VALÈNCIA. La operación Erial ha destrozado a uno de los políticos más destacados de la historia de la Comunitat Valenciana, Eduardo Zaplana, más conocido como 'el campeón' entre sus acólitos. Expresidente de la Generalitat, exministro de Trabajo con Aznar y alto cargo de Telefónica hasta su detención, nadie creía que pudiera caer. Y mucho menos pisar la cárcel.
Zaplana siempre ha estado rodeado por la sombra de la corrupción desde que fuera pillado en las grabaciones del caso Naseiro, diciendo "me tengo que hacer rico porque estoy arruinado", pero nunca había sido cazado, hasta ahora. Siempre en el filo de la navaja, ha costado 30 años hacerle caer.
De hecho, su caso, la operación Erial, es la primera en la historia que no se hizo pública hasta el mismo día de la detención del ahora imputado. La discreción era más que fundamental siendo el personaje quien era y teniendo las conexiones políticas de las que gozaba tanto a la izquierda como a la derecha.
Un sigilo que ha permitido a la Unidad Central de la Guardia Civil (UCO), a la Fiscalía Anticorrupción con Pablo Ponce a la cabeza y a la magistrada del caso, Isabel Rodríguez, realizar una de las mejores y más concienzudas investigaciones que se recuerdan. Esto último es tan cierto, como que varias defensas consultadas por Valencia Plaza no dudaron en definir la parte del sumario levantada esta semana como "uno de los sumarios mejor instruidos que se recuerdan". Pero qué es Erial, cómo comenzó y qué ha supuesto.
El expresidente valenciano y exministro de Trabajo fue detenido el pasado 22 de mayo a la salida de su domicilio en València. Según sospechan los investigadores, Zaplana, y los que la Policía considera sus testaferros, Joaquín Barceló y Francisco Grau Jornet, así como el resto de investigados entre los que destacan el exconseller y ex director general de la Policía Juan Cotino; el ex jefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García, considerado el segundo de a bordo; su secretaria, Mitsouko Henríquez, y su mujer, Rosa Barceló, están imputados en diferente medida por delitos como cohecho, prevaricación, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental y de formar una asociación ilícita y un grupo criminal organizado para delinquir.
En el caso Erial se investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, puesto en marcha en 2003.
La Fiscalía Anticorrupción, la magistrada y la Guardia Civil rastreaban el supuesto blanqueo de casi once millones de euros en comisiones ilegales recibidas presuntamente por la adjudicación de los citados contratos públicos.
Aunque parezca increíble para aquellos que conocen a Zaplana, una de las personas más precavidas del mundo, el caso Erial comenzó con el descuido más tonto del mundo por parte del expolítico: se olvidó unos papeles en su antigua casa que explicaban la 'hoja de ruta' del amaño de los contratos. Una documentación encontrada a posteriori por la UCO en un despacho, el del abogado de la garganta profunda del caso Taula Marcos Benavent.
Explica la UCO en su informe que los documentos incriminatorios "habrían sido redactados a principios del mes de septiembre de 2001 y habrían sido hallados abandonados en la que fuera vivienda particular de Eduardo Zaplana". Pero antes de poder certificar el contenido de estos papeles, los investigadores dieron muchas vueltas.
El recorrido de dichos papeles fue estrambótico, ya que el propietario que adquirió el inmueble, un ciudadano sirio, se los dio a Benavent, quien a su vez los custodió hasta que fueron incautados en un registro del caso Taula. A partir de ese momento, la UCO tomó declaración a ambos para certificar la autenticidad de estos.
Ese fue el inicio del fin de Zaplana. En cuanto a la vinculación del expresident con el entramado corrupto bajo investigación, explican los miembros de la UCO que, además del hecho de que los papeles aparecieran en la que fuera su casa y de que las adjudicaciones se hicieran siendo él presidente de la Generalitat, está la circunstancia de que en dichos papeles aparece, de forma recurrente, la sociedad Imison International, "la cual de manera reiterada durante la investigación viene retratándose como el 'vehículo' utilizado para el pago del presunto soborno vinculado a Zaplana".
Imison Internacional es el nombre clave de la operación Erial, el epicentro del blanqueo, ya que es la sociedad Imison Internacional a través de la cual se movió supuestamente el dinero en B de Zaplana. El entramado internacional era de los más enmarañados que se recuerdan, tanto es así que esta parte continua bajo secreto de sumario debido a su complejidad.
Dos testaferros internacionales contralaban el entramado: Beatriz García Paesa (Imison) y Fernando Belhot, encargado de mover el dinero desde esta sociedad radicada en Luxemburgo a paraísos fiscales en Panamá, Uruguay y Andorra.
Es con Belhot con el que Zaplana mantuvo la conversación más escandalosa y comprometedora del sumario:
-Zaplana: "Tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto... para algunas cosas que a mí me pide... necesito liquidez. A mí Ignacio (González según la UCO) no me está dando (ininteligible) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco... tampoco pasa nada".
Un poco después Zaplana dice: "Ahora necesitaría..., pero a corto plazo. A mí me pasa lo mismo, yo, tengo mi sueldo, que es un buen sueldo... yo puedo sacar (ininteligible) que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones de... primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo es que, aunque los tuviera..."
El testaferro del caso Lezo le replica preguntando sobre qué explicación tiene a lo que el expresidente contesta: "Tengo que decir aquí en España, me van a decir ¿usted dónde va?".
Es ahí cuando ambos se ponen a hablar de dinero. El testaferro habla de billetes de 500 euros. Sin embargo, Zaplana le contesta: "Pero bueno, si son de 50 los puedo (ininteligible)". Yes entonces cuando hablan de plazos. El expresidente tiene prisa, pero el testaferro le contesta: "Te lo iré devolviendo poco a poco, y no te digo que sea en dos días... una semana, diez, quince días". Y Zaplana le replica: "En un mes mejor".
¿Pero de dónde salían las mordidas? Según la investigación de varias sociedades vinculadas a dos sobrinos del exdirector general de la Policía Nacional y expresidente de Les Corts Juan Cotino, los mismo que presuntamente recibieron los contratos amañados. A través de varias sociedades y empresas del grupo Sedesa se fueron pagando las mordidas que, posteriormente, se moverían de un país a otro.
Las personas receptoras de los pagos en B supuestamente fueron dos: Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana, al que le 'pillaron' 2,3 millones de euros tras acogerse a la amnistía fiscal de Montoro, y Eduardo Zaplana, quien supuestamente repatrió cerca de 3 millones que habría blanqueado comprando coches, yates e inmuebles a través de testaferros en España y, otros 6,3 que están retenidos en paraísos fiscales.
Por ahora, y tras encontrar el dinero oculto en el extranjero, todos los investigados esperan en libertad a que se abra la segunda parte del sumario, la que explica el entramado financiero internacional creado para mover el dinero negro. De hecho, fuentes del caso explicaron a este periódico que no se va a realizar ningún movimiento procesal hasta que no se haga pública la segunda parte del sumario que, como explican estas fuentes, es todavía más demoledora que la primera parte.
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