El Consell del Botànic II. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El pleno del Consell aprobará este viernes el plan normativo anual de este ejercicio. Un año en el que el Botànic II tiene previsto tramitar un total de 29 proyectos legislativos y 189 decretos. Entre ellos, se encuentran algunas normativas que socialistas y valencianistas no llegaron a validar la legislatura pasada por el adelanto electoral decretado por Ximo Puig, como por ejemplo la Ley del Juego de la Comunitat Valenciana que actualmente tramitan Les Corts Valencianes.
El departamento que más normas ha plasmado en su plan de trabajo para este año es el de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica que dirige Mireia Mollà, que prevé iniciar el curso de un total de ocho anteproyectos de ley: el de Cambio Climático y Transición Ecológica; el de Contaminación Lumínica; uno de Evaluación de Impacto Ambiental; el de Generación y Aplicación de Conocimiento y Desarrollo sostenible Agroalimentario; el anteproyecto de ley de Espacios Naturales Protegidos; otro sobre Pesca Continental; el anteproyecto de creación del Consejo Agrario de la Comunitat Valenciana y participación de las Organizaciones Profesionales Agrarias; y, por último, el anteproyecto de ley de Protección, Bienestar y Posesión de Animales de Compañía.
La tramitación de esta última ley llegó a iniciarse en la legislatura pasada cuando Elena Cebrián se encontraba al frente de este departamento. Sin embargo, no llegó a validarse antes de acabar el primer mandato del Botànic II. Así, una de las medidas más polémicas que recogía este anteproyecto era la tasa municipal que podría imponer un ayuntamiento a los vecinos por la tenencia y la cría de perros, así como el límite de un número máximo de animales de compañía que se podían tener en cada vivienda.
Con todo, el plan normativo de esta Conselleria podría considerarse especialmente ambicioso si se tiene en cuenta los plazos que se manejan en la administración para tramitar un proyecto normativo y que además apenas quedan 10 meses para finalizar el año. Un plazo que obligaría al departamento de Mollà a aprobar un anteproyecto de ley casi de manera mensual.
Las siguientes carteras que prevén cursar más iniciativas legislativas en el Botànic II son la Conselleria de Hacienda que dirige Vicent Soler, la de Educación que lidera Vicent Marzà, y Presidencia de la Generalitat, con cuatro proyectos legislativos cada uno. Ahora bien, en el primer caso huelga subrayar que dos de ellos son la Ley de Medidas Fiscales -más conocida como la ley de Acompañamiento- y la de Presupuestos de la Generalitat que se realizan año tras año. Otra de ellas es la Ley del Juego de la Comunitat, que actualmente afronta la recta final de su tramitación en el Parlamento valenciano, pero cuyo texto legal ya fue redactado en la legislatura pasada y tampoco pudo validarse debido al adelanto de las autonómicas.
Tras la cita en las urnas del pasado mes de abril, la Conselleria de Hacienda tardó en presentar el mismo proyecto de ley que en 2018. La nueva ley no contenía cambios respecto al texto legal de hace dos años porque, según justificaban desde el Ejecutivo, hubieran tenido que requerir de nuevo informes del Consell Jurídic Consultiu (CJC) o del Consejo Económico y Social (CES), entre otros. La única novedad entre las leyes que pondrá en marcha la cartera de Soler, por tanto, sería el anteproyecto de ley del Sector Público Instrumental de la Generalitat.
Por su parte, Educación tratará de sacar adelante en los próximos meses el anteproyecto de ley Integral Valenciana de Educación; otro por el que se ordenará el ejercicio de las profesiones del deporte; un tercero del Patrimonio Cultural Valenciano; y la normativa para proteger y promocionar el Palmerar de Elche.
Mientras, el jefe del Consell, Puig, pondrá en marcha el anteproyecto de ley de Gobiernos Locales de la Comunitat Valenciana; el anteproyecto de ley del Fondo de Cooperación Municipal de los municipios y entidades locales menores de la autonomía; la ley del Comité Valenciano para Asuntos Europeos; y finalmente el anteproyecto de ley para modificar artículos de la norma de Asistencia Jurídica de la Generalitat.
La Conselleria de Justicia y Administración Pública que gobierna Gabriela Bravo y la de Economía, con Rafael Climent al frente, tienen previsto validar tres normas cada uno en estos diez meses. En esta terna, Bravo incluye el proyecto de ley de Función Pública, que ya fue aprobado por el pleno del Consell el pasado 14 de febrero. Un texto que empezó a trabajarse en 2016 y que ha costado tres años en ver la luz por las discrepancias entre PSPV y Compromís sobre el requisito lingüístico. A este, se suma otros dos anteproyectos: el que dará vida al Colegio Oficial de Economistas de Alicante y otro que disolverá el Colegio de Delineantes y Diseñadores Técnicos de Castellón. Climent, por su parte, continuará trabajando en el anteproyecto de la Ley de Comercio Sostenible, así como en el de Estadística de la Comunitat Valenciana y la creación de la Agencia Valenciana de la Energía.
Además, la Conselleria de Política Territorial de Arcadi España y la de Innovación y Universidades de Carolina Pascual tramitarán dos y un anteproyecto de ley respectivamente. En el caso de España, será el de Instalaciones aeronáuticas de la Generalitat y el texto refundido de la Lotup que ya fue modificada al final de la legislatura pasada. La consellera independiente del Ejecutivo valenciano se estrenará con la ley de Sociedad Digital.
Se da la circunstancia de que existen cuatro departamentos del Consell que no tienen previsto llegar a validar ningún anteproyecto de ley a lo largo del presente ejercicio. Es el caso de la Conselleria de Vivienda que gestiona Rubén Martínez Dalmau; la de Sanidad que dirige Ana Barceló; Participación y Transparencia de Rosa Pérez Garijo; y la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas que gobierna la vicepresidenta Mónica Oltra.
En el caso de la cartera de la también portavoz del Consell, conviene apuntar que actualmente cuenta con dos normativas que se encuentran en trámites previos como la Ley de Igualdad de la Comunidad Valenciana y la de Accesibilidad Universal.
Destacan la ausencia de nuevas leyes en Sanidad -si bien podría venir justificado por que es uno de los departamentos del Gobierno valenciano que trabaja en la elaboración de más decretos este año (un total de 29), como de Vivienda y Participación, ambas Consellerias gestionadas por Unides Podem, el socio nuevo del Botànic II.
