VALÈNCIA. Tras alcanzar el número nada despreciable de aprobación de 68 leyes, la legislatura valenciana más profusa acabó dejando en el tintero por dos días cuestiones tan relevantes como el último paso para trasladar al Congreso la reforma constitucional que había de amparar el reconocimiento del derecho civil valenciano. Una reforma histórica que contaba con la firma de todos los grupos excepto Ciudadanos. Su retraso fue fruto del esfuerzo para alcanzar el máximo consenso posible, aspirando a la unanimidad que nos permitiera enviar la propuesta con la mayor fuerza, pero fue inviable por la rotunda negativa, hasta el ridículo, de Ciudadanos a cualquier propuesta que huela a autogobierno. La iniciativa fue aprobada sin enmiendas, quedando un último paso que desgraciadamente no se ha dado debido al adelanto electoral decidido unilateralmente por el PSPV.
Otra de las leyes relevantes que ha quedado pendiente de aprobar por dos días era la Ley del Juego, cuyo fin primordial era proteger al menor y combatir la ludopatía, un problema de salud al que hay que hacer frente que está arruinando la vida de muchas familias y que también habrá de esperar al resultado electoral y las nuevas Corts.
Por su parte, en el Congreso la convocatoria anticipada ha dejado pendiente la tan anunciada revisión de la dañina reforma laboral del PP de 2012, a pesar de tratarse de una promesa electoral del PSOE, y a pesar de la urgente necesidad de derogar aquel Real Decreto que bajo el paraguas de la crisis económica dejó los derechos laborales en la absoluta precariedad y así siguen siete años después.
Es curioso que ante el anuncio del Gobierno de la posibilidad de plantear reformas vía Decreto, el PP y la CEOE se han escandalizado, cuando aquél destrozo fue precisamente aprobado mediante ese mecanismo extraordinario; y apelan al necesario diálogo y consenso, cuando ni en aquel entonces lo hubo ni lo hay nunca cuando se trata de reformas laborales que precarizan nuestros derechos. Escuchar a los dirigentes de la patronal y sus soflamas es suficiente para hacerse una idea de la imposibilidad de consensos si se quiere recuperar derechos, pues siempre quieren más precariedad, menos indemnizaciones y menos fuerza de los convenios colectivos. Así, el Presidente de la patronal, Antonio Garamendi, regala perlas como afirmar que uno de los problemas de la brecha salarial es que las mujeres asumen menos riesgos, cuando la realidad es que la brecha salarial supone sueldos distintos por idéntico trabajo, esto es, no se trata de arriesgar sino de a igual trabajo igual retribución, incluidos obviamente los pluses salariales que ellas no reciben y el acceso a los mismos tipos de contratos, pues los de a tiempo parcial recaen en las mujeres, que siempre padecemos mayor nivel de precariedad. Es la misma persona que califica su sueldo de más de 300.000 de euros (más los pluses salariales que él si cobra) de humilde.
Finalmente el ejecutivo ya ha anunciado que renuncia a abordar por Decreto los aspectos más dañinos de aquella reforma laboral, a pesar de contar con un texto pactado con los sindicatos CCOO y UGT, dejando al destino del resultado electoral un modelo de relaciones laborales en el que la precariedad es la norma y no la excepción. Las cifras son contundentes: el 31% de los contratos fijos firmados desde 2012 no llega al año de duración. La temporalidad está consolidada. Los despidos masivos con los ERE sin control de las empresas con beneficios millonarios están a la orden del día. La desregulación priorizando los convenios de empresa y favoreciendo los descuelgues de convenio deja en total indefensión al personal, carente de normas que regulen su relación laboral y le protejan y aporten seguridad jurídica o estabilidad. Objetivo del PP cumplido. De hecho cuando les preguntan al PP de qué se sienten más orgullosos de su etapa de gobierno siempre aluden a la reforma laboral. Ellos se enorgullecen de la precariedad laboral.
Mientras, con estos mimbres y la escasa financiación autonómica que recibimos -otra de las cuestiones pendientes de la legislatura que se acaba y también de la anterior presidida por el PP, pues el modelo está caducado desde el 2015 y así seguimos-, desde el Consell se ha hecho una clara apuesta por la creación de empleo con el nuevo servicio valenciano de ocupación bautizado Labora.
El objetivo logrado era pasar de un Servicio abandonado por el anterior gobierno del PP a uno que funciona, que cuenta con recursos suficientes y planes y programas específicos para los colectivos con mayores dificultades, como “Avalem Joves”, del que se han beneficiado directamente 40.428 jóvenes, y “Avalem Experiència”, que ha llegad a 80.393 personas. El éxito de la nueva gestión está en las cifras de reducción del paro (EPA) un 38,4% desde el inicio de la legislatura y en la creación de 195.600 nuevos puestos de trabajo.
Gracias a la labor de la Conselleria de Economía Sostenible que gestiona Compromís ahora contamos con una entidad preparada para hacer frente a las demandas que ocasionan los nuevos modelos de producción, los cambios tecnológicos, en definitiva las nuevas necesidades del mercado laboral, y todo ello se ha hecho con un proceso de participación inédito y con el objetivo de ser útiles para que la gente acceda a una ocupación digna y de calidad.
Durante estos cuatro años, con el obstáculo que supone una reforma laboral que desregulariza y precariza, el Consell ha puesto todo su empeño en crear empleo estable y facilitar el acceso a quien más lo necesita. El nuevo modelo de entidad Labora tiene ahora toda la maquinaria y el personal suficiente para dar más frutos, porque vinimos a rescatar personas y lo hemos hecho. Y que nadie se equivoque, el cambio no para.
*Isaura Navarro es diputada de Compromís en Les Corts