Hermanos, que no primos

Una de las fuerzas más poderosas del Universo es la verdad. No se la puede destruir, ni ocultar, así que pasen meses o años. Esta semana lo hemos vuelto a comprobar tras la declaración del hermano del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, en el Juzgado de Instrucción número 4 de Valéncia. Allí acudía el pasado lunes Francis Puig a prestar declaración como investigado como presunto autor, de momento, de los delitos de fraude, malversación y prevaricación por cobrar (aún presuntamente) 1,2 millones de euros de manera irregular en subvenciones públicas a su productora.

Han sido años de denuncias en los juzgados, que es donde deben esclarecerse este tipo de comportamientos, pero también de preguntas en Les Corts al jefe del Consell y a los consellers de los departamentos implicados; escritos por Registro; peticiones de información a la Administración; ruedas de prensa… También han sido años de intentar tapar la verdad, negar la evidencia, desviar el foco o, peor, mentir descaradamente cuando salía el tema en la sede de la soberanía autonómica.

Pero todo ha sido en vano, de nuevo, y los tribunales están cada vez más cerca de certificar mediante sentencia lo que ha ocurrido estos últimos años en el entramado político-mediático de la familia Puig desde que Ximo dirige el Gobierno valenciano. Desde luego, no ha sido ningún invento del Partido Popular de la Comunitat Valenciana ni de esta diputada autonómica, sino el cumplimiento de nuestro deber como principal grupo de la oposición: vigilar el estricto cumplimiento de la Ley en la Generalitat Valenciana y fiscalizar la acción de gobierno. Váyanse buscando los miembros del Consell otra excusa, que esa ya no les vale.

Ha sido el propio investigado, Francis Puig, quien ha reconocido que existían duplicidad en las facturas emitidas al Gobierno de Aragón, la Generalitat Valenciana y la catalana para cobrar varias veces por el mismo concepto. También ha admitido que presentaron tickets de gasolina de sus coches particulares y de una vivienda, así como gastos particulares del padre y de otro hermano del presidente, Jorge.

No había defensa posible después de que la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Agencia Antifraude y la Fiscalía Anticorrupción emitieran informes en los que exponían estas irregularidades. Ante la acumulación de pruebas en contra, negarlas era tontería. Así lo admitió el investigado, aunque achaca a la Generalitat Valenciana que nadie le advirtiese de estas irregularidades.

Ya parece bastante claro el asunto cuando hasta el cabecilla reconoce estos delitos. Sin embargo, todavía queda hilo en la madeja para desentrañar. ¿La Generalitat no revisó la documentación o había orden de pasarlas directamente al cobro sin mirarlas? Es decir, ¿la Generalitat Valenciana miró hacia otro lado en el caso del hermano del presidente?; ¿por qué le ha reclamado al socio del hermano del presidente el reintegro de las subvenciones y a Francis Puig todavía no?; ¿por qué continúa haciéndolo ahora que Francis Puig ha reconocido estas irregularidades o piensa personarse la Abogacía de la Generalitat en la causa para recuperar el dinero sacado de los impuestos de los valencianos y entregado a la familia de Ximo Puig? Me niego a creer que la acción de la Generalitat Valenciana se dirija en función del apellido del afectado.

Esta trama implica, y de lleno, a la Administración autonómica. Por ahí tampoco valen ya las dilaciones, retruécanos y vericuetos de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, para dar orden a los abogados de que defiendan el interés público por encima del particular del presidente. Y espero que lo haga antes de que ella misma tenga que dar explicaciones en el juzgado al precisar tan certeramente el número de páginas del informe de la Guardia Civil sobre el caso, una información bajo secreto de sumario y a la que solo tenemos acceso las partes. Temo que los nervios después de las últimas evidencias en sede judicial empiezan a aflorar en el Palau.

Y no me extraña nada. Ni Ximo Puig, con el enorme poder político y mediático que maneja, ha sido capaz de detener la verdad, que va a salir a la luz cuando falta menos de un año para las elecciones autonómicas. Ya vimos la que se lió con el hermano de Isabel Díaz Ayuso cuando nada tenía de turbio el asunto y me pregunto cuántos minutos de televisión tendríamos encima si fuera el hermano de Juanma Moreno.

La izquierda se cree infranqueable en su muro de favores, despistes y ocultamiento. Pero ya no, hace tiempo que eso se acabó. La verdad ha encontrado su camino y desde el PPCV lo seguiremos descubriendo y exigiendo que ese 1,2 millones de euros vuelvan a los bolsillos de los ciudadanos. Porque Dios dijo que fuéramos hermanos, pero no primos.