin mencionar el asunto de la financiación autonómica.
Son 50 folios con membrete oficial (ver documento) en los que Gobierno y Unidos Podemos pactan impulsar medidas que van mucho más allá de los presupuestos, medidas sobre los impuestos, la ley 'mordaza', la privatización de la sanidad, la ley electoral, las pensiones, la violencia de género, los delitos sexuales, los alquileres, la dependencia, el salario mínimo interprofesional, los autónomos, las escuelas infantiles, la I+D+i, el cambio climático, el fomento de la cultura, los juegos y apuestas... hasta sobre la financiación local se proponen medidas. El pacto aborda, en fin, todos los problemas que Sánchez e Iglesias consideran importantes, entre los cuales no está, nunca lo ha estado, la financiación autonómica.
Sabíamos que el problema no se va a solucionar en esta legislatura porque Sánchez tiró la toalla antes llegar a La Moncloa, pero por lo que se ve en el documento tampoco en 2019 se van a arbitrar medidas transitorias que eviten que los valencianos reciban, un año más, 800 euros per cápita menos que Cantabria. Las venía reclamando Puig, pero ni las pidió Iglesias ni se acordó de ellas Sánchez.
Pero no era eso de lo que quería escribir este domingo sino de otro problema que tampoco aparece en el acuerdo más que presupuestario de Sánchez e Iglesias porque todavía es un asunto menor. Se trata del personal 'a extinguir', esa figura de empleado público que, moldeada en los últimos años entre la jurisprudencia y algunas normas de rango menor interpretadas por la Abogacía de la Generalitat, ha abierto una brecha en el acceso a una plaza fija en las Administraciones.
Una brecha que permite, por ejemplo, que determinados empresarios puedan colocar a quien les dé la gana –incluidos familiares y amigos que no sepan hacer la o con un canuto– en una plaza que a corto o medio plazo va a ser como la de un funcionario pero sin haber pasado por una oposición. Es el llamado personal 'a extinguir'.
El título de personal 'a extinguir' fue noticia con motivo de la reversión del hospital de Alzira y su área de salud a la gestión pública, el pasado 1 de abril, aunque la figura ya existía en la administración española, donde había surgido a golpe de sentencia judicial que daba la razón a los trabajadores.
El problema es el siguiente: una concesión o contrata pública revierte a la Administración, que decide asumir el servicio que antes prestaba la concesionaria o contratista. La ley de función pública establece que para dar un nuevo servicio, la Administración debe crear las plazas necesarias y realizar una oferta pública de empleo (OPE) mediante concurso-oposición. La ley, sin embargo, choca en este caso con el Estatuto de los Trabajadores, que dice que "el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior". Aquí el nuevo 'empresario' es la Administración, a la que le es aplicable este artículo.
Es lo que ocurrió con unos 1.200 trabajadores de Alzira, que conviven en sus puestos con otros trabajadores –la Conselleria aumentó la plantilla tras la reversión– con diferentes salarios y horarios. Pero esto es lo de menos, lo importante es que este colectivo de personal 'a extinguir' se va a quedar hasta que se jubile en su puesto porque su plaza no va a salir a concurso, como les prometió Carmen Montón. Entre otras cosas, porque habría que despedirlos y pagarles indemnizaciones que sumarían muchos millones debido a su antigüedad de hasta 18 años. Tampoco se sabe en qué condiciones van a continuar porque el convenio colectivo que tenían con Ribera Salud vence el próximo 31 de diciembre y existe un vacío legal sobre sus condiciones laborales a partir del 1 de enero. ¿Serán como las de los estatutarios sin ser estatutarios?
Este acceso atípico a un empleo de por vida en la Administración al margen de los principios de igualdad, mérito y capacidad que garantiza una OPE se va a repetir en las otras cuatro concesiones sanitarias a medida que vayan revirtiendo a la Generalitat –la de Dénia han prometido que se hará antes del fin de la legislatura–, lo que supone sumar cerca de 5.000 trabajadores más 'a extinguir'. Sin salir de Sanidad, hay que contar también a los trabajadores de contratas no tan grandes pero importantes, como la de resonancias magnéticas, con unos 150 trabajadores objeto de subrogación.
A ellos hay que sumar los 750 bomberos forestales de Tragsa que se integrarán en la Generalitat y unos 3.000 empleados de residencias privadas concertadas que la Generalitat, por empeño de Mónica Oltra, ya ha comenzado a revertir a la gestión pública a medida que vencen los contratos. En este último caso, pasarán a formar parte del Instituto Valenciano de Atención Social y Sanitaria (IVASS).
Como avanzó Valencia Plaza, la Abogacía de la Generalitat ha obligado a cambiar la regulación que pretendía hacer el Consell en la Ley de Acompañamiento. Donde se preveía sacar esas plazas a concurso, la Abogacía ha dicho que eso no es posible, que esas plazas son 'a extinguir' y que, en todo caso, se deberían crear otras nuevas en paralelo y después amortizar las existentes, con la consiguiente indemnización por despido improcedente. En resumen, que quienes las ocupan, colocados a dedo por los empresarios, se quedan ahí de por vida.
Los requisitos para asumir esas plazas, según las normas de Sanidad para los casos de Alzira y resonancias, son que el personal lleve un año en el puesto y tenga la titulación adecuada. Pongámonos en el caso de un empresario de una residencia que a finales de 2019 vaya a dejar sus instalaciones en manos de la Administración y pensemos a cuánta gente puede colocar de por vida.
Los sindicatos, de momento, callan. Están en los dos lados, en la defensa del acceso a la función pública en condiciones de igualdad, mérito y capacidad y en la defensa de unos trabajadores de la empresa privada que tienen sus derechos. Ahora son unos 1.200, pero en pocos años pueden llegar a cerca de 10.000.
