VALÈNCIA (EP). La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha instado este viernes a esperar a lo que digan Fiscalía y Juzgado sobre el procesamiento del director general de Política Lingüística de la Generalitat, Rubén Trenzano, que ha sido procesado al entender el juez que existen indicios de falta de veracidad en un documento fechado en 2018 en el que el alto cargo aseguró que se habían fiscalizado las ayudas al valenciano concedidas en 2015 y 2016 a dos empresas vinculadas a Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat.
Oltra ha indicado que el juez ya archivó este caso en una ocasión, con el mismo criterio que la Fiscalía, por lo que es "muy relevante" lo que tengan que decir en este momento. "No es lo mismo que la Fiscalía acuse que un partido político sea el único que plantea la acusación", ha argumentado la coportavoz de Compromís, partido al que también pertenece el alto cargo procesado.
Por ello, preguntada por si es partidaria del cese del director general, ha optado por esperar a lo que finalmente determine el juez, que ha dado un plazo de diez días a las partes para que formulen acusación, pidan el sobreseimiento o excepcionalmente soliciten diligencias complementarias.
En esta línea, ha defendido que no se ha producido un cambio de actitud en el Consell, en relación a las exigencias que planteaban al PP cuando estaban en la oposición, y ha subrayado que "la línea etica no la marcan los tribunales" sino que debe ser "más exigente", hasta el punto de que "hay situaciones en que, a lo mejor, sin haber imputación hay motivos para apartar a una persona de un cargo".
"Esto sigue intacto", ha dicho, y ha rechazado entrar en situaciones de otras administraciones --en alusión al Ayuntamiento de València y la situación del concejal de Compromís, Pere Fuset, a quien se le ha abierto juicio oral por el accidente mortal en el montaje de las gradas de los conciertos de Viveros de 2017-- "pero es público y notorio que en aquel momento hubo consecuencias y a la persona se le retiraron las competencias". "Por tanto, ha habido consecuencias de una gravedad que no se habían visto en el pasado con casos que todos tenemos en la mente y no voy a repetir", ha dicho.
En esta línea, y ante la petición de la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, que ha reclamado al 'president', Ximo Puig, y a la propia Oltra que apliquen "el mismo criterio que exigieron al PP" en su día cuando cargos suyos fueron imputados, ha dicho: "Que el PP no se preocupe, que si algo caracteriza al Consell es la exigencia de la ética pública".
Oltra ha argumentado que "la ética pública no la dictan los tribunales" y tiene una "una exigencia mayor" y ha insistido en que el planteamiento será el de si finalmente si se produce el archivo de la causa o continúa adelante. "Ahí es el momento donde la decisión determina también la cuestión publica", ha manifestado. Y preguntada por cuáles son, entonces, las "líneas rojas" que marca el Consell en estos casos, tras haberlas ella misma reprochado al Gobierno del PP, ha asegurado que están en el Código Ético y del Buen Gobierno del Botànic, que otras administraciones han copiado y por el que recibieron felicitaciones de instituciones de la UE.
"En este momento hay un auto de procesamiento sobre el que las partes se deben pronunciar y es muy relevante lo que diga Fiscalía, que es la garante del interés general, y a partir de ahí, muy relevante lo que diga el juez porque ya hubo un archivo de la causa", con el argumento de que el contenido de la denuncia del PP debía enmarcarse en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo o en el ámbito de la "contienda política". Un razonamiento que apoyó entonces la Fiscalía.
No obstante, la Audiencia revocó ese primer archivo y acordó continuar con el procedimiento y, finalmente, el Juzgado de Instrucción ha decidido procesarlo. Un testigo afirmó que el control aludido por el director general no se hizo hasta 2018.
Oltra ha defendido que en el caso de las ayudas al valenciano "todo se ha hecho conforme a la normativa vigente en cada momento" y ha recalcado que en esa carta que Trenzano remite a una diputada del PP dice que se llevaron a cabo las actuaciones de control "que correspondían legalmente en aquel momento".
"Este es el origen, se aplicaron las normas de control vigentes y que había dictado el propio PP", ha dicho, y ha especificado que se trataba de un control "aleatorio", mientras que el Botànic cambió la normativa para hacer "más exhaustivos" los controles de las subvenciones, introduciendo un control específico en los casos en que hubiera una denuncia pública o por escrito. Por tanto, ha hecho notar se que denuncia "una cuestión hecha sobre su propia normativa".
